CARTA DEL DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UCA DR. PABLO GARAT

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Buenos Aires, 30 de diciembre de 2020

Querida Comunidad de profesores y alumnos de la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires

Ante la sanción esta madrugada por el Congreso de la Nación de la ley denominada eufemísticamente de “interrupción voluntaria del embarazo”, estableciendo la regulación de un supuesto “derecho al aborto” e imponiendo como “de orden público” la práctica del mismo a todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quiero expresarles con toda claridad y confianza estas breves reflexiones.

En primer lugar cabe afirmar sin hesitación alguna que, en caso de entrar en vigencia, esta ley configura lo que Santo Tomás – citado por San Juan Pablo II – considera una ley inicua.

Como ha sido dicho: “72. En continuidad con toda la tradición de la Iglesia se encuentra también la doctrina sobre la necesaria conformidad de la ley civil con la ley moral, tal y como se recoge, una vez más, en la citada encíclica de Juan XXIII: « La autoridad es postula da por el orden moral y deriva de Dios”.

“Por lo tanto, si las leyes o preceptos de los gobernantes estuvieran en contradicción con aquel orden y, consiguientemente, en contra dicción con la voluntad de Dios, no tendrían fuerza para obligar en conciencia…; más aún, en tal caso, la autoridad dejaría de ser tal y degeneraría en abuso”

“Esta es una clara enseñanza de Santo Tomás de Aquino, que entre otras cosas escribe: « La ley humana es tal en cuanto está conforme con la recta razón y, por tanto, deriva de la ley eterna. En cambio, cuando una ley está en contraste con la razón, se la denomina ley inicua; sin embargo, en este caso deja de ser ley y se convierte más bien en un acto de violencia ».

Y añade: « Toda ley puesta por los hombres tiene razón de ley en cuanto deriva de la ley natural. Por el contrario, si contradice en cualquier cosa a la ley natural, Entonces no será ley sino corrupción de la ley » (San Juan Pablo II. Evangelium Vitae)”

Por otra parte como Facultad de Derecho, junto con los decanos de otras trece Facultades de todo el país, hemos declarado el 20 de Noviembre pasado que el proyecto de ley ahora sancionado no su peraba el mínimo test de constitucionalidad, convencionalidad y congruencia legislativa dentro del derecho común.

Por ello, de entrar en vigencia esta ley nos encontraremos ante una ley inicua e inconstitucional que nos interpela directamente. Se nos pregunta: ¿qué hacer?.

En primer lugar, justamente, enseñar en toda circunstancia y ante quien fuere que esta es una ley inicua e inconstitucional y dar claro fundamento de ello.

En ello continuar dando testimonio constante y permanente de la Verdad de Cristo que nos conduce a odiar el mal pero no a quienes se equivocan, aún cuando lo hagan en contra de algo tan sagrado como la vida humana; es decir queriendo el bien y luchando por él sin perder nunca el deber de caridad.

Entonces, desde la cátedra, los tribunales, los medios de comunicación y las redes sociales, en ejercicio de las libertades fundamentales, debemos continuar trabajando incansablemente, con fidelidad y confianza, por el sagrado derecho a la vida, el matrimonio y la familia.

Que nadie se confunda. El aborto como práctica “legal” se había expandido en casi todo el territorio nacional, desde 2012, en base a los “protocolos”, supuestamente respaldados en sus disposiciones por el fallo “F.A.L.”, cuyo análisis crítico hemos efectuado en la declaración de los decanos aludida, así como en su anterior del 27 de febrero de este año, sin encontrar respuesta razonable alguna de la doctrina que pretende su justificación.

Pero esta ley que pretende transformar un delito en un derecho en nombre de la “cultura” del deseo egoísta y se ordena a garantizar coactivamente la eliminación de los inocentes si ellos no fueren u na consecuencia querida de la misma, intenta al mismo tiempo con solidar como “de orden público” el desarrollo de una inadmisible “policía de género” sobre la familia y el federalismo, en materia de salud y educación.

Es no solamente una ley contra la vida de los más vulnerables sino, al mismo tiempo, otra fase del proceso de “deconstrucción” del ma trimonio y la familia, como lo hemos denunciado ante el Claus tro en diciembre de 2018.

Este proceso divide dolorosamente a la sociedad y ello podría lle var a algunos a imaginar la posibilidad de aproximar posiciones. Pero, como recordamos, ello no puede ser a expensas de negar – siquiera parcialmente- la ley natural. La afirmación de ella no nos exime, debo insistir, del deber de caridad. Pero la primera caridad es enseñarla y defenderla cuando es desconocida desde quienes tienen a su cargo el cuidado de la comunidad.

De allí, entonces, que solo cabe tener mucho ánimo y confiar – por una parte – en que sus graves y manifiestas incompatibilidades con nuestro orden constitucional harán que esta ley resulte de aplica ción inviable a partir de la decisión de los tribunales.

Y que si la respuesta es la arbitrariedad frente a la letra de la Constitución Nacional y los Tratados sobre Derechos Humanos con Je rarquía Constitucional, siempre quedará entonces dar testimonio de la Verdad frente a la ley inicua conforme lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica:

“2471. Ante Pilato, Cristo proclama que había “venido al mundo para dar testimonio de la verdad” (Jn 18, 37). El cristiano no debe “avergonzarse de dar testimonio del Señor” (2 Tm 1, 8). En las situaciones que exigen dar testimonio de la fe, el cristiano debe profesarla sin ambigüedad, a ejemplo de San Pablo ante sus jueces. Debe guardar una “conciencia limpia ante Dios y ante los hombres” (Hch 24, 16).”.

Esta es solamente una prueba de fidelidad que Dios nos pide. Cristo es el Señor de la Historia.

Dr. Pablo Garat
Decano.

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