Desnaturalización del proyecto de aborto

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La iniciativa del gobierno va más allá que lo que se anunció, pues en los hechos no es una mera despenalización en casos excepcionales.

Editorial La Tercera 8/2/2015

El debate suscitado por las declaraciones del rector de la Universidad Católica, señalando que los servicios de la red de salud de esa casa de estudios en ningún caso realizarán prácticas abortivas -a las que se han sumado otras entidades privadas de salud-, han puesto de manifiesto el alcance del proyecto de ley presentado por el gobierno, que va más allá de simplemente despenalizar el aborto en tres casos de excepción, como se ha dicho. En efecto, estas causales no sólo han sido concebidas en términos muy amplios y subjetivos, sino que además en esos casos será obligatorio para los establecimientos de salud y sus médicos realizar la interrupción del embarazo a requerimiento de la mujer.

La despenalización consagra como justificación que la madre se encuentre en riesgo vital, ya sea que éste sea presente o futuro. Esta segunda alternativa vuelve altamente hipotético el riesgo para la vida, cuya calificación será subjetiva y discrecional, bastando que dos médicos así lo consideren. Por otra parte, tratándose de una violación, hay que recordar que conforme al Código Penal la configuran, además de la fuerza física -que es la situación más fácil de comprobar y que las personas suelen identificar con ese delito- situaciones de intimidación o si la víctima está privada de sentido o incapacitada para oponerse. Estos casos pueden ser confusos y en muchas ocasiones el supuesto autor reclama que hubo una relación consentida, alegación en torno a la cual gira el proceso penal.

Sin embargo, el proyecto de ley prescinde de las consideraciones de la ley criminal, entregando el discernimiento si se configura la causal a un equipo médico que al efecto se constituirá. Hay aquí indefinición y un claro espacio para la discrecionalidad. De hecho, puede presentarse la inconsistencia de que en el juicio penal posterior se resuelva que no hubo violación.

Pero más grave aún, son las normas que imponen a los facultativos y centros de salud el deber de practicar la interrupción de embarazos, cuando se haya definido que concurre alguna de dichas causales. La normativa propuesta no distingue entre establecimientos públicos o privados, reciban o no financiamiento del Estado, quedando todos obligados a realizar el aborto cuando la mujer lo exija en esos casos. Únicamente se exceptuarán los médicos que se hayan declarado previamente como objetores de conciencia, pero ni aun así podrán oponerse cuando no haya otro que pueda practicar el aborto, lo que es incoherente con la objeción de conciencia, que no podrá ser invocada en la circunstancia que verdaderamente importa.

Como consecuencia de todo ello, no se reconoce el derecho de los centros de salud a definir una política contraria, con el argumento de que carecen de “conciencia”, como si esa fuera la única excepción válida. Las personas jurídicas se forman para cumplir ciertos fines y de acuerdo a los valores que sus fundadores les imprimen, los que deben ser respetados y se violenta el derecho de asociación cuando no son reconocidos.

El proyecto de ley enviado por el gobierno al Congreso va más allá que lo que se anunció, pues no es una mera despenalización del aborto en casos excepcionales, sino que permite la interrupción del embarazo con criterios flexibles y, lo que es más grave, obliga a terceros a realizarlo cuando se está frente a ellos. Una regulación de este tipo violenta el sentimiento y la libertad de vastos sectores ciudadanos, que tienen un sentir distinto en este tema, que toca convicciones muy profundas, y no es propio de un Estado democrático.

Las destempladas descalificaciones hacia quienes han manifestado justificadas objeciones hacia este proyecto no contribuyen al tono ni la profundidad que debe imperar en la discusión de un tema altamente sensible. Las veladas amenazas que profirió un parlamentario oficialista hacia la Universidad Católica -sugiriendo que habría que “expropiarla”-, si bien fueron posteriormente matizadas, dan cuenta de un espíritu poco edificante y la intencionalidad de una parte del oficialismo por imponer un proyecto.

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