La retroexcavadora anti familia

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El Gobierno Bachelet no se da por satisfecho con desmantelar los pilares de una economía sana basada en el respeto a la iniciativa privada. Para quienes se inspiran en las máximas de Marx y Engels, la familia es también una fuente de “alienación” con la cual se debe acabar.

Por ello, la Presidente anunció la semana pasada en la ONU el  envío de proyecto de matrimonio igualitario para el primer semestre de 2017. En la oportunidad, Bachelet  participó en un panel sobre los derechos de personas LGBT y destacó la aprobación del AUC, junto con realizar un llamado a combatir “los brutales actos” que enfrenta a diario dicha comunidad.

De acuerdo a la “lógica” presidencial, los homosexuales estarían siendo violados en sus derechos humanos por el hecho de no poder contraer matrimonio, siendo que los heterosexuales sí lo pueden hacer. De ahí que la iniciativa sea conocida como “igualitaria” pues daría similar reconocimiento a estos dos tipos de uniones.

Sucede que el matrimonio no es una unión cualquiera entre personas humanas. Ha sido fundado por el Creador, que lo ha dotado de una naturaleza propia, propiedades esenciales y finalidades. Ninguna ideología puede cancelar del espíritu humano la certeza de que el matrimonio en realidad existe únicamente entre dos personas de sexo opuesto, que por medio de la recíproca donación personal, colaboran con Dios en la generación y educación de nuevas vidas.

Por lo tanto, no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. El matrimonio es santo, mientras que las relaciones homosexuales contrastan con la ley moral natural. Los actos homosexuales,  o pueden recibir aprobación en ningún caso pues son intrínsecamente desordenados.

Además, la equiparación jurídica de las uniones homosexuales con el matrimonio acarrearía necesariamente la legalización de la procreación artificial para parejas de lesbianas, del mercado de vientres de alquiler por parte de homosexuales de sexo masculino y, por fin, de la adopción de niños por ambos tipos de parejas.

En todos esos casos, la integración de niños en tales uniones significa someterlos de hecho a violencias de distintos órdenes e introducirlos en ambientes que no favorecen su pleno desarrollo humano, en violación abierta del principio de que el interés superior que en todo caso hay que proteger es el del infante, la parte más débil e indefensa.

Además de lo anterior, es un hecho comprobado de que los homosexuales no tienen interés en contraer “matrimonio”, sino en que sus conductas sean socialmente reconocidas, y sólo por ello quieren la aprobación de la ley.

Como prueba empírica de lo anterior, el Registro Civil dio a conocer esta semana pasada la cantidad de personas que contrajeron el Acuerdo de Unión civil (AUC), ley creada precisamente para solucionar los supuestos problemas patrimoniales de las uniones entre homosexuales.  

La información entregada por el organismo público es que el 75% de las uniones civiles contratadas corresponden a personas heterosexuales, entre octubre del año pasado y junio de este año, con un total de 10.373 uniones. Es decir, menos de 2600 uniones son de homosexuales.

Más aún, de acuerdo con la experiencia internacional el 50% de las uniones homosexuales no dura un año, por lo que a  cifra anterior no pasará a octubre de este año a más de 1300 uniones.

Hacer este show internacional para promover el mal llamado matrimonio igualitario no pasa de un intento más de la destrucción de la familia natural y cristiana.

 

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Proyecto de Protección a la identidad de Género.

Como si lo anterior fuera poco, el pasado 12 de septiembre, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado aprobó el proyecto de ley que “reconoce y da protección a la identidad de género” en Chile.

La agencia ACI informó que el proyecto establece que un niño hasta los 14 años podrá cambiarse de “sexo registral” ante un juez del Tribunal de Familia por voluntad propia, para lo cual bastará solo con presentar informes médicos y psicológicos que sustenten la decisión. Peor aún, en el caso de que los padres se opongan a este cambio, el Estado le facilitará recurrir a un juez de un Tribunal de Familia para defender sus derechos a la transexualidad.

Cristóbal Aguilera, asesor legislativo pro familia, explicó que la normativa es una “irresponsabilidad jurídica” ya que es contraria a todas las “consideraciones  médicas, jurídicas, antropológicas” expuestas durante la discusión y no tuvo “en cuenta las graves consecuencias que tendrá para los niños de este país”.

El abogado agregó que, “En Chile los niños no pueden fumar, tomar alcohol, comprar comida chatarra en colegios. Sin embargo, se les da la opción de cambiarse personalmente y en ciertas circunstancias, contra la opinión de sus padres, de nombre y sexo legal. Cuestión que es bastante más grave y cuyas repercusiones son más profundas en la vida del niño”.

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Y, como última palada de esta retroexcavadora anti familia, el aborto continúa inexorablemente su camino rumbo a legalizar la matanza de los inocentes no nacidos, con el apoyo de la DC.

Estas informaciones las proporcionamos no para desanimar a nuestros lectores. Bien por el contrario, es para que acompañen la votación de los proyectos e informen a sus conocidos de quienes votaron a favor. De este modo podrán saber en quiénes no deberán votar en las próximas elecciones.

No sólo esto. Deberemos también advertir a todos nuestros conocidos que, de acuerdo a lo que establece la doctrina católica, ningún bautizado puede apoyar con su voto a un candidato que haya aprobado el aborto, ni estos otros proyectos anti familia.

©Credo Chile

 

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