Integridad de la familia natural y cristiana

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Estimado radioyente:

Es probable que Ud. haya leído la noticia del anuncio formulado en la ONU por la Presidente Bachelet del  envío de proyecto de matrimonio igualitario para el primer semestre de 2017.

De acuerdo a la “lógica” presidencial, los homosexuales estarían siendo violados en sus derechos humanos al no poder contraer matrimonio, siendo que los heterosexuales sí lo pueden hacer. De ahí que la iniciativa sea conocida como “igualitaria” pues daría similar reconocimiento a estos dos tipos de uniones.

Sucede que el matrimonio no es una unión cualquiera entre personas humanas. Ha sido fundado por el Creador, que lo ha dotado de una naturaleza propia, propiedades esenciales y finalidades. Ninguna ideología puede cancelar del espíritu humano la certeza de que el matrimonio en realidad existe únicamente entre dos personas de sexo opuesto, que por medio de la recíproca donación personal, colaboran con Dios en la generación y educación de nuevas vidas.

Además, la unión matrimonial entre el hombre y la mujer ha sido elevada por Cristo a la dignidad de sacramento. La Iglesia enseña que el matrimonio cristiano es signo eficaz de la alianza entre Cristo y la Iglesia

Por lo tanto, no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. El matrimonio es santo, mientras que las relaciones homosexuales contrastan con la ley moral natural. Los actos homosexuales,  no pueden recibir aprobación en ningún caso pues son intrínsecamente desordenados.

Además, la equiparación jurídica de las uniones homosexuales con el matrimonio acarrearía necesariamente la legalización de la procreación artificial para parejas de lesbianas, del mercado de vientres de alquiler por parte de homosexuales de sexo masculino y, por fin, de la adopción de niños por ambos tipos de parejas.

En todos esos casos, la integración de niños en tales uniones significa someterlos de hecho a violencias de distintos órdenes e introducirlos en ambientes que no favorecen su pleno desarrollo humano, en violación abierta del principio de que el interés superior que en todo caso hay que proteger es el del infante, la parte más débil e indefensa.

Además de todo lo anterior, es un hecho comprobado de que el principal interés de los homosexuales no es contraer “matrimonio”, sino que sus conductas sean socialmente reconocidas. Sólo por ello quieren la aprobación de la ley.

Como prueba empírica de lo anterior, el Registro Civil dio a conocer hace pocos días la cantidad de personas que contrajeron el Acuerdo de Unión civil (AUC), ley creada precisamente para solucionar los supuestos problemas patrimoniales de las uniones entre homosexuales.  

La información entregada por el organismo público es que el 75% de las uniones civiles contratadas corresponden a personas heterosexuales,  y menos del 25% son de personas homosexuales. El período abarcado en la información es entre octubre del año pasado y junio de este año, con un total de 10.373 uniones. Es decir, menos de 2600 uniones son de homosexuales.

Más aún, de acuerdo con la experiencia internacional el 50% de las uniones homosexuales no dura un año, por lo que a  cifra anterior no pasará a octubre de este año a más de 1300 uniones.

Hacer este show internacional para promover el mal llamado matrimonio igualitario no pasa de un intento más de la destrucción de la familia natural y cristiana.

Como si lo anterior fuera poco, el pasado 12 de septiembre, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado aprobó el proyecto de ley que “reconoce y da protección a la identidad de género” en Chile.

De acuerdo a la opinión del asesor legislativo pro familia, Cristóbal Aguilera, de aprobarse el proyecto, se cometería un “fraude a la ley”, ya que además de permitir el cambio de nombre, “sexo registral” y quirúrgico en adultos, la norma incluye estas posibilidades para los menores de edad.

La agencia ACI informó que el proyecto establece que un niño hasta los 14 años podrá cambiarse de “sexo registral” ante un juez del Tribunal de Familia por voluntad propia, para lo cual bastará solo con presentar informes médicos y psicológicos que sustenten la decisión. Peor aún, en el caso de que los padres se opongan a este cambio, el Estado le facilitará recurrir a un juez de un Tribunal de Familia para defender sus derechos a la transexualidad.

Cristóbal Aguilera explicó que la normativa es una “irresponsabilidad jurídica” ya que es contraria a todas las “consideraciones  médicas, jurídicas, antropológicas” expuestas durante la discusión y no tuvo “en cuenta las graves consecuencias que tendrá para los niños de este país”.

El abogado agregó que, “En Chile los niños no pueden fumar, tomar alcohol, comprar comida chatarra en colegios. Sin embargo, se les da la opción de cambiarse personalmente y en ciertas circunstancias, contra la opinión de sus padres, de nombre y sexo legal. Cuestión que es bastante más grave y cuyas repercusiones son más profundas en la vida del niño”.

Al respecto del mismo proyecto se pronunció un grupo de 14 expertos en derecho, quienes  advirtieron que el proyecto de ley desatará “un experimento social a gran escala, de impredecibles consecuencias”.

Mediante una carta a El Mercurio el pasado 20 de agosto, los firmantes sostienen que “la identidad sexual es un atributo irrenunciable de la personalidad y que, por tanto, se encuentra fuera del ámbito legítimo de disposición”.

“Si este fuera solo un problema de salud, el proyecto de ley debería asegurar los medios para que los afectados puedan acceder a las prestaciones necesarias”. No siéndolo, afirman, “toda distinción entre hombre y mujer se vuelve arbitraria si cada individuo puede optar por su identidad sexual y desconocer su realidad biológica”.

Los juristas concluyen afirmando que “esto impactará las relaciones de familia, perdiendo todo su sentido la definición del matrimonio como unión heterosexual y trastocándose en su origen las relaciones de paternidad y maternidad”.

Por todo lo anterior, los firmantes enviaron un mensaje a los parlamentarios, en el que sostienen que: “un legislador prudente ha de procurar el bien común, reconociendo y respetando la verdad sobre la persona humana, su naturaleza sexuada y su trascendente dignidad”.

***

Y, como última palada de esta retroexcavadora anti familia, el aborto continúa inexorablemente su camino rumbo a legalizar la matanza de los inocentes no nacidos, con el apoyo de parlamentarios que se dicen “cristianos”.

Estas informaciones las proporcionamos no para desanimar a nuestros auditores. Bien por el contrario, es para que acompañen la votación de los proyectos e informen a sus conocidos de quienes votaron a favor. De este modo podrán saber en quiénes no deberán votar en las próximas elecciones.

No sólo esto. Deberán también advertir a todos sus conocidos que, de acuerdo a lo que establece la doctrina católica, ningún bautizado puede apoyar con su voto a un candidato que haya aprobado el aborto.

Para finalizar trancribimos algunos puntos dados a conocer por el Obispo Mario De Gasperin, titular de Querétaro, en Mejico,  sobre el deber de los católicos para dar el voto. El texto completo lo pueden leer en la página web del Obispado de San Bernardo:

“Los fieles católicos están obligados a ser coherentes con su fe en público y en privado; no pueden, por tanto, sin traicionarse a sí mismos, adherirse o votar por un partido o por un candidato contrario a sus convicciones religiosas y a sus exigencias morales.

POR TANTO, UN CATÓLICO:

“No puede votar por un partido o por un candidato que esté en contra del respeto absoluto que se debe a la vida humana desde la concepción hasta su desenlace natural, como serían los que propician el aborto, la eutanasia o la manipulación de los embriones.

 

“ No puede votar por un partido o por un candidato que no respete la dignidad de la persona humana, como serían los que defienden o promueven la prostitución, las uniones homosexuales o lesbianas, los anticonceptivos físicos o químicos, la pornografía especialmente la infantil, la clonación humana, el uso o tráfico de drogas, (…)

No puede votar por un partido o por un candidato que se oponga o niegue el derecho inalienable de los padres de familia a escoger el tipo de educación que, de acuerdo a sus convicciones, quieran para sus hijos”.

Gracias por su audición y recuerde que nos puede seguir en www.accionfamilia.org.

Hasta la próxima semana en esta Su emisora, en el mismo horario.

 

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