La corrupción: monstruo de mil cabezas

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Sin duda, cada época tiene sus particulares formas de criminalidad. A fines del siglo pasado, el narcotráfico tuvo un protagonismo tenebroso, tanto en Colombia como en varios otros países de América latina. Los llamados carteles de la droga crearon ejércitos de sicarios que protegían a sus criminales jefes, que insaciablemente se fueron apoderando de todo lo que querían.

Compraron tierras, mansiones, hoteles y empresas, derrochando poder y riqueza. Sin embargo, el nuevo siglo trajo un cambio profundo en esas costumbres mafiosas, pues su extravagante estilo de vida produjo un profundo rechazo en la sociedad, además de llamar la atención de las autoridades. Pero no tanto de las locales, que extrañamente nunca se enteran de nada, sino de la DEA, la CIA, el FBI y el Departamento de Estado.

Una vez consolidados los grandes males que produjo el narcotráfico, cuyos efectos más nocivos para la sociedad fueron el desmantelamiento absoluto del aparato de justicia y la erosión de la moral en las costumbres, entonces apareció una calamidad peor que ahora campea por toda América, desde Alaska hasta la Patagonia. Se trata de la corrupción.

Sus grandes figuras públicas han creado un perfil humano digno de la más extravagante novela de ciencia ficción. Mientras el mafioso de otrora vivía en la clandestinidad rodeado de matones y sicarios en actividad criminal permanente, los de ahora son vistos como los pro-hombres de nuestra época que procuran hacer parte de la más selecta élite social y económica.

Andan en caravanas de carros blindados y son custodiados por la Policía, el Ejército y los organismos estatales de seguridad. Ocupan los cargos públicos más importantes de nuestras naciones. Frecuentan los más encumbrados clubes sociales y las más representativas sedes de la administración pública, incluido el Palacio Presidencial.

Participan de las más importantes reuniones de Estado, en donde se definen las políticas públicas. Administran los ingentes recursos de la nación y son ellos quienes deciden en qué se gasta el dinero del Estado, que no es otra cosa que los impuestos que pagamos los ciudadanos, y que ellos aumentan cada vez que pueden, para tener de dónde robar. Sus áulicos les rinden tributo, los honran, los aplauden, y claro, votan por ellos y los eligen a los cargos públicos, pues los consideran los más dignos representantes del pueblo. Y el Gobierno escoge entre ellos a los más importantes e influyentes funcionarios públicos. Esos son los corruptos, a quienes frecuentemente se les ha entregado el manejo del Estado y de la Sociedad.

Algunos de los que hacen política llegan a las más importantes instituciones del Estado con la intención de aprovecharse de ellas. Con los dineros públicos montan una poderosa estructura electoral que les asegura los votos necesarios para ser elegidos en cualquiera de los cargos que ellos deciden convertir en botín. Así funcionan casi todas nuestras gobernaciones, alcaldías, institutos estatales y también el Congreso de la República.

Por otro lado, los corruptos del sector privado, aliados y socios de los políticos, consiguen los mayores contratos con el Estado. Este siniestro panorama refleja la triste realidad de Colombia y de varias naciones vecinas, en donde los recursos de la salud desaparecen y la gente se muere en los hospitales por falta de atención médica; los niños no reciben la educación de calidad a la cual tienen derecho, pues ese dinero también se lo roban, al igual que sus refrigerios escolares; la mayoría de los municipios no tienen acueductos, pues a pesar de haberse destinado el dinero varias veces para construirlos, en muchos casos éstos funcionan mal, o lo que es peor, nunca fueron construidos.

Las carreteras, cuando las hay, se ha tardado hasta 20 años en hacerlas. Los presupuestos de gobernaciones y alcaldías son una feria de contratos ficticios para mantener las estructuras electorales. Las regalías mineras que reciben los departamentos y municipios, que suman miles de millones de dólares cada año, se evaporan sin dejar una sola obra para mostrar. En cada emprendimiento del Estado, cualquiera que sea, son evidentes los sobrecostos, la ineficiencia, el robo, la colusión y el hábito de mezclar intereses privados con los públicos.

Nunca antes se habían cometido tantos y tan grandes latrocinios. Esta es la triste realidad en que vivimos. Una minoría corrupta se apoderó de nuestras naciones y convirtió los recursos públicos en el objeto de uno de los mayores saqueos de la historia. Los grandes y legendarios robos de otrora pasaron a ser insignificantes al lado de los que hacen los corruptos de nuestro tiempo. Solo para citar un ejemplo, en el siglo pasado, en el famoso robo a un tren cargado de oro en Inglaterra, considerado hasta hace poco uno de los más grandes de la historia, un hábil ladrón se robó unos 20 ó 30 millones de dólares que nunca aparecieron. Pues bien, solo en el proyecto de Reficar, en la refinería de Ecopetrol en Cartagena, se robaron cerca de cuatro mil millones de dólares, cifra que indica el tamaño de la crisis presente.

Entonces, la pregunta obligada es: ¿y dónde está la justicia? Y cada colombiano sabe la respuesta, pues con pocas y honrosas excepciones, hace mucho tiempo que la justicia parece estar del lado de los bandidos. Es lo que refleja el bochornoso escándalo del Cartel de la Toga, en el cual algunos magistrados de las Altas Cortes se convirtieron en aliados y cómplices de los más connotados corruptos, para absolverlos de sus crímenes, de sus robos y de sus indecentes asaltos al patrimonio público, a cambio de ingentes cantidades de dinero con las cuales compraban su inocencia y su libertad.

Es así como un ex-presidente de la Corte Suprema de Justicia está preso, otro está prófugo, varios magistrados han sido destituidos y procesados por vender fallos y recibir cuantiosos sobornos a cambio de la absolución de los implicados en gravísimos hechos de corrupción. Inexplicablemente, los organismos encargados de evitar este horror son invisibles e inoperantes en el cumplimiento de sus deberes, pues la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría no hacen casi nada para enfrentarlo. Aunque se sepa quiénes son los corruptos que se roban todo, los resultados de la mayoría de las investigaciones son nulos, generando así la más absoluta impunidad, pues lo poco que hemos sabido en Colombia acerca de la corrupción que nos devora se lo debemos a los Estados Unidos.

¿Podemos hacer algo ante este desolador panorama? Sí. Podemos hacer mucho, si queremos. Es solo articular a la sociedad y conectarla con las redes sociales honestas, para desencadenar una inmensa reacción salvadora que nos devuelva, a los verdaderos colombianos, el País que nos han robado. ¡Hay que elegir gobernantes honestos! Y, de paso, destituir de sus cargos a los responsables de estos delitos, aplicar las leyes para castigarlos, recuperar el dinero robado, prohibir a la justicia que les den casa por cárcel, y dar así un ejemplo al mundo y a las generaciones futuras para que esta tragedia nunca más se repita. Y, si no lo hacemos de inmediato, entonces perderemos a Colombia para siempre, pues la izquierda radical castro-chavista está al acecho para destruir lo poco que nos queda de la Patria y hundirla en la miseria narco-comunista.

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