La JEP se quita la máscara

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Eugenio Trujillo Villegas       Sociedad Colombiana Tradición y Acción

 

Jesús Santrich e Iván Márquez, ambos de las FARC

Las recientes andanzas de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) son sencillamente aterradoras. Las decisiones anti jurídicas que ha tomado confirman los peores pronósticos que se habían hecho sobre las actuaciones de ese tribunal de ignominia.

Hace poco más de un año fue el escándalo de Jesús Santrich, a quien la JEP se negó a extraditar a los EEUU a pesar de las incuestionables pruebas contra él, que lo acusaban de negocios de narcotráfico en nombre de las FARC. En evidente complicidad con la Corte Suprema y el Consejo de Estado, fue dejado en libertad, se le permitió posesionarse como congresista, para luego fugarse en las narices de las autoridades sin que eso generara investigación ni sanción alguna.

La JEP se pone del lado de los terroristas

Ahora la JEP ha cruzado los límites de la razón, de la decencia y de la imparcialidad. La semana pasada ha considerado que el acto terrorista en el cual las FARC colocaron un carro bomba en las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra en Bogotá, en el año 2006, está de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario (DHI). Que esa acción de barbarie fue un objetivo legítimo y que la guerrillera que lo perpetró, Marilú Ramírez, alias Mata Hari, quien pagaba una condena de 26 años por esos hechos, es merecedora del indulto y ya fue dejada en libertad. En consecuencia, los 33 heridos que causó el atentado, estudiantes civiles y militares desarmados, que asistían a actividades académicas, no serán considerados como víctimas dentro del proceso y tampoco podrán acceder a los beneficios de reparación del Estado, que sí son generosos hacia los victimarios.

Pero hay algo peor. A centenares de secuestrados, algunos de los cuales pasaron hasta diez años en cautiverio sufriendo las más atroces humillaciones por parte de las FARC, tampoco se les hace justicia, pues la JEP le dio crédito a la versión delirante de sus carceleros.

Según las declaraciones hechas por los guerrilleros ante la JEP, las personas en su poder no estaban secuestradas sino retenidas; permanecían amarradas con cadenas para protegerlas de los peligros de la selva; los obligaban a atravesar ríos y cañadas amarrados del cuello con sogas para evitar que se ahogaran;  los humillaban manteniéndolos desnudos a la vista de todos, con el fin de re-educarlos; eran encerrados  en espacios cercados con alambre de púas, al más puro estilo de los campos de concentración nazis, para protegerlos de los paramilitares que los querían matar. ¡Todas estas sandeces son una burla grotesca!

La luz de la razón no permite creer que un tribunal de justicia acepte estas delirantes historias como si fueran la versión real de los hechos. Muchas de esas víctimas fueron asesinadas y no podrán salir de sus sepulcros para proclamar la verdad, denunciando la infamia compartida por sus carceleros de ayer y estos jueces de hoy.  Pero muchos otros que fueron rescatados y ahora viven en libertad, una y mil veces han contado la verdad de lo que realmente pasó en la profundidad de las selvas. Además de sus testimonios, existen numerosos videos y fotografías que demuestran las condiciones infrahumanas en que estos compatriotas estuvieron secuestrados.

El País y el mundo conocen perfectamente los vejámenes que les hicieron, los sufrimientos atroces que padecieron, las humillaciones que les fueron hechas y la perversión extrema con que fueron tratados. Esto jamás podrá ser borrado de la memoria histórica de la Nación, aunque para ello cuenten con la complicidad de la JEP, que al aceptar estas versiones infames no hace otra cosa que proclamar su propia maldad.

¡La verdad está en los horrores que han contado los secuestrados! Pero, para vergüenza de la justicia, este tribunal mezquino de la JEP pretende cambiar la realidad objetiva de la historia por un delirio de mentiras que es inaceptable. Las FARC siguen un libreto marxista para alterar la verdad histórica, que viene siendo usado con éxito por más de un siglo.

La JEP: Un tribunal creado por criminales, para absolver criminales

El escándalo mediático que ha desatado tal proceder, nos ha permitido conocer la infamia de estos togados, que pretenden administrar justicia. Pero ahora se quitan la máscara, demostrando lo que en su momento denunciamos los que votamos por el NO en el plebiscito del 2 de octubre del 2016. Aunque algunos obnubilados no quieran reconocerlo, los hechos son cada vez más contundentes en demostrar que la JEP es un tribunal creado por criminales, cuyo objetivo es absolver criminales, y que ya lo están haciendo. Fue concebida por asesores de ETA, de Sendero Luminoso y de los Montoneros, y sus desmanes serán cada vez mayores, a no ser que la indignación de la opinión pública les ponga freno.

La realidad de los hechos es que la JEP no debería existir. Su creación fue rechazada en el plebiscito en el cual ganó el NO, y en consecuencia se debieron anular todas las reformas constitucionales contempladas en el Acuerdo de paz, que nos costarán a los contribuyentes unos 40 mil millones de dólares (130 billones). El Centro Democrático y su jefe, el Dr. Álvaro Uribe, tienen la responsabilidad histórica de haber ganado el plebiscito, y a pesar de ello, a los pocos días decidieron cambiar el resultado en la Casa de Nariño, aceptando la totalidad del Acuerdo con la promesa del Gobierno de hacerle unos pocos cambios cosméticos.

Si este gobierno fuese coherente y honesto con sus promesas de campaña, debería cerrar la JEP en forma inmediata, pues una de las razones por las cuales la gente votó por el candidato Duque, fue porque durante la campaña presidencial prometió acabarla. Ya como presidente, presentó apenas seis tímidas objeciones a los estatutos de la JEP ante la Corte Constitucional, que obviamente fueron negadas y de allí en adelante se convirtió en uno de sus protectores.

Esta sí que es una situación de mayor gravedad para Colombia que la amenaza del coronavirus, pues la impunidad rampante promovida por la JEP va a generar más muertos en el País que los causados por la pandemia. Con el agravante de que se desmoronaron los principios de “justicia, equidad, reparación y no repetición”, que son la columna vertebral del Acuerdo, de lo cual tanto se habla, pero que no se cumplen en absoluto.

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