Grupo de Lima y condena al régimen de Maduro

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El Grupo de Lima ha vuelto a denunciar la grave crisis “humanitaria, política, económica y moral generada por el régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro” -según indica la declaración que ayer emitió el bloque tras la reunión de cancilleres que tuvo lugar en Santiago-, todo lo cual -prosigue el comunicado- “constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, con efectos regionales y globales”. Es por ello que nuevamente se exhortó al secretario general de Naciones Unidas, a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad para que impulsen acciones que eviten el progresivo deterioro del dramático cuadro que aqueja al país.

Los esfuerzos desplegados por el Grupo de Lima -agrupación que componen 11 países de la región, además del gobierno encargado de Venezuela- para denunciar la crisis venezolana y presionar por una salida pacífica son encomiables, marcando un claro contraste con lo que ocurría hace tan solo hace algunos años. Sin embargo, parece evidente que a medida que transcurre el tiempo, la sola denuncia en contra del régimen -aunque indispensable para relevar estas crisis y sus perniciosos efectos- comienza a perder efectividad, existiendo el riesgo de que estos esfuerzos comiencen a diluirse y la crisis en Venezuela se prolongue.

Es un hecho significativo que la declaración del Grupo de Lima haya evitado cualquier referencia a una posible intervención militar -postura que también comparte el gobierno de Chile-, poniendo énfasis en una salida pacífica y multilateral. Pero para que ello sea posible la comunidad internacional debe dar muestras de acciones contundentes en contra del régimen de Maduro. Las exhortaciones que el bloque hizo ayer a Rusia, China, Cuba y Turquía para que cesen el respaldo que hasta ahora le han brindado al chavismo es un paso que va en la dirección correcta, ya que resulta evidente que en tanto Beijing y Moscú continúen entregando soporte económico -y al parecer también militar- al régimen, los esfuerzos para una salida pacífica se alejan cada vez más.

El FMI proyecta que la economía venezolana se desplomará este año 25% y la inflación alcanzará cifras en torno a seis dígitos -un cuadro que no encuentra parangón en ninguna economía del mundo-, todo lo cual agravará la crisis humanitaria que afecta a dicho país, que ya ha obligado al desplazamiento de más de tres millones de personas. El Grupo de Lima ha contribuido decisivamente a denunciar el drama de Venezuela -en ello el gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha jugado un papel destacado-, pero por la escala de los desafíos que se avecinan debe ser la ONU la que adopte un rol mucho más relevante. El Alto Comisionado de DD.HH. del organismo, aunque tardíamente, evacuó en marzo pasado un informe en que da cuenta de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte del régimen y el drama humanitario que ello ha implicado. Es inexplicable que a la luz de dichos antecedentes la alta comisionada aún no se haya constituido personalmente en Venezuela, y que la Secretaría General continúe desentendiéndose de promover una condena a dicho régimen.

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