Para donde conduce la reforma educacional.

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Vuelta al cogobierno universitario?

Moisés Silva: “No cabe transferir a la universidad los ideales de “igualdad de derechos” y de “una persona, un voto” que se aplican a los ciudadanos en una democracia. La homogeneidad aquí deviene del hecho que están en juego cuestiones primarias…”

El ministro de Educación anunció, cediendo a exigencias de dirigentes de universidades del sector público, la iniciativa de permitir la participación de estudiantes y funcionarios en el gobierno de las instituciones. Hoy, muchas de las universidades, públicas y privadas no tradicionales, integran representantes de los alumnos en distintos niveles colegiados de gobierno, donde pueden así ser escuchados en los temas que allí se discuten. Sin embargo, la propuesta implica una participación con derecho a voto, volviéndose así al cogobierno. Algo que parecía desterrado de la academia, impuesto en las universidades hasta 1973, y que tanto aportó a la crisis universitaria de la época.

El ministro ha dicho que la iniciativa no sería impositiva, y que cada institución podrá decidir si da o no espacio al cogobierno. Lamentablemente la experiencia y lo ya observado en las movilizaciones recientes muestran que las dirigencias estudiantiles y algunas sindicales o gremiales son asumidas por grupos donde se imponen orientaciones políticas partidistas, usualmente de índole extrema, y que tienden a imponer sus exigencias vía actos violentos como es la “toma” de establecimientos, entre otras. Y es claro, por lo demás, que si el modelo se asume en algunas instituciones, probablemente las estatales, ello terminará siendo difícil de evitar por las demás. Facilitado por rectorías que, como en el pasado, creerán así aplacar agitaciones internas.

Se esgrime que el cogobierno es un mecanismo de participación propio de una organización moderna, y se le asocia con la búsqueda de una mayor democratización. Argumentación que puede entrampar a una mente desprevenida.

La improcedencia e ineficacia del cogobierno de docentes, alumnos y funcionarios no proviene de la mera experiencia sufrida en Chile. Algo que aún se observa en universidades públicas latinoamericanas, donde directivos y profesores reconocen que el cogobierno entraba el desarrollo e incluso bordea la corrupción, al confundirse jueces y partes en lo académico y lo gremial.

Si la ineficacia del cogobierno fue manifiesta aquí en el pasado, más lo sería en un escenario como el de hoy. Uno que es de competitividad institucional, donde el Estado ya no entrega todos los recursos a ciegas y el éxito exige una gestión capaz de garantizar calidad a la sociedad que en última instancia sostiene a la universidad.

La improcedencia del cogobierno posee también raíces de principio. Dada la naturaleza de su quehacer, la universidad no es una organización democrática en el sentido político. En verdad es acusadamente jerárquica. Y la integración de actores distintos a los profesores y expertos profesionales en la gestión académica conlleva contradicciones que terminan paralizando y distorsionando la universidad. Esto no supone, repetimos, la ausencia de participación de los alumnos. Por el contrario, ellos deben situarse en el centro mismo de la acción curricular y su opinión debe ser escuchada por canales adecuados en distintos niveles.
En toda asociación a la cual se llega por invitación o competición el poder corresponde a quienes tienen la competencia, es decir, la capacidad para hacer y responder por lo que se hace. Y es evidente que en la universidad es el profesor quien posee la facultad para cultivar y transferir el conocimiento. El alumno busca formarse, constituyéndose en un “peticionario” de educación. Esto establece un orden jerárquico natural. Aún al interior de cada estamento, estudiantil, docente y no académico se dan categorías de competencia que siempre deben distinguirse. Sería una perversión de tal orden si el alumno tuviese que decidir, por ejemplo, y como ocurrió en aquel pasado, la designación de directivos, la contratación de profesores o la adquisición de medios educacionales y de investigación. El profesor menoscabaría su libertad y autoridad y se dañaría la fe que el alumno necesita depositar en aquel. Por otro lado, la relación del estudiante con la institución es instrumental y temporal. El profesor puede pasar toda su vida en ella. Son horizontes muy diferentes.

En cuanto a los funcionarios, se trata de trabajadores cuyo servicio de apoyo para que funcione la tarea académica es sin duda importante, y debe ser siempre valorada en términos de su efectividad. Pero no tienen lugar en la escala de la jerarquía académica ni así en el gobierno de la enseñanza y la investigación.

No cabe transferir a la universidad los ideales de “igualdad de derechos” y de “una persona, un voto” que se aplican a los ciudadanos en una democracia. La homogeneidad aquí deviene del hecho que están en juego cuestiones primarias, como la libertad, el trabajo y la propiedad.
Por cierto que la universidad es democrática en cuanto el saber debe buscarse y transmitirse sin hacer acepción de ideología, religión, raza o nivel socioeconómico. Y al respecto, sí que hay mucho por hacer.

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