La Corte Suprema de Justicia nos quiere imponer el mundo al revés

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Eugenio Trujillo Villegas

Director de la Sociedad Colombina Tradición y Acción

Una de las numerosas denuncias sobre la

índole nefasta del Acuerdo de Paz.

En una decisión histórica, la Corte Suprema de Justicia ha ordenado la detención del ex presidente y senador Álvaro Uribe, acusado del presunto delito de manipulación de unos testigos. Esa decisión impensable, que no tiene antecedentes en la justicia colombiana, no parece haberse tomado bajo las premisas sagradas de la justicia, sino más bien atendiendo las más deleznables tramas de la extrema izquierda para demoler el orden jurídico de la Nación, y así lanzar a Colombia por los anunciados y nunca ocultados caminos de la revolución marxista.

Esto es lo que siempre han querido las FARC y sus diabólicos aliados: el narcotráfico, el Foro de Sao Paulo y la confabulación de todas las fuerzas comunistas de Occidente. Y sin la menor duda es la consecuencia trágica e inevitable del Acuerdo de paz firmado entre el ex presidente Santos y las FARC, que tan diligentemente ha sido implementado por el Presidente Iván Duque. Esto ha sido denunciad0 públicamente muchas veces por Tradición y Acción, y también por algunas pocas voces que han tenido el valor de proclamar la verdad.

Aunque ese Acuerdo fue rechazado en el Plebiscito de 2016, el propio Álvaro Uribe se encargó de asumir una vocería que nadie le otorgó, para permitir el robo indigno de ese resultado por Juan Manuel Santos, con el apoyo incondicional de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Congreso de la República, de la clase política en pleno, y también del sector empresarial del País. Ninguna de estas instituciones se opuso a ese inmenso fraude.

¿Cómo explicar esta decisión de la Corte Suprema de Justicia? Como todos los grandes acontecimientos que nos están destruyendo en la actualidad, ésta no fue una decisión tomada de un día para otro. Ella tiene antecedentes muy antiguos y perversos, que ahora vuelven a tener actualidad.

La Corte Suprema prevarica desde hace muchos años

Mientras Álvaro Uribe fue presidente de Colombia, entre 1902 y 1910, sus controversias con la Corte Suprema fueron constantes. El País olvidó que durante su mandato, el presidente Uribe denunció a un misterioso narcotraficante llamado Asencio Reyes, quien puso su avión privado a disposición de la Corte Suprema de entonces, y en él viajaban los magistrados por varias ciudades del País para celebrar fiestas, hacer reuniones y recibir homenajes, en los cuales les ofrecían valiosos regalos que nunca se supo de dónde provenían, ni con qué fines.

También, en el año 2008, cuando fue abatido el terrorista Raúl Reyes, segundo al mando de las FARC, en una operación militar desarrollada en el lado ecuatoriano de nuestra frontera con ese país, la misma Corte determinó que la información de los computadores incautados a los terroristas en dicha operación, no podría ser considerada como prueba legal en las investigaciones que debía realizar la justicia colombiana. Según la Corte, esa información de vital importancia para establecer las alianzas y complicidades narcoterroristas de las FARC en Colombia y en Ecuador, había sido obtenida de forma ilegal, provenía del extranjero y para su incautación no se había dictado ninguna orden judicial.

Años después, esa misma Corte, aunque presidida por otros magistrados, mostró una vez más el abismo de deshonor al que ha llegado la majestad de la justicia. Varios miembros de la Corte fueron descubiertos vendiendo sentencias y archivando procesos a cambio de millones de dólares, absolviendo así a los responsables de gravísimos casos de corrupción, en los cuales están involucrados gobernadores, congresistas y altos funcionarios del Estado, que gozan de fuero especial y que solo pueden ser juzgados por la Corte.

Como consecuencia de estas corruptelas, Francisco Ricaurte, ex presidente de la Corte Suprema, está preso; otro ex presidente de la Corte, Leonidas Bustos, está prófugo en Canadá;  el magistrado Gustavo Malo también está preso a la espera del juicio; algunos magistrados auxiliares ya fueron condenados por estos hechos o están siendo investigados; y también está preso el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, quien se encargaba de contactar a los procesados y recolectar el dinero para pagar los sobornos a los magistrados. Tal vez nunca hubo antecedentes de semejante grado de corrupción en ninguna Corte de Justicia de ningún país del mundo libre, al punto de que la sabiduría popular califica a los miembros de estas Cortes que tenemos en Colombia como el Cartel de la Toga.

Y como estos escándalos son de nunca acabar, esa misma Corte conceptuó que el narcoterrorista y guerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich, detenido en flagrancia haciendo negocios de narcotráfico, fue declarado inocente y dejado en libertad, negando su extradición a los EEUU. Esto le permitió asumir su curul de Congresista, obtenida sin voto popular alguno gracias al Acuerdo con las FARC, y acto seguido se fugó hasta el día de hoy. Y por último, las múltiples investigaciones que se deberían hacer para establecer los vínculos de las FARC con algunos prominentes miembros de la clase política, jamás se han iniciado.

Hay que revocar a esas Cortes corruptas

El conjunto de estos hechos, y de muchos otros que es imposible mencionar en la brevedad de este escrito, evidencian una realidad fantástica, con connotaciones casi mágicas, que tal vez jamás sean  superadas por cualquier novela de ciencia ficción o por la más terrible de las pesadillas. En Colombia tenemos una Corte Suprema de Justicia que solo persigue a sus opositores políticos y a ninguno de los miles de criminales que andan sueltos por las calles; tenemos a una Corte Constitucional que se ha convertido en un órgano legislativo paralelo, que viola la Constitución y que dicta órdenes a todas las instituciones del Estado, y que además protege las 200.000 hectáreas de las FARC sembradas en coca; y, por último, una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es un tribunal creado por las FARC para establecer la más absoluta impunidad por los crímenes que ellos han cometido.

Esta realidad abrumadora nos muestra una vez más el descrédito y la autodemolición de nuestra justicia, mientras que el País duerme en la más profunda indolencia. Es de esperar que se despierte, ahora que comienzan a ser encarcelados los que se han opuesto a las pretensiones de las FARC y de los demás grupos terroristas. Esta decisión inaudita de la Corte, evidencia una vez más, que mientras los peores criminales de Colombia gozan de total impunidad, hasta el extremo de haber sido nombrados en el Congreso de la República, la cárcel y el castigo son únicamente para quienes los han combatido dentro del marco de la ley. Este es el mundo al revés que nos quiere imponer la Corte Suprema de Justicia. 

Estas son las consecuencias de la apatía de muchos colombianos, a quienes se les advirtió acerca de las consecuencias del Acuerdo de La Habana, y que apenas ahora parecen darse cuenta que los enemigos de la Patria nos quieren someter. Quieren convertir a Colombia en un redil de miseria y de opresión, lo cual ya es una realidad con algunos de nuestros vecinos. ¡Que nadie se engañe! El monstruo creado no se apacigua con pequeñas concesiones. ¡Él quiere a toda Colombia, la quiere ya mismo y la quiere para siempre!  Claro está, si es que lo permitimos, porque siempre se puede rectificar el camino equivocado y poner las cosas en orden. ¡Pero es indispensable comenzar de inmediato!

Es urgente revocar a esas Cortes corruptas y reemplazar a todos los magistrados indignos por otros que den plenas garantías de honestidad. Será una tarea muy difícil, y muchos pondrán las más categóricas objeciones en defensa de la democracia y de la Constitución, pero si esto no se hace inmediatamente, Colombia naufragará como lo hizo el Titanic, cuando la mayoría de los pasajeros pensaban que esa tragedia era imposible.

Y, por último, la única solución que puede evitar esta tragedia anunciada, es que el Presidente de la República, asumiendo con entereza, con valor y con honestidad los compromisos que él y su partido hicieron en la campaña presidencial, declare nulo el Acuerdo de La Habana, pues fue rechazado en el Plebiscito de 2016. Todo lo que se ha hecho para implementar ese Acuerdo, en este y en el anterior gobierno, es ilegal, ilegítimo y contrario a la Constitución, pues la decisión mayoritaria del pueblo colombiano, de rechazar el Acuerdo en las urnas, debe ser honrada y acatada por todos los poderes del Estado.

Sociedad Colombina Tradición y Acción

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