Mientras algunos sectores han calificado esta medida como un retroceso en materia de derechos, otros la valoran como un paso decisivo hacia la recuperación de la libertad educativa y el respeto al rol fundamental de la familia. Desde una perspectiva que considera tanto el derecho natural como la doctrina social de la Iglesia, esta decisión no solo es legítima, sino profundamente necesaria.
En primer lugar, es fundamental recordar que la educación de los hijos corresponde primariamente a los padres. Este principio no es una mera construcción ideológica ni una opción entre otras: es un derecho originario, anterior al Estado, que brota de la propia naturaleza de la familia. El Estado, por tanto, no es el dueño de la educación, sino un colaborador subsidiario. Cuando las políticas públicas —aunque se presenten como técnicas o administrativas— comienzan a imponer visiones antropológicas determinadas, especialmente en materias sensibles como la identidad personal o la sexualidad, se produce una inversión peligrosa de este orden natural.
Las circulares ahora derogadas incorporaban, entre otros elementos, la llamada “perspectiva de género” como eje orientador de la convivencia escolar. Las circulares estaban impregnadas de una concepción ideológica del ser humano, que redefine categorías fundamentales como el sexo, la identidad y la familia, y que no cuenta con consenso social ni científico unánime. Imponerla desde el aparato estatal a todos los establecimientos educativos equivalía, en la práctica, a una forma de adoctrinamiento masivo de todos los niños, ignorando el papel de los padres.
En este contexto, la derogación de estas circulares debe entenderse como un acto de prudencia política y de respeto a la diversidad legítima de proyectos educativos. Lejos de eliminar la protección de los estudiantes, lo que hace es devolver a cada comunidad educativa —y, en particular, a las familias— la capacidad de participar activamente en la definición de los contenidos formativos. Esto no significa ausencia de normas, sino más bien la posibilidad de construir marcos de convivencia que respondan a las convicciones reales de quienes integran cada comunidad educativa.
Otro aspecto relevante es la sobrecarga burocrática que estas circulares implicaban. Como es de público conocimiento, el sistema educativo chileno se encuentra asfixiado por exigencias administrativas que dificultan su labor principal: educar. En este sentido, la medida adoptada también contribuye a simplificar la normativa, permitiendo que los esfuerzos se concentren en mejorar la calidad de la enseñanza, fortalecer la autoridad pedagógica del profesor y abordar los problemas reales de convivencia escolar, como la violencia y la indisciplina, condiciones indispensables para una buena educación y que son permanentemente pedida por los padres de familia.
Desde la doctrina católica, el principio de subsidiariedad resulta clave para comprender la legitimidad de esta decisión. Este principio establece que las instancias superiores no deben sustituir a las inferiores en aquello que estas pueden realizar por sí mismas. Aplicado al ámbito educativo, implica que el Estado no debe imponer contenidos ideológicos que corresponden al ámbito de la conciencia y de la formación moral de la persona. Por el contrario, debe garantizar que las familias puedan elegir libremente el tipo de educación que desean para sus hijos, respetando sus convicciones religiosas y filosóficas.
Asimismo, el Magisterio de la Iglesia ha sido claro en advertir sobre los riesgos de las corrientes que buscan disolver la diferencia sexual y relativizar la identidad humana. Estas advertencias no responden a prejuicios, sino a una preocupación profunda por el bien integral de la persona. La educación no puede reducirse a la transmisión de habilidades técnicas ni convertirse en un espacio de experimentación ideológica; debe orientarse al desarrollo armónico de la persona, en todas sus dimensiones: intelectual, moral y espiritual.
Por otra parte, resulta preocupante que algunos sectores identifiquen la educación pública con la promoción de determinadas agendas ideológicas. La educación, especialmente cuando es financiada con recursos de todos los ciudadanos, no puede ser un espacio impuesto por la autoridad pública.
Cuando el Estado adopta una postura doctrinaria en temas debatidos, excluye a quienes no comparten esa visión, generando precisamente aquello que dice querer evitar: división y conflicto.
En este sentido, la medida adoptada puede interpretarse como una oportunidad para reconstruir confianzas. Durante años, muchas familias han percibido que sus convicciones eran ignoradas o incluso ridiculizadas en el ámbito educativo. Recuperar un equilibrio en el que la voz de los padres sea debidamente escuchada es fundamental para fortalecer el tejido social y garantizar una educación verdaderamente familiar, en el sentido más amplio y profundo del término.
Finalmente, es importante subrayar que la libertad educativa no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos. Defenderla no implica negar la necesidad de normas ni de políticas públicas, sino asegurar que estas respeten la dignidad de la persona y el rol insustituible de la familia.
En consecuencia, entendemos que la derogación de las circulares mencionadas marca un cambio de rumbo: desde la imposición hacia el respeto, desde la uniformidad hacia la legítima diversidad, y desde la ideologización hacia el respeto de la libertad de los padres de familia y de las instituciones educativas.
Por todo lo anterior, la decisión del Ministerio de Educación constituye un paso significativo en la recuperación de un principio fundamental: que los padres son los primeros educadores de sus hijos.
Lejos de debilitar la educación, esta medida la fortalece, al devolverle su centro propio: la familia.
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