Engendro

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La reforma educacional concibe un engendro centralizador que restringirá severamente la diversidad de proyectos educativos.

                                                                                          

Esta semana fue aprobada la ley que pone fin al lucro, al copago y a la selección en la educación escolar. Es la primera ley de un paquete que pretende mejorar la calidad de la educación y hacerla más inclusiva. Estos últimos objetivos son generalmente compartidos. No obstante esta ley, mal concebida y fruto de compromisos partidarios, no contribuirá en absoluto a los fines mencionados.

El sistema educacional vigente respeta los principios inherentes al rol subsidiario del Estado y, en particular, la idea de la provisión privada de bienes públicos. Como parte del proceso de igualación de oportunidades -un concepto afín a la inclusión-, el gobierno militar optó por asegurar educación escolar gratuita. Para ampliar las opciones y por motivos de eficiencia, decidió hacerlo por la vía de un subsidio (bono o voucher) a la demanda. El mercado y la competencia generarían así la mayor gama de proyectos educacionales alternativos posibles, tal como la mejor calidad de educación, restringida, entre otras cosas,  por el monto del bono (voucher).  Como este último ha sido muy mezquino, la calidad de la educación pública   -que incluye aquella impartida por los colegios privados subsidiados y por los municipales- no ha mejorado lo suficiente para lograr la anhelada inclusión.

En este escenario, el gobierno optó por realizar la actual y conocida reforma educacional. En vez de hacer esfuerzos para elevar la calidad de la educación pública con la finalidad de nivelarla con la particular pagada -la forma más efectiva de lograr la inclusión buscada-, decidió reestructurar primero el sistema para centralizar su manejo. Así, el proyecto aprobado tendrá las siguientes consecuencias:

Primero, una alta proporción de los recursos frescos destinados a la educación escolar se gastarán en meras transferencias, una parte para eliminar el copago y el saldo, para financiar operaciones inmobiliarias asociadas al cambio de status legal de los colegios privados subsidiados. El efecto de este gasto sobre la calidad de la educación es, por supuesto, casi nulo.

Segundo, otra parte de estos recursos frescos se deberán destinar a financiar más burocracia, privada y estatal, para fiscalizar la ausencia de lucro, entre otras muchas materias. Esta no es sólo una fuente de ineficiencia, sino también de corrupción.

Tercero, los escasos recursos frescos restantes que se puedan destinar a mejorar efectivamente la calidad de la educación pública, en ningún caso serán los suficientes para mejorar significativamente aquella. Y mientras lo último no suceda, seguiremos teniendo educación de primera para unos y de tercera para otros.

Y lo más grave, la recién aprobada ley concibe un engendro centralizador creado a partir de la modificación de nuestro actual sistema de subsidio a la demanda en la educación. En virtud de este engendro se restringirá potencial y severamente la diversidad de la oferta de proyectos educativos y por ende, las posibilidades de los padres de escoger el tipo de educación que desean para sus hijos.

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