Todas las empresas están encargando estudios jurídicos sobre el impacto del Convenio 169

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convenio-169-OITCercanos al ministro Joaquín Lavín dicen que en estos últimos meses está totalmente “mapuchizado”..
Temas como los mecanismos de consulta del convenio 169 de la OIT, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y las fórmulas de participación política de éstos, son parte de las materias que espera sacar adelante en los próximos meses.

– Entre los proyectos que el gobierno informó que presentarán en abril está el de establecer, por ley, los mecanismos de consulta que exige el Convenio 169. ¿Cuál es la novedad? ¿Esto no es una obligación para los países que lo han ratificado como Chile?
– El Convenio 169 entró en vigencia en 2009 y hasta ahora, las consultas en esta materia se han regido por el Decreto Supremo 124 dictado en el gobierno de la ex presidenta Bachelet, que establece las fórmulas de consulta. La gran preocupación o el gran planteamiento de los pueblos originarios es que ese Decreto no fue consultado con ellos, lo que es muy cuestionado por los pueblos originarios. Dada esa situación, decidimos dar un impulso y ahora es más rápido consultar un mecanismo de consulta que sea respetado por todos. Esa es la denominada consulta sobre la consulta. Y la idea es que este mecanismo de consulta tenga toda la fuerza de una ley, y antes del 30 de abril, se va a enviar un proyecto de ley al Congreso estableciendo este mecanismo de consulta para que tenga más fuerza jurídica.

– ¿El proyecto en qué consiste?
Lo que se establece es cómo en el futuro los pueblos originarios van a ser consultados cuando exista una ley o una medida administrativa que los afecte. Ahora las consultas hay que hacerlas pero no son vinculantes.

– ¿Como por ejemplo?
Proyectos de Obras Públicas que en ciertos trazados pasan por lugares que son importantes desde el punto de vista de los pueblos originarios, requiere consulta. Las consultas se realizarán cuando afecta directamente a los pueblos originarios, y eso significa reasentamiento de comunidades, alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico o perteneciente al valor cultural indígena.

– ¿Qué pasa con los proyectos de inversión que están en esos lugares y que se han visto afectados?
El caso de los proyectos de inversión es diferente. Estos van a requerir un esquema de consulta que se va a hacer a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Este sistema establece un mecanismo de participación ciudadana y ahora el nuevo reglamento especifica dentro de esa participación ciudadana las consultas indígenas cuando éstas se requieran.

– ¿Cuántos proyectos se han visto retrasados?

– Si hay proyectos de inversión que se han vistos retrasados o postergados es debido a que se ha judicializado la consulta indígena. Toda esta nueva normativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la ley de consulta lo que busca es darle mayor certeza jurídica a la manera que se realizan las consultas indígenas para evitar lo que ha ocurrido hasta ahora.

– ¿Y cuántos proyectos no se realizaron por estas restricciones?¿Cuál es el impacto económico?
Lo que sí esta claro es que hay proyectos que se han postergado y lo que está claro es que todas las empresas en general, están encargando estudios jurídicos del impacto que significa el convenio 169. Las empresas van a tener que aprender a trabajar con este nuevo esquema y a incorporar la consulta indígena en los casos que corresponda en el esquema de evaluación de los proyectos.

Presupuesto permanente
– En el proyecto de la Ley Araucanía se menciona un fondo que permitiría garantizar los recursos ¿De cuánto es ese fondo? ¿En qué partida ministerial estaría incluída?
– es este Plan Araucanía que hoy tiene un financiamiento año a año en que concurren recursos de diferentes ministerios, tenga un presupuesto permanente que no dependa de una aprobación de año a año sino que esté contemplado a través de una ley y que le de estabilidad en el tiempo.

– Pero ¿de cuánto es este fondo?
El dinero es parte del debate y las discusiones. Eso requiere mucho más estudio, lo que si es cierto es que esta ley por lo menos requerirá una vigencia de 10 años que es el período que se estima necesario para eliminar el rezago que hoy tiene la región de La Araucanía. Ahí se establecerán los mecanismos de financiamiento.

– ¿Será reemplazada?
Es un tema que hay que pensar. El programa del presidente Piñera contemplaba una Agencia de Desarrollo Indígena que reemplazara la Conadi, y esto requiere consulta a los pueblos originarios, es una institución que los afecta a ellos, cualquier cambio a la institucionalidad requiere primero la aprobación del mecanismo de consulta.

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