La “derecha” comienza a abrirse para una nueva constitución: es jugar con fuego

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La dimensión económica del incierto debate constitucional

Felipe Larraín: “Solo las guerras y revoluciones tienen efectos económicos, políticos y sociales más directos e inmediatos que el estreno de una nueva Carta Fundamental…”            Sábado 4-4-2015

La reforma constitucional que se ha propuesto llevar a cabo este gobierno definirá el futuro desempeño de las instituciones políticas y económicas de Chile. Junto con ello, determinará las posibilidades de progreso material y movilidad social de millones de chilenos. La derogación de un texto constitucional vigente es la mayor modificación en la hoja de ruta que puede experimentar un país. Solo las guerras y revoluciones tienen efectos económicos, políticos y sociales más directos e inmediatos que el estreno de una nueva Carta Fundamental. Es, quizás, por la imperiosa necesidad de generar certeza jurídica y política -única vía posible para el desarrollo de cualquier civilización- que en los últimos 180 años de historia republicana solo hemos contado con tres textos constitucionales.
Una nueva Constitución no solamente tendrá el deber de determinar las limitaciones del poder del Estado en su relación con los ciudadanos, sino que también deberá contener principios y normas -claros y flexibles, pero definidos- en materia económica. Es por ello que la denominada madre de todas las reformas ya no tan solo compete en forma exclusiva a los abogados constitucionalistas. Parafraseando a George Clemenceau, Primer Ministro de Francia durante la Tercera República, la reforma constitucional es un tema demasiado importante como para dejársela solamente a los abogados. Es la sociedad toda la que debe involucrarse en este debate.

Durante este mes debería conocerse el cronograma de trabajo preparado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia a fin de modificar la Carta Magna que nos rige desde 1980. Aún no hay un panorama claro de lo que se aspira en esta materia, así como tampoco qué cambios concretos se pretende impulsar, salvo los escuetos enunciados del programa de gobierno de la Nueva Mayoría. De hecho, aún no se descarta del todo la conformación de una asamblea constituyente, elemento que agrega una dosis especial de incertidumbre, toda vez que esta institución se utiliza, generalmente, luego de graves rupturas institucionales.

Sin embargo, el efecto económico de las Constituciones es un punto sobre el cual existe profusa investigación académica. Douglas C. North, premio Nobel de Economía 1993, investigó sobre el desarrollo económico moderno y el papel que juega el derecho de propiedad, señalando que “la organización económica eficiente es la clave del crecimiento (…) y esta organización implica el establecimiento de esquemas institucionales y derechos de propiedad que crean incentivos para canalizar el esfuerzo económico de los individuos hacia actividades que hacen que la tasa de retorno privada se acerque a la tasa de retorno social”.

Por eso vale la pena preguntarse: ¿Es necesario reemplazar la Constitución vigente, o basta con reformarla en aquellos puntos sobre los que exista consenso para hacerlo? ¿Cuál es la base objetiva para argumentar su total sustitución? Desde la ciencia económica, cualquier análisis indicaría que los principios constitutivos del orden público económico vigente han contribuido a que en las últimas tres décadas hayamos vivido un período de mejoría sostenida y significativa en la calidad de vida de los chilenos, y una reducción de la pobreza sin precedentes en nuestra historia.
La disputa sobre la legitimidad de origen de la Constitución de 1980 pertenece a una antigua discusión que hoy carece de sentido. Esta Carta Fundamental ha sido modificada en 34 oportunidades y ha sido aplicada durante más de tres décadas, permitiendo la elección democrática de cinco Presidentes de la República en seis elecciones presidenciales. Nuestra transición a la democracia ha sido reconocida internacionalmente como ejemplo de un proceso vivido en paz y con pleno apego al Estado de Derecho. Basta recordar que la actual Constitución lleva la firma del ex Presidente Ricardo Lagos y de todos sus ministros de Estado.

Pero aun cuando hasta la fecha no existe información clara y precisa sobre los cambios constitucionales que pretende patrocinar el Gobierno, las menciones efectuadas en su programa revelan varias iniciativas preocupantes desde una perspectiva económica. Entre ellas destacan la que transforma un Estado subsidiario en un Estado social de derechos; la que delimita la propiedad privada a fin de reconocer su función social de una manera incierta; aquella que aumenta el dominio público sobre los recursos naturales; la que rebaja los quórum de aprobación, modificación y derogación en el Congreso Nacional tanto de las leyes orgánicas constitucionales como de aquellas interpretativas de la Constitución; la que elimina el control preventivo obligatorio y facultativo que realiza el Tribunal Constitucional sobre normas orgánico-constitucionales; aquella que pretende fijar límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social, ya sea en el ámbito monomedial como multimedial, y la que señala que habrá una ley que establezca el nivel de autonomía del que gozará el Banco Central, entre otras.

Todos estos elementos son parte central de nuestra arquitectura económica institucional. La dirección de los cambios planteados por la Nueva Mayoría puede comprometer gravemente las posibilidades de desarrollo económico y social futuro de nuestro país.

Felipe Larraín Bascuñán Director de Clapes UC

Ex ministro de Hacienda

http://www.elmercurio.com/blogs/2015/04/04/30721/La-dimension-economica-del-incierto-debate-constitucional.aspx

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