Viabilidad política y legal de las reformas constitucionales

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El modo legal y legítimo de reformar la Constitución es a través de los mecanismos que ella misma fija, garantía esencial para la estabilidad que requiere el país.

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Los integrantes de la comisión constitucional de la candidatura del pacto Nueva Mayoría han acordado una serie de propuestas para modificar la Carta Fundamental, que serán sometidas a decisión de la candidata. El texto abarca variados temas, pero destacan algunos susceptibles de provocar fuerte controversia: aspectos valóricos, como la consagración de derechos sexuales y reproductivos, la interrupción voluntaria del embarazo bajo ciertas modalidades o plazos, o abrir la puerta a hipótesis de eutanasia; o institucionales, como la eliminación del capítulo relativo a las Fuerzas Armadas o la disminución de los quórum para reformar la Constitución, con la posibilidad de someter a referéndum las desavenencias entre el Presidente y el Congreso.

Una parte importante de las reformas sugeridas demanda para su aprobación quórum elevados, de tres quintos o incluso dos tercios de los parlamentarios, lo que hace imprescindible para la Nueva Mayoría no sólo llegar a La Moneda, sino también conseguir numerosos “doblajes” en los comicios de diputados y senadores, o bien acuerdos con otros sectores representados en el Congreso. Ello explica los reiterados llamados que ha hecho la abanderada del pacto para alcanzar una mayoría relevante en la votación parlamentaria de noviembre.

Desde hace meses, diversos candidatos y sectores han venido impulsando la idea de reformar la Constitución, aunque el debate ha carecido de la profundidad requerida a la luz de la importancia y profundidad de los cambios planteados. En vez de definir ciertos objetivos o políticas que pueden requerir de un cambio constitucional, primer paso indispensable para entender sus alcances, se ha sostenido a priori que es necesario reformar la Carta Fundamental y ese solo hecho traería beneficios para el país. Sectores más radicales han llegado a señalar, incluso, que las modificaciones se harán por “las buenas o por las malas”, y el encargado de la comisión declaró que el debate se plantearía en el Congreso -lo cual fue ratificado por la propia candidata- aunque luego insinuó que si la centroderecha no aprueba los cambios, se recurriría a métodos extra-institucionales.

Naturalmente, la única manera legal y legítima de alterar la Constitución es a través de los mecanismos que ella misma fija. No es efectivo, como se ha pretendido hacer creer, que pueda recurrirse a un plebiscito para zanjar las diferencias, pues la Constitución no contempla esa vía. En efecto, sólo admite que el Presidente llame a plebiscito cuando el Congreso insiste por dos tercios en aprobar una reforma que ha sido vetada por él, lo que es muy distinto del rechazo de una reforma que haya planteado por falta de apoyo suficiente en el Congreso. Un mecanismo así requiere de una reforma a la Constitución, sancionada conforme las normas vigentes. Cualquier acción destinada a soslayar esta realidad sería un resquicio legal y una forma de quebrantar la institucionalidad que no se aviene a todo el avance que ha logrado el país en términos de estabilidad y solución civilizada de las diferencias políticas.

El juego democrático exige posturas viables y respeto por las reglas y las minorías; y los quórum buscan, precisamente, dar ciertas garantías a éstas, promoviendo consensos en materias que son vistas como cruciales para uno y otro sector.

http://diario.latercera.com/2013/09/29/01/contenido/opinion/11-147332-9-viabilidad-politica-y-legal-de-las-reformas-constitucionales.shtml

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