¿Qué persigue una estatización de las aguas?

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“En las aguas están repartidos los poderes para el Estado, la sociedad y el mercado; y una exacerbación de lo estatista, ¿no irá a romper ese razonable equilibrio?…

El más reciente intento de estatización de las aguas es el anunciado en los últimos días, que repite un proyecto de la actual Presidenta del final de su primer mandato (mensaje de 6 de enero de 2010) y de su programa de candidatura.

Lo que se propone es modificar la Constitución no solo para declarar que las aguas “son bienes nacionales de uso público”, sino también para eliminar la garantía de la propiedad de los derechos de agua y, así, posibilitar amplios poderes de la administración del Estado para extinguir o caducar derechos de aguas, autorizar o denegar transferencias, y otras que se anuncian profusamente en estos días.

 

Dos preguntas que cabe formular: ¿es necesario estatizar las aguas? Con la estatización, ¿se solucionan los problemas de las aguas?

 

Declarar a las aguas como “bienes nacionales de uso público” es innecesario, pues el Código Civil y el Código de Aguas ya contienen esa declaración; y darle nivel constitucional no agrega nada. ¡Salvo que sea para justificar una estatización del modelo de las aguas y así, por ejemplo, eliminar la garantía de la propiedad de los derechos de aguas, estableciendo potestades administrativas para declarar caducidades y limitaciones por doquier, eliminando cualquier huella del mercado!

 

Además, si se observa la realidad, las aguas ya son bienes públicos (del pueblo), comunes de los usuarios de cada río, de cada acuífero. ¿Se ha consultado a ese pueblo usuario de las aguas si tal estatización le sirve para algo? No debe olvidarse que las aguas de cada río, de cada acuífero, solo las pueden usar quienes tienen derecho a extraerlas; y tales aguas están sujetas al reparto o autogestión colectiva de sus titulares de derechos, a través de juntas de vigilancia.

 

Se dice que para regular ese recurso natural es necesario declararlo previamente del dominio del Estado, pero quienes piensan así olvidan que la desestatización de los recursos naturales ha sido una consolidada tendencia legislativa en nuestro país; y el último ejemplo ha sido la Ley de Pesca, en 2012. En el caso de los peces era ridículo (pues se llegó a plantear que era necesario declararlos previamente del dominio del Estado), pero el Poder Legislativo actuó con sensatez, y simplemente reguló la pesca, sin declaración apriorística alguna de los peces como propiedad del Estado.

 

(…)

En las aguas están repartidos los poderes para el Estado, la sociedad y el mercado, y ahora se desea entregar una cuota enorme de ese poder a la burocracia estatal. Con una exacerbación de lo estatista, ¿no se irá a romper un razonable equilibrio?

 

Alejandro Vergara Blanco

Profesor titular de Derecho Administrativo

Pontificia Universidad Católica de Chile

Fuente: http://www.elmercurio.com/blogs/2014/08/26/24681/Que-persigue-una-estatizacion-de-las-aguas.aspx

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