Estamos aterrados…

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Ésta fue la expresión que usaron los afectados por la verdadera pandemia de delincuencia que está asolando a la sociedad: “Nuestro mayor problema es que el grado de violencia es altísimo. Los delincuentes vienen todos armados, ¡nos tienen aterrados!”. Fue la voz de alarma que dio una de las convocadas a una reunión que, a salón lleno, se efectuó esta semana en la Comisaría de las Tranqueras.
Por su parte el diario “El Mercurio” de esta semana publicó las cartas y entrevistas de varios afectados por asaltos ocurridos en la vía pública o al interior de los domicilios, con una violencia inaudita. Varios de ellos debieron ser hospitalizados con traumas físicos y psicológicos después de sufrir una paliza con fierros y objetos contundentes.
En la referida reunión sostenida en la Comisaría de las Tranqueras participó el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, y el jefe de la zona Metropolitana de Carabineros, general Christian Fuenzalida. El primero advirtió a los presentes que el proyecto llamado “de agenda corta” para la prevención de la delincuencia estaba “muy difícil de ser pasado” en la Cámara de Diputados.
Efectivamente, varios parlamentarios del propio Gobierno, entre los cuales el PC, se han declarado contra la iniciativa que busca aumentar las penas para los delincuentes. El Diputado Jackson manifestó al respecto: “Una política criminal adecuada debería centrarse en la exclusión social y la segregación, que son el origen de la delincuencia, y no únicamente en sus supuestos síntomas, como lo es la inseguridad de la ciudadanía, pues de otro modo el Gobierno no hace más que naturalizar la inequidad”.
Lo expresado por el diputado revela la visión de toda la izquierda, que se ha generalizado en ese sector desde los años 90 hasta la fecha. Según esta visión, la causa del delito no estaría tanto en quienes lo practican, sino en sus propias víctimas, que al poseer bienes que los primeros no tienen, excita a éstos a robar. La solución, de acuerdo a esta visión del problema, está en fomentar la igualdad (de bienes), pues así nadie envidiaría nada a otro. Todos tendrían por igual.
Es decir, para estos diputados, la solución de la delincuencia está sólo en la instauración de un régimen colectivista de inspiración marxista, el cual obviamente se prolongaría mientras subsista alguna desigualdad. Mientras tanto que no se quejen los propietarios pues, a fin de cuentas, serían ellos los culpables…

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temuco

Similar posición, sobre el tema mapuche, fue lo afirmado por el presidente de la Corte Suprema en Temuco, en un simposio sobre pueblos originarios organizado por el activista indigenista Aucan Huilcamán el pasado 23 de este mes. El Presidente de la Corte, Sergio Muñoz afirmó en la ocasión que se debería suplir “la carencia que como sociedad de que podamos determinar cuál es el derecho objetivo que tienen las comunidades mapuches entre sus aspectos ancestrales que puedan ser puestos sobre la mesa y en algún momento también invocados ante los tribunales, que en este momento nos falta a nosotros”.

En este sentido propuso como medida concreta que  las “autoridades mapuches” se hagan cargo de las medidas cautelares, y que todos los jueces del País “conozcan el sistema jurídico mapuche”.

Ahora, como se sabe, una de sus reivindicaciones “ancestrales”  de quienes se dicen portavoces del pueblo mapuche, consiste en afirmar que a ellos se les arrebató la soberanía desde el Bío Bío hasta Chiloé, y que actualmente  están en operación de “recuperación de tierras”. Luego, de acuerdo con la opinión de Presidente de la Corte Suprema, a la hora de fallar un juez por la ocupación ilegal de un predio rural o un atentado contra la propiedad de una empresa forestal, o un camión incendiado, o una persona asesinada, él debería conocer también el “sistema jurídico mapuche”.

Más aún, el juez propuso que las medidas cautelares, es decir, aquellas ordenadas a que se puedan implementar las resoluciones judiciales de modo correcto, estén en manos de “las autoridades mapuches”. Para rematar sus conceptos, declaró que se debe “tratar con igualdad a los que son iguales, y distinto a los que tienen aspectos distintos”.

Es decir, de acuerdo con el presidente de la Corte Suprema, los chilenos no somos más iguales ante la ley, sino que dependerá del origen étnico o de las tradiciones ancestrales. Todo lo cual no sólo pone en tela de juicio la legislación nacional, sino que vulnera gravemente la integridad nacional y el derecho de los actuales propietarios no mapuches. ¡Que el absurdo alegato del citado magistrado sirva de advertencia para todos los chilenos sobre qué se está preparando de la demolición del Chile civilizado!

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defensa

¿Hacia dónde camina esta opción de la impunidad a los atentados contra la propiedad?

Parecieran conformase dos posibilidades futuras que se podrán concretizar en no mucho tiempo más.

La primera es que los propietarios renuncien a la posesión de sus bienes, sean ellos autos, casas, predios agrícolas, etc. para evitar ser asaltados y los transfieren al Estado para ser más equitativamente repartidos. Hipótesis obviamente absurda, pues nadie está obligado a renunciar a lo propio para evitar perjuicios a su seguridad.

La segunda es que los afectados se organicen para la defensa de aquello que legítimamente les pertenece y que el Estado se muestra incapaz de garantizarlo, porque no lo quiere hacer, porque no lo sabe o simplemente porque está satisfecho con esta situación. Es el derecho natural de legítima defensa, que podrá ser organizado de modo a proteger su seguridad y la posesión de sus bienes, pero que levanta no pequeños problemas jurídicos y prácticos, que conviene analizar.

El tiempo lo dirá.

 

 

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