¿Qué pensar de la PSU?

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Todos los años, después de conocerse los resultado de la Prueba de Selección universitaria, surgen invariablemente los mismos comentarios.

Ella sería “clasista” porque los más altos porcentajes los obtienen los colegios particulares pagados. Lo afirmó el Presidente del gremio de profesores, Mario Aguilar, para quien (los resultados) vienen a ratificar los reparos serios que ya existen, sobre todo, por el carácter segregador que tiene [la prueba], dijo, tachándola de ‘clasista’“.

De acuerdo con ésta y otras opiniones similares, habría que acabar con la prueba para evitar desigualdades en el punto de partida de la carrera universitaria.

Para estos críticos, el mundo ideal sería llegar a una “inclusión” general y gratuita a todas las carreras de todas las universidades. Así, se empezaría por igual en el punto de partida de la vida académica, las diferencias vendrían por los méritos individuales posteriores.

El problema doctrinario subyacente obviamente trasciende al mero campo estudiantil, pues abarca un objetivo universal: alcanzar una quimérica igualdad desde el punto de partida. De acuerdo a este postulado, la justicia estaría en la igualdad y cualquier desigualdad sería una injustica.

¿Es esta máxima verdadera?

Analicemos el asunto desde el punto de vista de la PSU.

Comencemos por observar que sus resultados no dice relación únicamente con los esfuerzos personales de los estudiantes que la rinden, sino también son consecuencia de los esfuerzos conjugados de sus padres y del Estado.

En primer lugar el de los padres. ¿Tienen ellos derecho a esforzarse para alcanzar una mejor educación para sus hijos? ¿Tienen derecho a pagar colegios particulares exigentes si sus medios financieros se lo permiten?

Es claro que sí. Los padres no trabajan solamente para su exclusivo provecho. Su principal preocupación naturalmente está en el futuro de sus hijos. Negarles el derecho de traspasar el fruto de sus esfuerzos para darles una educación de excelencia, es quitarles uno de los principales incentivos a su trabajo. Es condenarlos a la mediocridad.

¿Y es justo que existan colegios particulares pagados que obtengan habitualmente los más altos puntajes?

También respondemos por la afirmativa. Si es justo que los padres transmitan los frutos de sus esfuerzos a sus hijos, es justo también que existan establecimientos educacionales que puedan hacer efectivo este derecho y es sano que haya una cierta competencia entre ellos y una variedad de ofertas educacionales para escoger. Negar la posibilidad de su existencia sería tan absurdo como impedir la importación de vehículos con mayor cilindrada, porque fganan las carreras. Quedaríamos como en Cuba, con vehículos de la década de los 50’ o con los Lada de triste memoria en Chile.

Nos parece oír la objeción de un lector de “buen corazón”. ¿Entonces Ud. quiere que los pobres siempre estén condenados a inscribirse en universidades o carreras menos prestigiosas y a quedarse encerrados en el espiral de la pobreza y la delincuencia?

Evidentemente que no.

Digamos, en primer lugar, que entrar a la Universidad no quiere decir necesariamente abandonar la pobreza. ¿Cuántos han gastado años de tiempo y recursos en carreras que no han terminado o con diplomas que no les han servido para el desempeño de su vida laboral?

En segundo lugar, aquí entra también el rol de los padres menos pudientes. Si ellos no tienen los medios económicos para pagar colegios caros, sí tienen los medios humanos para formarlos con fuerza de voluntad de modo a poder suplir esa carencia material. En condiciones de igualdad del coeficiente intelectual, vale mucho más un joven con fuerza de voluntad para estudiar y sin medios económicos, que otro con muchos medios económicos y sin fuerza de voluntad. Y que los hay, los hay.

A lo anterior hay que agregar el rol del Estado. Corresponde a él implementar las medidas subsidiarias para poder llenar las lagunas que los padres no puedan colmatar por sí mismos. Es aquí donde se echa de menos una “educación estatal de calidad”, en vez de una “educación inclusiva”. El Estado debe ayudar a los padres incentivando a los alumnos de colegios fiscales a desarrollar todas sus capacidades intelectuales, sin regalar notas, pero fomentando el espíritu de superación.

Un ejemplo de lo anterior es el caso del Liceo Augusto D’Halmar. Es uno de los tres mejores a nivel nacional en resultados de la Prueba de Selección Universitaria, y el mejor entre los municipales gratuitos, lugar que ha ostentado durante los últimos cuatro años.

A la pregunta de “¿cómo un liceo gratuito, con 690 alumnos en total y 53 que rindieron el examen este año logra tener, a lo menos, ocho resultados sobre los 800 y un puntaje nacional?” Responde su director, Sr. Jaime Andrade: “Acá se quedan los que se esfuerzan, los luchadores, los que quieren y pueden”. Uno de sus alumnos reconoce que para “quedarse” tuvo que renunciar al skate.

***

Resumiendo: No es buscando la igualdad que los jóvenes más capaces nacidos en familias pobres van a poder progresar. Al contrario, si imaginamos una entrada universal y sin pago a la Universidad, lo que ocurriría inmediatamente después sería que los títulos universitarios no valdrían más que el precio de una fotocopia. Entonces comenzarían los post grados, los doctorados, los magister, etc.

La igualdad es siempre la peor de las falsas soluciones pues ella es una utopía contraria a la naturaleza con que Dios nos creó.

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