Isabel Ayuso blinda la educación concertada en Madrid contra la ley Celaá

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Isabel Ayuso anunció ayer el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que ella preside tramitará hoy un decreto para elevar a 10 años la duración de los conciertos educativos en región madrileña. La medida, explican fuentes del Gobierno regional, supone de facto el blindaje de este modelo educativo, «y por ende de la libertad educativa», al menos hasta 2027.

ABC / InfoCatólica 16 12 2020

Según la Ley Orgánica de Educación, las Comunidades Autónomas pueden elevar la duración de los conciertos con los colegios que hasta ahora tienen, en la Comunidad de Madrid, una duración de 6 años. «Ante la actual situación, se ha decidido dar mayor seguridad a las familias que optan por la educación concertada alargando la duración de los conciertos hasta 10 años, de modo que no vencerán dentro de 2 años, sino dentro de 6 años».

La duración de la educación obligatoria es de 10 años y, por ese motivo, se ha considerado acertado hacer coincidir ese plazo con la vigencia de los conciertos y dar a las familias madrileñas esa garantía. La política madrileña mantiene una dura pugna con el Gobierno Central por la nueva ley educativa, que a su juicio puede perjudicar a las familias que optan por la educación concertada para sus hijos. En la Comunidad de Madrid, el 29 por ciento de las familias ha optado este curso escolar por educación concertada, lo que se traduce en cerca de 370.000 alumnos.

Según ha señalado Díaz Ayuso, «queremos garantizar la libertad de elección de las familias en materia educativa, pero también en sanidad, en el comercio, en lo empresarial. Por eso, mostrar el firme compromiso de este Gobierno con la libertad, con el emprendimiento y con que todos los ciudadanos que vengan de cualquier rincón del mundo a emprender, lo van a hacer en un territorio de seguridad jurídica, de libertad, de respeto empresarial y de ayuda», ha concluido.

Desacuerdo entre PP y Ciudadanos

El pasado fin de semana, el presidente del PP, Pablo Casado, afirmó que las comunidades gobernadas en solitario por su partido o en coalición con Ciudadanos adelantarían el plazo de matriculación del próximo curso para que no les afecte la nueva ley. Lo cierto es que Manuel Imbroda, consejero de educación en Andalucía, ha negado tal posiblidad, asegurando que «en Andalucía son muy conscientes del derecho de los padres a elegir y que si, cuando salga la ley, tienen que hacer algún ajuste, lo harán adaptándose lo máximo a la normativa».

https://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=39385

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