La autonomía universitaria en peligro

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La propuesta de eliminar el financiamiento estatal a las becas y a los créditos a los estudiantes, que se ha anunciado como parte de la reforma a la educación superior y que sería una obvia consecuencia de su gratuidad para todos los estudiantes, representaría un retroceso en los estándares de autonomía y competencia que deben existir en la institucionalidad universitaria. Por el contrario, la mejor forma de garantizar la calidad debería ser el otorgamiento de los mayores recursos fiscales, respetando las opciones que libremente adopten los estudiantes acerca de dónde y qué estudiar, derechos que se verían severamente limitados si el Estado es quien decide discrecionalmente a quién se le entregan los fondos públicos. Tampoco podría obviarse que una medida como ésta afectaría al sistema universitario como tal, al poner en riesgo proyectos que no califiquen para recibir fondos públicos.

Esta semana se conocieron algunos aspectos de las reformas que se pretende impulsar en materia de financiamiento de la educación superior, para llevar a la práctica la promesa de la gratuidad, donde la meta declarada por la Presidenta Bachelet es ponerla en aplicación el año 2016. Respecto de la gratuidad, el esquema esbozado es reemplazar el ingreso que actualmente reciben las universidades a través del pago de las matrículas -que está, a su vez, financiado con créditos y becas del Estado- por un aporte fiscal directo, cuya entrega estaría condicionada a la acreditación y a la suscripción de convenios individuales entre el Estado y cada establecimiento de educación superior. Esto implica que los planteles que no se sometan al acuerdo asumen que sus estudiantes tendrán que financiar su educación sin becas.

Lo que se pretende con los convenios entre el Estado y las universidades es fijar estándares mínimos, como tasas de retención y titulación, además de fijar topes a los aranceles y exigir una cuota mínima de alumnos vulnerables. Sin embargo, utilizar esta fórmula trasladaría al gobierno de turno un poder gigantesco sobre la gestión de las universidades, al quedar condicionado su financiamiento -y por lo tanto la posibilidad de gratuidad para los estudiantes- a una negociación que fácilmente puede incorporar factores subjetivos o discrecionales, con el peligro incluso de que se impongan determinadas visiones o prioridades diferentes a las que cada universidad haya definido autónomamente. Más aún, es previsible el nivel de conflictividad que puede llegar a existir cuando los planteles universitarios y sus estudiantes presionen para obtener un mayor financiamiento.

Igualmente grave es el hecho de que se puede terminar perjudicando a proyectos universitarios que han sido claves en el incremento de la cobertura. Como resultado, se terminará afectando precisamente a quienes la reforma busca favorecer, porque esos alumnos no tendrán suficientes plazas en las universidades tradicionales y no tendrán beca para ingresar a universidades privadas.

A pesar de las múltiples falencias que tiene el actual sistema de financiamiento de la educación superior, su perfeccionamiento no puede conllevar la pérdida de los avances que ha significado. Uno central es que el financiamiento de becas y de créditos se dirige a los alumnos y no a las universidades, con lo que cada uno de ellos ostenta la libertad de elegir y “premiar” los proyectos que les parecen más sólidos y consistentes. Al mismo tiempo, esto preserva la autonomía universitaria, al no requerir la voluntad del gobierno para contar con recursos para subsistir. Por lo tanto, aun en la hipótesis de la gratuidad, sigue siendo necesario que el pago del Estado se canalice a la institución elegida libremente por el estudiante.

De lo contrario, se daría el lamentable retroceso que a partir de la reforma, en razón de la vía propuesta, la única forma de mantener la autonomía de las universidades sea que los aranceles fueran financiados íntegramente por los estudiantes. El anhelo mayoritario de lograr igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior no puede ser a costa de poner en riesgo la autonomía de los planteles.

Fuente:

http://www.latercera.com/noticia/opinion/editorial/2014/08/894-590545-9-financiamiento-y-autonomia-universitaria.shtml

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