De nuevo se prepara el ataque al derecho de propiedad

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¿Derecho de propiedad reinterpretado?

El derecho de propiedad es primordial para la convivencia social, pues hace posible un ejercicio efectivo de la libertad y de la autonomía de los ciudadanos… 18 de julio de 2014.

En declaraciones recientes, la ministra Secretaria General de la Presidencia se ha referido a la necesidad de revisar el alcance que la Constitución chilena le otorga al derecho de propiedad. Reconociendo que se trata de una garantía fundamental de las personas, y que es clave para el funcionamiento de la economía de mercado, ha añadido: “Nos interesa establecer un sistema de derechos más equilibrado y moderado, donde existan libertades personales, políticas y económicas por cierto, pero no que la propiedad sea el eje del sistema de derechos. Nos interesa también dar importancia a la dimensión social de la propiedad”.
Estas expresiones, aunque puedan resultar sorpresivas, no provienen de la visión personal o de una reacción específica de la ministra, sino que reflejan las ideas que la Nueva Mayoría o una parte de ella viene elaborando desde hace algún tiempo, y que ya tuvieron una expresión concreta en el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. En él se señalaba textualmente: “La Nueva Constitución, junto con reconocer el derecho a la propiedad privada, debiera contemplar la idea de que la propiedad obliga y que su uso debe servir al mismo tiempo al bien común. En esa línea, se requiere reconocer que la función social del derecho a la propiedad privada y a la herencia delimitará su contenido, de conformidad a la ley”.
El derecho de propiedad es primordial para la convivencia social, pues hace posible un ejercicio efectivo de la libertad y de la autonomía de los ciudadanos. Además, como la historia lo muestra, es una de las bases esenciales del progreso, fomentando el esfuerzo, la innovación y la inversión, al permitir que quien siembra hoy sea el dueño de la cosecha mañana.
Pese a su innegable importancia, no es pertinente sostener, como lo hace la ministra, que el derecho de propiedad sea el eje del sistema de derechos. La Carta Fundamental reconoce y garantiza, con igual fuerza, múltiples otros, partiendo por el derecho a la vida y a la integridad física. A diferencia de lo que ocurría con la Constitución de 1925, no obstante, la actual contempla un recurso de protección que puede ser fácil y expeditamente ejercido ante los tribunales para asegurar el respeto a ése y otros muchos derechos. El que sea mayoritariamente usado por los ciudadanos para precaverse de amenazas a su propiedad, de los más diversos tipos, no significa que ese derecho esté por sobre el resto, sino que las personas son especialmente sensibles a él, lo que no puede ser visto ni como algo negativo ni como un defecto de la Constitución.
Más aun, el texto constitucional vigente sí reconoce explícitamente la función social de la propiedad, permitiendo al legislador imponer limitaciones y obligaciones a partir de ella; y también consagra la propiedad inalienable del Estado sobre los recursos naturales, estableciendo garantías y mecanismos claros que incentivan las inversiones que permiten su aprovechamiento.
Si todo esto está recogido en la Constitución, ¿qué propósito tienen las declaraciones de la ministra o qué exactamente persigue el programa del actual gobierno en esta materia? Si se requieren limitaciones más específicas al derecho de propiedad en determinados ámbitos, dada la experiencia acumulada, ¿por qué no decirlo con precisión y presentar o insistir en los proyectos de ley respectivos? Por el contrario, el hacer declaraciones de vasto alcance o el plantear como novedad y cambio lo que ya se encuentra consagrado abren la puerta a interpretaciones de fondo acerca de lo que debe entenderse y cuál es el alcance del derecho de propiedad, lo que puede tener consecuencias indeseadas, particularmente en un contexto de altas expectativas sociales.

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