Segundo Tribunal Ambiental

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El planteamiento del ministro José Ignacio Vásquez, Presidente del Segundo Tribunal Ambiental, no deja de ser preocupante; uno de los medios que él propone es recurrir a los “valores y principios constitucionales e internacionales”. “Es preocupante porque denota una falta de comprensión acerca de la naturaleza de estos tribunales, que no es otra que la de un tribunal contencioso-administrativo específico, al cual queda encomendada la revisión de la legalidad y el control de la discrecionalidad de determinados actos de la autoridad ambiental”.

Señor director:

En una columna publicada el jueves 27 de marzo en este medio, el ministro presidente del Segundo Tribunal Ambiental, José Ignacio Vásquez, da cuenta de los desafíos que supone la entrada en funcionamiento de este órgano jurisdiccional.

El objetivo de estos tribunales es la resolución de conflictos en material ambiental, en los cuales esté involucrado un acto de la autoridad, por lo que los medios que se utilizan para lograr ese objetivo no son indiferentes. Es ahí donde el planteamiento del ministro Vásquez no deja de ser preocupante; uno de los medios que él propone es recurrir a los “valores y principios constitucionales e internacionales”.

Es preocupante porque denota una falta de comprensión acerca de la naturaleza de estos tribunales, que no es otra que la de un tribunal contencioso-administrativo específico, al cual queda encomendada la revisión de la legalidad y el control de la discrecionalidad de determinados actos de la autoridad ambiental.

Más aún: durante la discusión legislativa se planteó la posibilidad de atribuirles competencias a los tribunales ambientales para la tutela de derechos fundamentales, pero fue expresamente rechazada. Es de esperar que a la hora de resolver conflictos jurídicos ambientales estos tribunales tengan clara la naturaleza de sus competencias. De lo contrario, inversionistas, ciudadanos y el Estado quedarán permanentemente expuestos a la incerteza que genera el recurrir a valores y principios como medio de decisión de los asuntos, que incentiva su resolución al margen de las reglas de juego que el sistema legal ha proporcionado.

Como advirtiera Kelsen hace años, la utilización de estos valores y principios pura y simplemente lleva inevitablemente a los jueces a hacer política pública, algo que el propio ministro Vásquez reconoce que los tribunales ambientales no pueden hacer.
Luis Cordero Vega
Profesor de Derecho Administrativo, Universidad de Chile

Matías Guiloff Titiun
Programa de Derecho y Política Ambiental UDP

NOTA ORIGINAL LA TERCERA

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