Las dos caras de la Moneda: connivencia con el terrorismo y “ni perdón ni olvido”

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Hace unas semanas comentamos en esta misma sección el doble juego del Gobierno chileno y de la izquierda en general ante los delitos cometidos por militares y aquellos perpetrados por terroristas.

A los primeros se le aplica la ley del “ni perdón ni olvido”; a los segundos, todas las atenuantes, todas las comprensiones, todos los olvidos y todas las indulgencias.

Veamos un ejemplo patente de esta actitud gubernamental ocurrido la semana pasada.

Como es de público conocimiento, la machi Francisca Linconao está siendo juzgada por complicidad en el abyecto crimen perpetrado contra dos pacíficos ancianos, el matrimonio Luchsinger-Mackay, con resultado de muerte de ambos, calcinados, junto a la completa destrucción de su casa.

En el caso se cumplen todas las agravantes. La completa indefensión de las víctimas, la planificación fría de los asesinos y la realización del crimen en un cuadro de alteración del orden establecido.

Todas estas circunstancias y otras que deben estar en conocimiento policial, por tanto del Ministro del Interior, constituyen factores más que suficientes para que la autoridad pública proceda con la máxima severidad de modo a advertir que no tolerará su repetición y que se hará todo lo posible para que ellos sean sancionados con ejemplar rigor de la justicia.

La actitud del Gobierno fue exactamente la contraria. El Ministerio del Interior envió a un abogado de Santiago, Alexandro Álvarez, mandatado para impedir la presión preventiva de la machi Linconao, exactamente lo que solicitaba su defensa y lo que impugnaba el abogado querellante de la familia Mackay.

Peor aún, los abogados de la Intendencia que hacían parte de los querellantes se vieron sobrepasados por la actitud del abogado venido de Santiago, al punto de que algunos de ellos se “rebelaron” frente a esta actitud de La Moneda.

En su alegato, el abogado del Ministerio del Interior llegó a expresar que, «la machi en este caso no solo pertenece a un pueblo indígena, y por lo tanto tiene una protección especial de la ley y hace necesaria una fundamentación especial cuando se decide respecto de su libertad, sino que además señala que se trata de un líder cultural y espiritual de este pueblo».

No se podría demostrar mayor complicidad de parte de la autoridad pública con la imputada por el doble asesinato. Súmese a lo anterior, que el Intendente de Temuco, José Miguel Hernández (DC), previo a los hechos anteriores visitó a la detenida. No es aventurado pensar que en la visita, el Intendente le garantizó la máxima protección del Ejecutivo, tal como se concretizó pocos días después.

Si esta suma de concesiones graciosas ocurriera con un crimen aislado y sin ninguna connotación política, ya sería completamente inaceptable. Pero ellas se dan en medio de una situación de objetiva pérdida del Estado de Derecho y de escalada incontrolable de la violencia en la Araucanía, la cual, a su vez, obedece a una planificada acción terrorista que tiene connivencias con la guerrilla colombiana, como fue denunciado por las mismas autoridades de ese país.

A tal punto la parcialidad de gobierno fue escandalosa que la SOFOFA, entidad que no acostumbra pronunciarse en temas contingentes, publicó en el diario “La Tercera” una inserción en la cual expresan que “a la luz de los hechos, podemos afirmar que en esa zona ya no impera el Estado de Derecho” y agregan que: “Urge tomar medidas inmediatas y excepcionales, haciendo uso de todas las facultades que contempla nuestro ordenamiento institucional, a fin de identificar, detener, juzgar y sancionar a los responsables de estos actos, (…).”

Como no podía dejar de ser, los portavoces de la izquierda, en vez de asumir una actitud de condenación de la escalada de violencia, atacaron a los defensores del Estado de Derecho. La presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, (PC) manifestó que el inserto de la SOFOFA era “sedicioso”, y demostraba un “aglutinamiento” de los sectores “neoconservadores”. Por su parte, la infaltable diputada Vallejos declaró que Linconao “no era culpable” y se manifestó angustiada por su estado de salud.

O sea, para los comunistas, la sedición no está en los que asesinan a mansalva, sino en aquellos que promueven el restablecimiento del orden vigente.

Sería iluso esperar de tales autoridades y de tales periodistas, alguna conmiseración con los militares presos.

Esta actitud nos hacer recordar a los “observadores de la ONU” en Colombia, quienes en la Noche del Año Nuevo salieron a bailar con las guerrilleras de las FARC.

Los representantes del orden, bailando con el crimen. Todo un símbolo de lo que acabamos de comentar.

©Credo Chile.

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