Función social, porra y cuchillo

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Función social, porra y cuchillo

 

Plinio Corrêa de Oliveira (*)

A primera vista, nada más simple, ni más claro: si A es propietario de bienes que le sobran, y B está en riesgo de vida porque le falta una parte de esos bienes y, además, B no tiene con qué pagar a A, se establece entre A y B una situación conflictiva. Pues el derecho a la vida de B entra en choque con el derecho de propiedad de A. ¿Cuál de los dos derechos debe prevalecer? Evidente­mente, el de B, pues el derecho que un hombre tiene a su vida es preeminente en relación al derecho que otro tiene a su propiedad.

Esta solución tan simple, que se rela­ciona con la función social de la propie­dad, constituía materia para investigacio­nes —obras primas de sutileza y sensa­tez— de los moralistas católicos antiguos. Así, debatían ellos si la obligación de socorrer a B por parte de A pertenecía a los deberes de caridad o a los de justicia. En este último caso en qué género de justicia se encajaban: conmutativa o dis­tributiva. Y siendo en la distributiva, en caso de que el beneficiario adquiriese posteriormente haberes que le sobrasen, si tenía la obligación de rembolsar lo recibido de su benefactor. En cualquier eventualidad, ¿quedaría B debiendo grati­tud a A, esto es, afecto, respeto, ayuda cuando fuese el caso? Y así, otras cues­tiones, algunas de las cuales nada sim­ples, todas muy importantes, no sólo para la buena formación moral del católico, sino también para la adecuada conviven­cia entre los hombres.

Ejemplifico. Si alguien no tiene cómo pagar una vivienda, y otro tiene casas de sobra, ¿el segundo debe franquear gratui­tamente alguna habitación al necesita­do?, o si alguien no tiene dónde plantar, y otro tiene tierras de sobra, ¿este último debe facilitar las tierras necesarias al pri­mero? «Franquear», «facilitar», ¿qué quie­ren decir exactamente esos vocablos? ¿Prestar gratuitamente mientras dure el tiempo de carencia? O dar?

Opino que toda vez que con un simple préstamo la situación de B puede ser remediada, exi­gir la donación constituye un auténtico abuso. Un poco como si, necesitando de pan un indigente, el panadero le tuviese que dar la panadería y no sólo el pan. Opino además que pudiendo el indigente, cuando consiga la abundancia, reembol­sar a aquel que le cedió el uso gratuito, o la propiedad de algún bien, debe hacerlo. Y que, en cualquier caso, el beneficiario queda vinculado al benefactor por los la­zos del respeto y la gratitud. Le debe homenaje y asistencia.

Por supuesto, así no piensa la «izquier­da católica». El pobre debe ver en todo rico un ladrón, el cual posee indebida­mente algo de aquello a lo que el pobre tiene estricto derecho. Por lo que el pobre tiene el derecho de avanzar pura y sim­plemente con porra o cuchillo en la mano, si fuese necesario, contra el rico, y arran­carle lo necesario.

¿Quién juzga sobre la cantidad y la cualidad de ese necesario? Es el pobre. Tanto más que al lado de él está el berrido demagógico de la prensa izquierdista, y, muy frecuentemente, el apoyo aún más demagógico del obispo local. Berrido y apoyo sin los cuales el pobre jamás se atrevería a empuñar el cuchillo o la porra…

Del papel de la caridad cristiana para resolver pacíficamente situaciones de esa naturaleza, la «izquierda católica» nada dice. O casi nada. De la justicia conmuta­tiva, por la cual alguien debe pagar lo que ha comprado, o proporcionar lo que ha vendido, y de la distinción entre esta jus­ticia y la distributiva ídem. De los deberes de gratitud, de homena­je y de asistencia del beneficiario, menos todavía. Pretende fulminar todas esas no­bles obligaciones con una sola injuria: «huelen a Edad Media».

Y, provista de una noción así empobre­cida de lo que es la justicia social, la «izquierda católica» embiste contra todo orden socioeconómico vigente. Con júbi­lo, es bien evidente, del PC, del PC de B, y de todo género de socialistas, utopistas o terroristas.

Lo más curioso es que, actuando así, la «izquierda católica» no duda en afirmar que intenta introducir entre los hombres la plena vigencia de los principios de igualdad y fraternidad, los cuales, cuando son mirados desde cierto ángulo, pierden el espíritu subversivo que les dio la Revo­lución francesa.

Ahora bien, lo que sucede es precisa­mente lo contrario. Con su justicia social carente de matices, descabellada y agre­siva, la «izquierda católica» no hace más que introducir la esclavitud entre los hombres.

Vamos a los hechos. Hasta aquí se ha considerado como atributo esencial del hombre libre la elección de su profesión. Y del lugar, así como de las condiciones en que esa profesión se ha de ejercer. Consideremos, entre tanto, una región despoblada hacia donde hayan afluido muchos colonos. Allí faltan médicos. Y de vez en cuando alguien muere por falta de tratamiento. O allí faltan viviendas bien hechas, pues no hay ingenieros ni maes­tros de obra. O, en fin, allí se multiplican los crímenes, porque faltan abogados que promuevan la defensa de los legítimos derechos. En las regiones vecinas, por el contrario, hay abundancia de médicos, abogados e ingenieros. En consecuencia, se da un choque entre el derecho a la vida, a la vivienda digna y a la seguridad personal del colono, de un lado, y, de otro lado, el derecho de los médicos, abogados e ingenieros a ejercer su profesión donde quieran. Se repite la situación con­flictiva entre A y B descrita en el comien­zo de este artículo.

Ahora bien, no es sólo al derecho de propiedad que le corresponde una función social, sino a todo derecho humano. Lue­go si raciocinamos simplista y demagógi­camente sobre el asunto, cabría a los colonos exigir que los dichos facultativos se trasladasen a su región despoblada. Lo que redundaría forzosamente en el dere­cho, para el poder público, de requisar los facultativos que entendiese, y mandarlos —pobres mujics intelectuales— adonde fuesen designados.

Pero bien analizadas las cosas, no se­ría difícil descubrir otras cien situaciones análogas: dentistas, radiólogos, analistas, dueños de hospitales, de empresas, de diversión (¿no es también ésta indispen­sable para la vida humana?), profesores, etcétera.

Todo esto podría ser cogido con pinzas en las partes «privilegiadas» de las gran­des ciudades, para ser redistribuido por los barrios o pinzado indistintamente en estas últimas, para ser enviados a esas inmensas regiones despobladas del Bra­sil, en las huellas de los colonizadores, donde quiera que se aventurasen en bús­queda de riquezas… para sí mismos.

Más aún. Si la afluencia de candidatos a cierta profesión indispensable disminu­yese en el país, el Estado tendría el dere­cho de promover en las escuelas las in­vestigaciones adecuadas para discernir los pobres niños que tuviesen facilidad para ellas, y obligarles a seguir esa profe­sión aun contra su gusto y el de sus padres: función social.

La función social, así simplista y dema­gógicamente entendida, promete libertad e igualdad. Y crea una nueva clase de mujics, de esclavos al estilo de la Rusia comunista.

«Función social, función social, ¡de cuántas injusticias y hasta de cuántos crímenes va siendo amenazado, en tu nombre, todo Brasil!», tengo ganas de exclamar cuando pienso en todo esto.

(*) “Folha de S. Paulo”, 12 de agosto de 1982.

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