Frente a Frente: ¿Corresponde invocar objeción de conciencia para no entregar el anticonceptivo de emergencia?

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* Es una opción válida
Manuel Uzal, investigador Fundación Jaime Guzmán

(…) Existen numerosos estudios científicos publicados que demuestran que la píldora poscoital puede impedir la implantación de un embrión, produciendo un aborto precoz. ¿Qué puede hacer un funcionario sanitario requerido de suministrar este método? Tiene la opción de rechazar la solicitud alegando objeción de conciencia. Vale decir, puede negarse a cumplir lo mandado por una norma del ordenamiento jurídico, porque su cumplimiento es incompatible con el respeto debido a un valor moral objetivo -en este caso, la intangibilidad de la vida humana- percibido por la propia conciencia.

¿Es legítimo actuar de esta forma? Por supuesto. La conciencia constituye el núcleo central y básico de la personalidad del ser humano. En ella radica su dimensión ética, determinando en gran medida la conducta de la persona. Dada la unidad que existe entre el pensamiento y la acción, la libertad de conciencia -reconocida en nuestra Constitución y en una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos- ampara no sólo el pensamiento, sino las actuaciones conforme a él, siempre que no vulnere la moral, el orden público y las buenas costumbres. Lo anterior significa que no se puede objetar -caprichosamente- cualquier norma con la que no se esté de acuerdo, sino solamente aquellas que, como ya se ha dicho, contravienen valores morales claros y objetivos, como la defensa de los derechos humanos.

¿Debe estar reconocido el derecho a la objeción de conciencia para poder alegarse? De ninguna manera. Sostener que el objetor de conciencia sólo puede alegar esta situación si está contemplada en la ley, constituye una “petición de principio”, pues lo que se objeta es justamente esa ley que -con sólidos fundamentos- se considera injusta. Lo contrario es creer que todo lo legal, por el sólo hecho de serlo, es bueno y justo. Sin embargo, la experiencia indica que no todo lo que emana de la autoridad civil es per se justo, aunque se adecue a procedimientos formales. De esa premisa parten los totalitarismos.

No es cierto, por tanto, que los objetores de conciencia fomenten la desobediencia, el caos o la anarquía, como tampoco es cierto que, de aceptar la objeción de conciencia, se vulneraría la certeza jurídica. La ley siempre debe ser obedecida -también como un deber de conciencia- pero para que lo sea realmente, y se haga exigible, debe ser justa. Para evitar que los ciudadanos deban recurrir a este mecanismo basta con frenar la incontinencia legal de algunas autoridades, que creen tener entre sus atribuciones la lesión de la dignidad de las personas y la posibilidad de obligar a terceros a hacerlo.

* Siempre que no se vulneren derechos       Jorge Contesse, profesor de Derecho

Una de las áreas más complejas para el diseño de políticas y regulaciones es aquella donde se cruzan el derecho, la política y la moral. Y uno de los temas que suele convocar esta clase de dilemas es el de la objeción de conciencia, que consiste básicamente en el rechazo de una persona a cumplir con un mandato legal fundado en convicciones morales o religiosas profundas. Las democracias constitucionales, respetuosas como son de los derechos fundamentales, deben, en principio, aceptar casos de objeción de conciencia.

Ahora bien, lo anterior no puede implicar abrir la puerta para que las personas, amparadas en ella, simplemente desconozcan el derecho porque están en desacuerdo con él. Así, los casos en los cuales se admite que un individuo objete el cumplimiento de mandatos legales en razón de los dictados de su conciencia deben ser interpretados de manera estricta. Uno de estos casos es el de los funcionarios de la salud que rechazan llevar adelante determinados tratamientos médicos, como por ejemplo, abortos o eutanasias, en base a sus convicciones personales.

(…) Esa estrictez está ausente en el documento que ha publicado recientemente la Fundación Jaime Guzmán (FJG) respecto al derecho que tendrían los funcionarios de la salud para negarse a entregar la “píldora del día después”. Dicho documento tiene al menos dos problemas: primero, sugiere que en muchas ocasiones la píldora tendría efectos abortivos, lo que va en contra de la más sólida evidencia científica disponible; y en segundo lugar, no contempla ningún requisito para la objeción de conciencia, transformándolo en una suerte de derecho absoluto.

(…) El respeto a la objeción de conciencia no puede nunca significar la lesión a los derechos de terceras personas. Al omitir referencias a los requisitos que se deben imponer para aceptar la objeción de conciencia, la FJG transforma a ésta en un derecho absoluto y, con ello, abre nada menos que la posibilidad de seguir vulnerando los derechos humanos de las mujeres.

http://diario.latercera.com/2013/06/16/01/contenido/opinion/11-139445-9-frente-a-frente-corresponde-invocar-objecion-de-conciencia-para-no-entregar-el.shtml

 

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