Estimado radioyente:

En uno de nuestros últimos comentarios radiales elogiamos el Día del Patrimonio Nacional y dimos a conocer la alta participación de las familias a lo largo de todo nuestro país en ese día dedicado a conocer y valorar nuestro patrimonio.

Pero qué podemos decir entonces delante de la destrucción sistemática que observamos por parte de grupos o personas que desprecian ese mismo patrimonio.

Obviamente que quienes así proceden deben recibir una sanción proporcionada al mal causado. Es como en una familia, un menor que quiebra la loza y rompe los vidrios de su hogar, recibirá de sus padres un castigo proporcional.

Es por esta razón que consideramos altamente positivo el proyecto de ley, que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, presentado en estos días en el Parlamento. Su objetivo es cohibir y sancionar los actos vandálicos e incivilizados que dañan gravemente nuestro patrimonio común.

Defender la civilización es una de las principales responsabilidades de la autoridad pública y por ello nos parece muy oportuno la presentación de este proyecto de ley.

En efecto, toda sociedad organizada tiene el derecho y el deber de defenderse de quienes atentan contra las bases mínimas de la convivencia. En ese sentido, el proyecto de ley constituye una iniciativa oportuna y necesaria para enfrentar un fenómeno que durante demasiado tiempo ha gozado de una preocupante impunidad por parte de las autoridades nacionales.

La palabra «vándalo» no fue escogida al azar. Ella tiene una profunda carga histórica. Los vándalos fueron un pueblo germánico que pasó a la historia por el saqueo de Roma en el año 455. El nombre de esa tribu de barbaros quedó asociado para siempre a la destrucción gratuita de los bienes materiales y culturales que representan el patrimonio de una comunidad.

La caída de Roma no fue simplemente el resultado de invasiones militares. También fue consecuencia de una progresiva erosión de la autoridad, del respeto por las leyes y del sentido de pertenencia a una civilización común. Cuando desaparece el aprecio por el orden y la responsabilidad, la destrucción termina imponiéndose sobre la construcción.

Dos milenios después, las formas han cambiado, pero el problema conserva una inquietante semejanza. Los ataques contra el transporte público, la destrucción de monumentos, los rayados de edificios históricos, las tomas ilegales, los bloqueos violentos de calles, la agresión a funcionarios públicos o el daño deliberado a bienes de uso común constituyen expresiones modernas de una misma lógica: la negación del bien común en favor de la violencia y el desorden.

Por ello, el proyecto presentado por el actual gobierno merece una valoración positiva. No sólo establece sanciones para quienes incurran en conductas vandálicas, sino que introduce un principio de responsabilidad social largamente ausente en nuestra legislación: quien daña gravemente a la comunidad no puede pretender acceder inmediatamente, y sin consecuencias adicionales, a ciertos beneficios financiados por esa misma comunidad.

La propuesta descansa sobre una idea elemental de justicia. Los subsidios, becas, programas habitacionales y demás beneficios estatales no constituyen derechos absolutos desligados de toda conducta cívica. Son expresiones de solidaridad social y, por lo mismo, exigen un mínimo compromiso con el respeto a las normas que permiten la vida en común.

Quienes se oponen a esta medida sostienen que ella podría resultar severas y que podría  terminar castigando sólo a los elementos más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, durante años Chile ha experimentado el fenómeno inverso: una indulgencia excesiva frente a conductas que deterioran la calidad de vida de millones de ciudadanos respetuosos de la ley. El resultado ha sido una creciente sensación de impunidad que ha debilitado la confianza pública en las instituciones.

Por otra parte, no son sólo los sectores más vulnerables aquellos que han participado de la destrucción del patrimonio nacional.

Al contrario, la mayor de las veces son alumnos universitarios o colegiales con buena situación económica quienes se complacen en destruir, quemar, rayar o atentar de distintas formas y modos al bien público, y muchas veces incluso a lugares sagrados como iglesias católicas.

La reconstrucción de la Iglesia de San Francisco de Borja, quemada en los días de Octubre del 2019, tendrá un costo estimado de aproximadamente $5.000 millones de pesos. Y ese es el valor de una sola iglesia, de las 150 que se quemaron en ese período.

La experiencia histórica enseña que las civilizaciones no suelen derrumbarse de un día para otro. Se desgastan lentamente cuando la autoridad pierde legitimidad, cuando el delito deja de tener consecuencias y cuando el patrimonio común deja de ser valorado.

Por ello, más allá de los detalles que puedan perfeccionarse durante la discusión legislativa, el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades representa una señal clara y necesaria: el Estado está dispuesto a proteger a quienes respetan las normas y a exigir responsabilidad a quienes las vulneran gravemente.

El alcalde de Independencia, que desde hace ya un tiempo tiene incorporado un programa de sanciones comunales contra quienes destruyan los monumentos y lugares públicos de esa comuna, declara que los efectos han sido muy positivos y que la destrucción ha disminuido sustancialmente después de la aplicación de sanciones.

“El año pasado nosotros como comuna fuimos la que más redujo las incivilidades en Santiago. Cerca de un 20%, que es mucha la diferencia comparada con otras comunas que es cercana al 8% o 7% en el mejor de los casos. Este año lo que también se ha visto es que aumentaron las denuncias. Nos piden más ayuda con esto.”

En conclusión, la verdadera tolerancia no consiste en aceptar la destrucción del espacio común, sino en garantizar que la inmensa mayoría de los ciudadanos pueda vivir, trabajar, estudiar y desarrollarse en armonía social y en paz cumpliendo sus deberes cívicos y morales.

Y cuando desaparecen los deberes, los vándalos —antiguos o modernos— siempre encuentran el camino abierto para cometer sus fechorías.

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