Estimado radioyente:
La duda para muchos chilenos en este domingo 7 de mayo se parece a la de Macbeth: ¿votar o no votar?
Detrás de esta duda se esconde un total desinterés por un proceso constitucional apresurado, acordado entre cupulas políticas y después de un enorme rechazo al pésimo proyecto presentado por la Convención anterior.
Hubiera sido más sensato dejar pasar un tiempo prudencial para que la opinión nacional tuviera tiempo y ganas de enfrentarse nuevamente con el trauma de una nueva Constitución.
Las Constituciones no se hacen ni se consolidan como los hongos del campo. Ellas necesitan de condiciones propicias, como son, la tranquilidad pública, una base de consenso nacional y la ausencia de otras urgencias que absorban las preocupaciones de la gran mayoría de los chilenos.
Ninguna de estas condiciones básicas se encuentra presentes en este momento. No existe la necesaria tranquilidad pública ni el consenso básico para acometer la redacción de un texto constitucional que nos una. Por otra parte, los chilenos estamos absorbidos por varias preocupaciones más urgentes, como son la inseguridad pública, el descontrol de la inmigración y un disparo en el aumento del costo de la vida diaria.
No era, ni es el momento de convocar a elecciones para redactores de una nueva Constitución sobre las cuales la opinión nacional no está ni interesada ni preocupada.
Sin embargo, las dirigencias políticas así lo acordaron y es necesario enfrentar las circunstancias como ellas se presentan y no como nos gustarían que ellas fuesen.
En esta encrucijada, la primera pregunta para responder es ¿vale la pena ir a votar?
A ella respondemos que debemos concurrir a votar no sólo porque la ley así lo manda, sino que por obligación de conciencia.
Como nuestros auditores saben, estos comentarios se orientan por los principios de la moral católica, especialmente aquellos que constituyen la base de la familia natural y cristiana.
Ahora, son precisamente estos principios los que están en juego en una nueva Constitución.
Para nadie es un secreto que aquellos sectores políticos que adherían a la propuesta fracasada de la Convención pasada, continúan pretendiendo imponer los mismos postulados ideológicos en esta nueva oportunidad.
¿Cuáles son ellos?
Fundamentalmente dos.
El primero es la reintroducción de los llamados derechos sexuales y reproductivos, eufemismo que esconde el intento de constitucionalizar el derecho de matar a los niños en gestación.
El segundo es la visión estatista de la vida nacional, en todos sus aspectos: económico, social, educacional, etc. etc.
Al respecto de estas dos cuestiones fundamentales: el derecho de nacer y el principio de subsidiariedad, la doctrina católica no es neutra. Muy por el contrario, ella tiene abusantes enseñanzas, y desde siempre que nos obligan en conciencia a votar en coherencia.
Comencemos por recordar lo que ya hemos señalado en programas anteriores.
Toda vida humana es sagrada desde su concepción hasta su muerte natural y nadie, salvo Dios, autor y creador de la vida, tiene el derecho de interrumpir, de cualquier forma, o por algún pretexto de salud, su proceso natural.
Es lo que está en las Sagradas Escrituras y que ha repetido las enseñanzas del Magisterio Pontificio de la Iglesia Católica.
Fue lo que nos dijo SS Juan Pablo II en su histórica visita a Chile, el día 2 de abril de 1987, cuando celebró una misa en la ciudad de Viña del Mar, dedicada a la familia, núcleo fundamental de nuestra sociedad:
“Frente a una mentalidad contra la vida, que quiere conculcarla desde sus albores, en el seno materno, vosotros, esposos y esposas cristianos, promoved siempre la vida, defendedla contra toda insidia, respetadla y hacedla respetar en todo momento. Sólo de este respeto a la vida en la intimidad familiar, se podrá pasar a la construcción de una sociedad inspirada en el amor y basada en la justicia y en la paz entre todos los pueblos”.
Por lo anterior, pudiendo poner con el voto, un obstáculo a la introducción del aborto como un derecho social en el texto constitucional, estamos moralmente obligados a concurrir a las elecciones y votar por los candidatos que nos den seguridad que no apoyarán esta moción.
Otro aspecto sobre el cual los candidatos representantes de la misma posición ideológica que decidió el texto rechazado de la Convención anterior quieren repetir es el del control por parte del Estado de toda la visa social, comenzando por acabar con el derecho de educación de los padres, como lo vimos en el programa anterior.
Pero no sólo eso, esa corriente estatista también quiere que el Estado tome el control de la salud de todos los chilenos, acabando con la prestación de servicios privados como son las Isapres y otros organismos que no dependen directamente del Ministerio del ramo.
Ahora, tal omnipresencia del Estado, en las materias que pueden desarrollar los privados, niega lo que la Iglesia siempre ha enseñado, que es el papel de la subsidiario del ejercicio del poder.
En virtud de este principio, las autoridades superiores no deben intervenir en los organismos inferiores sino en aquello que estos no puedan desarrollar por sí mismos. De lo contrario, lo que ocurre es que el Estado sofoca la iniciativa privada y reduce a todos los individuos a meros números de rut, viviendo todos de bonos miserables otorgados por el Estado, que garantizan únicamente la sobrevivencia individual.
Es la razón por la cual los 8 millones de venezolanos han huido de su tierra natal.
No podemos querer esto para Chile, y por eso la respuesta a nuestra pregunta inicial: ¿votar o no votar? La debemos responder por un claro, Sí debemos votar y debemos hacerlo por aquellos candidatos que nos otorguen total seguridad de que garantizarán estos dos derechos básicos de una sociedad católica:
En cuanto a la familia: El derecho de nacer y educar a los hijos.
Y en cuanto a la vida social, el derecho de poder emprender todas las iniciativas propias de los individuos, solos o unidos, para acometer las empresas que la vida social exige, conforme a la moral y a las leyes.
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