Vacío de poder dejado por las FARC hace que la violencia gane fuerza

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A tres semanas de la toma de posesión del presidente electo de Colombia, el derechista Iván Duque, el país enfrenta una escalada de violencia en el interior del país. Los principales blancos son líderes comunitarios o jefes de grupos de defensa de los derechos humanos, que actúan en los departamentos (estados) más afectados por el conflicto entre guerrillas, Ejército, facciones criminales y paramilitares desde hace años.  Mientras tanto, en las ciudades, ha habido marchas y manifestaciones por el fin de esa violencia perpetrada, principalmente, por las llamadas bacrim (bandas de criminales).

Esas facciones, que reúnen ex-paramilitares, ex-guerrilleros y narcotraficantes, han ampliado su área de actuación desde que el gobierno pasó a negociar la paz con las FARC, y principalmente después, con su posterior desmobilización. La salida de las FARC del escenario para volverse partido político abrió aún más espacio para una disputa entre las bacrim por los territorios abandonados por la ex-guerrilla. La disputa envuelve aun redes de extorsión, rutas de narcotráfico y lugares de minería ilegal que la ex-guerrilla controlaba y explotaba.

En ese contexto, los líderes sociales y comunitarios, que son en muchos lugares remotos la única referencia de protección de la población, acabaron convirtiéndose en blancos fáciles. El Estado, aunque se había comprometido, no envió aún representantes, fuerzas de seguridad y estructura para proteger a la población.

Los números de la violencia van subiendo. En este año, de acuerdo con relatorio hecho por el Indepaz (Instituto de Estudos para el Desarrollo y la Paz), ya fueron muertos 123 líderes comunitarios. Desde la aprobación del acuerdo de paz con las FARC, a fines de 2016, lo fueron 293.

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