Maduro y violación a los derechos humanos

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Pese a una visión pesimista de algunos por la dilación en la resolución de la crisis venezolana creo que la conjunción de diversos factores simultáneos debe conducir inevitablemente a la caída del Régimen de Nicolás Maduro que permitirá abrir un proceso transicional con la convocatoria a elecciones libres y democráticas con supervisión internacional en Venezuela.

Ello pasa por reforzar la activa movilización popular en forma permanente, la protesta pacífica y la huelga general en todo el país. A ello debe sumarse por la comunidad internacional el endurecimiento de las sanciones en todos los ámbitos: Diplomatico, Económico y Comercial y relevar el importante rol que debe cumplir 

Naciones Unidas la que conforme a su Carta constitutiva debe declarar una emergencia humanitaria en Venezuela y asumir su responsabilidad de proteger al pueblo venezolano sumido en el hambre y la mísera. Dicha obligación se contiene en la Resolución de la Asamblea General de 2005.  R2 P  (Responsability to Protect ) y corresponde al Consejo de Seguridad su implementación aprobando la resolución vinculante para materializar una intervención humanitaria  en Venezuela conforme a la referida resolución.

Por ello no resulta comprensible que todavía el Secretario General Antonio Guterres no emita una condena contra el régimen de Nicolás Maduro por la violación sistemática de los DD.HH., pese al informe lapidario de la Alta Comisionada para los DD.HH. que ha confirmado la práctica de ejecuciones extrajudiciales, torturas y apremios ilegítimos perpetrados por agentes del Estado en contra de los opositores y que constituyen delitos de lesa humanidad.

En tal sentido urge exhortar a la Corte Penal Internacional a fin de agilizar el requerimiento para el juzgamiento del régimen de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad presentado por Chile y otras naciones en 2018, debiendo incorporarse ahora los demás Estados del Grupo de Lima y los países de la Unión Europea para apoyar y adherir el requerimiento señalado ante el alto Tribunal Penal Internacional.

A nivel nacional sería aconsejable que el gobierno de Chile declare Persona non Grata al embajador del régimen de Nicolás Maduro en Chile en coherencia con su decisión de declarar la ilegitimidad de su régimen y su ulterior reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y aceptar las credenciales de Guarequena Gutiérrez como su representante diplomática en Chile.

De acuerdo a la normativa de las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, no es posible la coexistencia coetánea de dos representantes diplomáticos de un mismo Estado en Chile como país receptor. 

 

Fuente: https://www.latercera.com/opinion/noticia/nelson-hadad/634583/

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