Estimado radioyente:

El avance del proyecto “Escuelas protegidas” en la Cámara de Diputados no admite ambigüedades: se trata de una respuesta necesaria y urgente frente al deterioro sostenido de la convivencia escolar en Chile.

 La violencia en los establecimientos, la pérdida de autoridad docente y la normalización de la interrupción de clases han alcanzado niveles que hacen imposible sostener una educación de calidad. En este contexto, o se actúa con decisión o se sigue tolerando una situación que perjudica directamente a miles de estudiantes y sus familias.

Es fundamental ser claros: sin orden, sin seguridad y sin respeto por las normas básicas, no hay educación posible. Las medidas contempladas en el proyecto —como la revisión de mochilas o la sanción de conductas que interrumpan las clases— no son excesivas ni arbitrarias; son herramientas mínimas para garantizar que las escuelas cumplan su función esencial. Negarse a implementarlas, bajo argumentos ideológicos o interpretaciones erradas de los derechos, equivale a aceptar que los establecimientos educacionales continúen deteriorándose.

En este debate, hay un principio que debe ser afirmado sin matices: el derecho a la educación no puede ser relativizado bajo ninguna circunstancia. Este derecho pertenece  principalmente a los padres de familia, quienes tienen la legítima expectativa de que sus hijos se formen en ambientes seguros, protegidos de la violencia y propicios para el aprendizaje. Cuando el sistema falla en garantizar estas condiciones, no solo se afecta a los alumnos, sino que se vulnera directamente a las familias.

Este punto adquiere una gravedad aún mayor cuando se considera la realidad de los sectores más vulnerables. Son precisamente estas familias de escasos recursos las más perjudicadas por la falta de orden y seguridad en la educación pública. A diferencia de los sectores con mayores ingresos, ellas no tienen la posibilidad de trasladar a sus hijos a colegios privados más seguros o con mejores condiciones de convivencia, pero más costosos.  En consecuencia, quedan atrapadas en un sistema que no les ofrece garantías mínimas. La permisividad frente a la violencia escolar, lejos de ser una postura progresista, termina afectando a quienes tienen menos alternativas.

Desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia Católica, esta situación resulta especialmente preocupante. El principio del bien común exige que las instituciones sociales —y en particular el sistema educativo— aseguren condiciones básicas que permitan el desarrollo integral de todos. Tolerar la violencia y la interrupción de clases implica abandonar precisamente a los sectores que más necesitan de una educación estable y de calidad.

La Iglesia también ha sido clara en afirmar el rol primordial de la familia en la educación. Documentos como Rerum Novarum y Centesimus Annus, junto con otros textos del magisterio, subrayan que el Estado debe actuar de manera subsidiaria, apoyando a las familias y garantizando las condiciones necesarias para que puedan cumplir su rol formativo. Cuando el Estado permite que las escuelas se transformen en espacios inseguros o inestables, incumple gravemente esa función.

En este contexto, resulta inaceptable el argumento de que una paralización “votada democráticamente” por estudiantes no debiera ser sancionada. Esta idea confunde participación con imposición. La doctrina social de la Iglesia es explícita: la democracia no puede reducirse a la simple regla de la mayoría cuando están en juego derechos fundamentales. El bien común y el respeto por la dignidad de cada persona establecen límites claros a la acción colectiva. No es legítimo que un grupo de presión, aun cuando sea mayoritario dentro de un establecimiento, impida que otros ejerzan su derecho a la educación.

Aceptar esa lógica implicaría abrir la puerta a múltiples abusos. Si se justifica la interrupción de clases por votación, ¿qué impediría justificar otras vulneraciones de derechos bajo el mismo criterio? La coherencia exige rechazar de plano este tipo de razonamientos.

 La educación es demasiado importante para que ella sea rehén de decisiones circunstanciales ni de dinámicas de presión política interna.

La experiencia reciente en Chile confirma los riesgos de esta permisividad. Las políticas que relativizaron la autoridad frente a tomas y paralizaciones no solo fracasaron, sino que incentivaron la repetición de estos fenómenos.

El resultado causó un daño profundo a la educación pública, afectando aprendizajes, deteriorando la infraestructura y generando un clima de conflictividad permanente. Insistir en ese camino no es solo un error: es una irresponsabilidad.

A esto se suma un problema adicional: la degradación del debate público. Asociaciones forzadas, discursos ideologizados y descalificaciones personales han reemplazado, en muchos casos, la discusión seria sobre cómo resolver la crisis educativa.

Este tipo de intervenciones, como las oídas esta semana pasada en el congreso por parte de parlamentarios de oposición,  no contribuye en nada a mejorar la situación y, por el contrario, dificulta la construcción de un marco seguro de paz social al interior de los colegios.

Frente a este escenario, el respaldo ciudadano al proyecto “Escuelas protegidas” debe ser interpretado como lo que es: una señal clara de que la sociedad exige orden, seguridad y responsabilidad en el sistema educativo. Las familias, especialmente las más vulnerables, no están pidiendo medidas extremas, sino condiciones básicas para que sus hijos puedan aprender.

Fortalecer la autoridad docente es parte esencial de esta respuesta. La autoridad, entendida correctamente, no es autoritarismo arbitrario, sino una herramienta al servicio del bien común. Sin normas claras y sin la capacidad de hacerlas cumplir, la educación pierde su sentido. La doctrina social de la Iglesia también reconoce la importancia de la autoridad como un elemento necesario para la convivencia y el desarrollo humano.

En definitiva, la discusión sobre este proyecto pone en evidencia una disyuntiva fundamental: o se protege de manera efectiva el derecho a la educación, o se continúa tolerando su deterioro en nombre de interpretaciones equivocadas de la participación y los derechos. No hay espacio para ambigüedades. Las escuelas deben ser espacios de aprendizaje, no de conflicto permanente.

En conclusión, la iniciativa “Escuelas protegidas” no solo es legítima, sino moralmente necesaria. Protege a los estudiantes, respalda a los docentes y responde al derecho de los padres —especialmente de aquellos con menos recursos— a que sus hijos se eduquen en ambientes seguros y adecuados. A la luz de los principios de la doctrina social de la Iglesia, así como de la experiencia concreta del país, resulta evidente que avanzar en esta dirección no es una opción, sino una obligación impostergable.