En entrega de tierras a mapuches el Fisco gastó US$ 600 millones en 20 años, pero no se notan…

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file_20130304101300Indagó cómo ha funcionado el principal instrumento de la Ley Indígena en dos décadas. Mayoría de los beneficiados con 170 mil hectáreas no viven en las tierras por falta de luz, agua, caminos y apoyo productivo. Gobierno intenta cambiar el sistema y dejará una lista de espera de 6.319 familias para el próximo. por: Alejandro Fainé y Pablo Collao sábado, 02 de marzo de 2013

Arvejas, lupino y papas son algunos de los productos más explotados por los mapuches. Pero su rendimiento es menor: casi la mitad que el total nacional en trigo; un tercio menos en papa y casi 40% menos en arvejas. En lupino, en tanto, están casi igual que el resto de la economía. Las cifras son de un estudio sobre la agricultura chilena, realizado por Odepa (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias) y Conadi, y sobre las cuales el ministerio del ramo señala que una de las causas de la baja productividad se explica “porque la mayoría de las praderas naturales bajo dominio indígena corresponden a suelos desérticos, de muy escasa productividad agrícola y forestal”, y que a muchos agricultores no les interesa tener una vocación comercial, y se desarrollan “prácticas productivas eminentemente de subsistencia”.

¿Son menos productivos los mapuches? Responde el director del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), Ricardo Ariztía: “Pero ese es un problema de la pequeña agricultura en general, que está bajo el 50% del resto del agro. Por esa brecha es necesario y urgente un apoyo especial”. Ariztía recibió del Gobierno el encargo de enfocar instrumentos de fomento a este sector: en 2012 se atendió a 29 mil familias mapuches (25 mil en 2011 y 3 mil en 2010), con un total de $16 mil millones, bajo el llamado Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI).

-¿Y hay una evaluación de la eficacia de este trabajo? -Este año tendremos un diagnóstico del impacto logrado. Pero la información individual comprueba que hay un aumento productivo.

Predios que mayoritariamente no usan quienes los recibieron; entregados sin conexiones de agua potable o pésimos caminos; escasa explotación productiva y falta de capacitación… son parte del lapidario informe solicitado por el Gobierno a la Universidad de la Frontera, sobre la realidad de la política estatal de entrega de tierras a las comunidades mapuches.

Este 2013 se cumplen 20 años de la Ley Indígena, cuyo foco principal estuvo puesto en la compra de campos para las comunidades, con el fin de resarcir así una deuda histórica, como la definió el propio Estado. «La Segunda Sábado» indagó en los resultados de los esfuerzos.

Rayado de cancha
El origen de la llamada deuda indígena se remonta al siglo XIX, cuando el Estado -en el llamado proceso de la “Pacificación de la Araucanía”, que incluyó anexar definitivamente los terrenos al sur del Biobío- se hace de las tierras indígenas, y luego entrega gratis a los mapuches propiedades mediante títulos de merced.

En total, según las cifras proporcionadas por el asesor especial de asuntos indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, Matías Abogabir, desde 1993 hasta 2012 se han entregado 169.132 hectáreas , con un costo total de $289.810.309.741 (valor actualizado a enero pasado, equivalente a casi US$600 millones).

60% no vive en predios adquiridos

Pero tras las cifras hay múltiples polémicas que hicieron crisis a fines del gobierno de Michelle Bachelet, y terminaron con la Conadi descabezada: Contraloría acusó negociados en la compra de tierras; programas sociales con altos costos administrativos y con millonarias rendiciones pendientes. Además, una fuerte alza en el valor de la tierra. Según los resultados entregados en 2012 al Gobierno, y al cual tuvo acceso en exclusiva «La Segunda Sábado», el 60% de los beneficiarios no vivía en los predios adquiridos. ¿Las razones? 24% afirmaba que las propiedades no tenían servicios básicos (sólo 4,3% estaban conectadas a agua potable; y apenas el 69% tiene energía eléctrica, por ejemplo); 15% lo asociaba a falta de casas y 10% a caminos en mal estado.
Se reconoce que los beneficiados incrementaron su disponibilidad de tierras y que sentían mayor bienestar, pero “los predios adquiridos” muestran “muy baja aptitud de uso agrícola”.

En materia productiva, las conclusiones son lapidarias: la extracción de leña arriesga la sustentabilidad en el mediano plazo; los terrenos “poseen muy bajos índices de infraestructura productiva y sistemas de riego”, y “por lo general no se ha dado continuidad a los rubros productivos intensivos de los predios” previos a la compra.

¿La razón de esto último? Sigue el estudio: “Los comuneros no disponen ni pueden acceder a capital, no se realizó capacitación técnica y comercial (…) ni acompañamiento técnico, productivo ni comercial”. Y además, “las motivaciones y metas productivas de los comuneros mapuches resultan por lo general distintas” a las de los antiguos dueños.

Con estos elementos, este gobierno reestructuró el sistema de ayudas productivas (ver nota relacionada).

“En un sector de la población no existe conciencia de que somos un país multicultural. Debemos aceptar que son un pueblo, con tradiciones, culturas, lenguas distintas. Yo no tengo temor en reconocerlo”, indica el senador Alberto Espina (RN).

Para la siguiente administración, se reconoce, quedaría una de las discusiones más sensibles: reconocimiento constitucional indígena… Para algunos, una caja de Pandora, que contiene el germen del separatismo; para otros, la aceptación de que los indígenas son distintos y libres, y que desde esa posición son parte del Estado chileno.

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