Violencia en las consultas

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Estimado radioyente:

El reciente fracaso de las reuniones promovidas por el Gobierno con las comunidades indígenas, con el objeto de consultar la opinión de los pueblos originarios respecto de los cambios planteados en la Ley Indígena, ha sido causa del cambio del Ministro del ramo y de un congelamiento de esas consultas.

La situación producida llama la atención y levanta algunas preguntas que son importantes de responder.

En primer lugar, toda vez que alguien es llamado a oír y ser oído, por parte de autoridades nacionales sobre temas que le dicen respecto, obviamente que se constituye una instancia apta para, en primer lugar conocer bien los alcances de la ley y, en segundo lugar, para poder expresar frente a las autoridades convocantes, cuanto a sus propios pares, sus posiciones de rechazo o de aceptación de las medidas propuestas.

En principio son estas las condiciones propias de un diálogo civilizado. Conocer la materia, exponer las propias posiciones, objetar los argumentos contrarios y, si posible, llegar a un acuerdo en aquello que sea posible.

El País se formó así. La existencia de diferentes partidos políticos que discuten en el Congreso los distintos proyectos que son sometidos a su conocimiento, aprobación o rechazo.

Imagine nuestro auditor que al comienzo de un debate de alguna ley en particular, los representantes de un partido llegasen con laque y objetos contundentes para poner fuera del hemiciclo a los representantes de los otros partidos con los cuales ellos no concordaran. Sería el fin del Estado de Derecho.

Bueno, precisamente esto es lo que ha ocurrido por ocasión de las reuniones convocadas por la autoridad para oír la opinión de los sectores más concernidos en la ley indígena, es decir aquellos que viven y trabajan en la tierra en el sector de la Araucanía.

Antes mismo de empezar a oír a quienes se convocan para la reunión, elementos violentistas proceden a impedir que pueda llevarse a cabo la sesión, con instrumentos como el laque, los puntapiés, groserías y todo tipo de manifestaciones que junto con poner en riesgo a los propios mapuches presentes, hacen imposible su realización.

¿Es lógica esta actitud?

Quizá algún auditor nos responda que una vez que ellos no tienen otra forma de hacerse oír sino de este modo, no les queda más que recurrir a la violencia.

Respondemos que si se aceptase este principio habría también que aceptar las manifestaciones violentas con bombas molotov al interior del Instituto Nacional y de otros colegios por parte de alumnos descontentos con la ley de Educación. Si ellos son jóvenes que no pueden siquiera votar, ¿qué otro modo de manifestarse pueden tener?

Así sucesivamente habría que aceptar el principio de Maquiavelo que el “fin justifica los medios”, cosa que está completamente opuesto al de una sociedad civilizada en que los medios para alcanzar un fin, por mejor que éste sea, siempre deben ser lícitos, legales y pacíficos.

Pasando al centro del debate respecto al rechazo de esos manifestantes, que no pasan de una minoría ruidosa, ¿qué es lo que ellos no aceptan de plano?

Es la supuesta privatización de las tierras a quienes la posean. Lo que a su vez levanta otra pregunta, ¿pueden los mapuches ser propietarios o no se les debe dar ese derecho?

Digamos en primer lugar que el tema ya ha sido zanjado por la historia. La mayor parte de los mapuches vive y trabaja en zona urbana y está completamente bien instalado en la sociedad chilena como un ciudadano más del País. Además la mayoría de ellos han conseguido buenos trabajos, han sido capaces de ahorrar y poseen propiedades, que puede ser su propia casa, su automóvil y quizá otras comodidades mayores.

Negar el derecho a la propiedad por parte de una etnia, es no reconocerles el derecho de ser hombres libres e iguales al resto de los chilenos; es someterlos a una “minoría de edad” perpetua, lo que en otras palabras significa la pobreza endémica y el subdesarrollo obligatorio.

Quienes promueven estos atentados sostienen que la propiedad de la tierra para los pueblos originales no es sólo un bien “economicista” sino una cosmovisión propia de la vida y del ambiente y que al privatizarla si viola esa cosmovisión.

Digamos que sea así y que la mayoría de los pueblos originarios prefiera poseer todo en común y no en propiedad privada. Si tal fuera la realidad, no habría por qué preocuparse porque la ley establezca el derecho de poseer en privado, pues si todos prefieren en común, no será por una ley que cambiarán sus preferencias.

Sería como religiosos que viven en un convento. Ellos renuncian, por el voto de pobreza, a la propiedad privada, pero eso no significa que impidan a otros el derecho de poseer bienes para sí y para su familia. Pretender esto sería como querer que todos los chilenos hicieran voto de pobreza, lo que obviamente es un absurdo.

Pero, a lo anterior se suma un hecho innegable. La mayoría de las personas que viven en la zona de la Araucanía y se reconocen como mapuches son favorables a tener su tierra en propiedad. Es lo que arrojó la última encuesta del Instituto de Libertad y Desarrollo efectuada el pasado mes de mayo en las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Nueva Imperial, Villarrica, Lautaro, Freire, Carahue, Saavedra, Vilcún, Victoria, Cholchol, Pitrufquén y Galvarino.

Veamos los resultados de la encuesta.

En materia de tierras, un 94% de quienes habitan en zona rural declara preferir los títulos de dominio individual frente a los de dominio en comunidad. En tanto, entre quienes habitan en zona urbana, un 59% prefiere vivir en la ciudad y un 41%, vivir del trabajo de la tierra y ser parte de una comunidad.

Un 58% de la población encuestada está de acuerdo con que los mapuche deben tener derecho a arrendar sus tierras y un 50% que deben tener derecho a venderlas.

La mayoría (un 83%) está de acuerdo o muy de acuerdo con la entrega de tierras mediante títulos individuales en vez de la entrega a comunidades. Al igual que el 65% que está de acuerdo o muy de acuerdo con que a las comunidades titulares de tierras se les permita dividir total o parcialmente sus títulos en común.

En tanto, un 83% cree que las acciones violentas de algunos grupos para recuperar sus tierras no son legítimas y un 94% cree que el uso de esta violencia ha afectado la imagen del pueblo mapuche.

Acerca de la situación socioeconómica, la principal fuente de ingresos familiares de los encuestados es el comercio (29%), seguido por la agricultura (21%). Ahora bien, si se divide por el sector en que habitan, de las personas que viven en zona urbana, un 37% tiene como principal fuente de ingresos el comercio; mientras que de las personas que viven en zona rural, un 57% tiene como principal fuente de ingreso la agricultura”.

Hasta ahí los datos de la encuesta, con un margen de un 5% de error, de acuerdo a sus autores.

La conclusión es clara:

Existe una especie de fundamentalismo indígena que impide la libre manifestación de sus pares que quieren progresar al igual que todos los chilenos.

Igualmente impiden la práctica de la religión católica quemando los lugares de culto, porque ellos no estarían de acuerdo a su “cosmovisión”

Se unen con elementos políticos que están interesados en manejarlos como “carne de cañón” para mantener un clima de violencia e insatisfacción, similar al que el País vivió en décadas pasadas.

Todo lo cual debe llevar a tener la máxima desconfianza tanto sobre sus alegados motivos, cuanto sobre sus ilegales métodos, pues ellos -en la práctica- están funcionando como un grupo de presión que pretende incendiar una zona del País que hasta el momento vivió tranquila y trabajando, para poder salir adelante en medio de las dificultades económicas que afectan a todos los chilenos que viven de la pequeña agricultura.

Lo que está en juego es la tranquilidad de muchas familias trabajadoras, y en un plano mayor, la paz de todo el País.

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