Defensa de la confesión

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Estimado radioyente:

Pocos católicos conocen todas las consecuencias que podrá traer para la libertad religiosa la ley que acaba de ser aprobada en la Cámara de Diputados obligando a los sacerdotes a violar el secreto de la confesión sacramental.

En la discusión de la iniciativa, con el pretexto falaz de la protección de los abusos a menores, se rechazó la indicación que eximía a los sacerdotes católicos de la obligación de revelar la materia confesada por el penitente, lo que coloca al religioso en una disyuntiva: O rechaza el revelar la confesión, con lo cual queda como delincuente; o revela la materia, con lo cual, de acuerdo al derecho canónico, incurre en excomunión automática que sólo puede ser levantada por el Papa.

Más aún, la iniciativa legal deja a todos los católicos con la duda si su confesión será materia de sigilo o si ella podrá ser revelada, con lo cual la confianza en el sacramento de la reconciliación cae automáticamente.

Ahora, cayendo la confianza en el sacramento que borra nuestras culpas, muchas personas dejarán de confesarse, con lo cual sus pecados no serán perdonados y pondrán en riesgo su salvación eterna.

Por lo anterior, el problema suscitado por esta ley es peor que un asunto de vida o de muerte terrena. Es un problema de salvación o condenación eterna y de libertad de poder practicar la religión católica.

Dada la envergadura del asunto nos pareció interesante en este programa de hoy transcribir el comentario emitido al respecto por un conocido agnóstico, en uno de los principales diarios del País, bajo el título “Defensa de la confesión”.

Con los debidos descuentos, le damos la palabra a Carlos Peña:

¿Debe obligarse a los sacerdotes a denunciar los delitos contra menores que conozcan en medio de la confesión?

La Cámara de Diputados, este día jueves, por la unanimidad de quienes estaban presentes (lo que ya es indicio de que no hubo demasiada reflexión), acaba de responder afirmativamente esa pregunta. La regla (aplicable a todos los credos) afectaría en especial a la Iglesia Católica, porque para ella, el secreto de confesión es inviolable.

De aprobarse la regla, los sacerdotes deberían entonces escoger entre ser fieles al derecho canónico y a su fe (que les impide revelar lo que reciban en confesión) o a la ley civil (que les obligaría a denunciar cuando alguien confiese delitos cometidos contra menores). Parece sensato; pero cuando se mira el problema más de cerca no lo es tanto.

Desde luego, las sociedades necesitan reconocer espacios de interacción a las personas que estén solamente entregados a su voluntad y nunca a disposición de terceros. Sin secreto, sin una esfera de reserva a disposición de los individuos, incluso de los peores, la libertad se lastima. El caso más obvio es el del secreto profesional de los abogados y los médicos. Si usted dispone que los abogados deben revelar los delitos que les sean confiados, la profesión legal, y con ella la defensa a que todos tienen derecho, desaparece. Y si usted obligara al psiquiatra a denunciar los hechos de índole delictiva de que toma noticia cuando atiende a sus pacientes, la terapia psiquiátrica desparecería (y como consecuencia, la conducta desviada, es probable, aumentaría). En una palabra, al establecer en esos casos el deber de denunciar, se suprimen actividades que son socialmente importantes.

Lo anterior es aplicable al secreto de confesión (sigilo sacramental, en sentido estricto). Hay algo, en efecto, que se estropearía si se amenaza a ese secreto o se lo suprime.

Se trata de la libertad religiosa.

Una sociedad abierta debe reconocer a los individuos practicar el credo y el culto que juzguen mejor o verdadero, sin que puedan ser coaccionados por adherir a él o decidir abandonarlo. Y ocurre que la confesión está en el centro mismo de la religión católica. Para un católico (enseña Santo Tomás en Summa Theologica. Supplementum, q. 11, a. 5.), el sacerdote actúa en ocasiones como persona común y corriente (y allí no está obligado al secreto) y en otras, como representante de Dios. Este último es el caso del sacramento de la confesión: cuando el sacerdote escucha los pecados y absuelve, lo hace no a título propio sino a nombre de Dios.

Es un secreto no entre dos individuos, sino de algo confesado ante Dios, ¿cómo podría entonces el sacerdote ser obligado, bajo amenaza de coacción, a revelarlo? Si se obliga al sacerdote a revelar la información que recibió durante el sacramento, en realidad se está suprimiendo a este último y lesionando esencialmente su práctica. Y como ese sacramento está en el centro mismo de la catolicidad, se estaría impidiendo que esta última se ejercite con la libertad que una sociedad abierta debe homenajear.

Alguien dirá que acá se trata de proteger a los menores indefensos de cuyo daño el sacerdote se entera; pero ese argumento no es tan fuerte como aparenta. Desde luego, si el secreto de confesión se debilita, los criminales no irán simplemente al confesionario y entonces el resultado no será que acaben los delitos sino la confesión. No hay entonces una ventaja utilitaria en suprimir el secreto. Y tampoco la hay en términos de la libertad. Habrá, en cambio, una pérdida neta de ella. Es cierto que la confesión, cuando la mira un no creyente, parece un instrumento de dominio de la conciencia ajena o un bálsamo que lava los pecados de hoy para cometer otros mañana, pero la libertad incluye la posibilidad de que los demás puedan adherir a prácticas que, salvado el derecho de terceros, parezcan absurdas.

La sociedad sería más segura si suprimimos la confianza y cada uno se convierte en policía y nadie se siente obligado a guardar confidencia alguna —como si la indiscreción fuera el supremo valor moral—, pero un mundo así, un mundo sin comunicaciones protegidas entre las personas, o entre un creyente y aquel a quien este cree su pastor, sería a poco andar no solo un mundo inhóspito para los creyentes, sino además un mundo con una porción menos de libertad para todos.

Porque acá no se trata, en verdad, de evitar un daño a terceros, sino de utilizar una libertad, la libertad religiosa, como un instrumento utilitario para obtener información de atentados a menores. Algo así no es razonable o ponderado, supone infringir la regla de proporcionalidad que obliga a que las afectaciones a una libertad fundamental (como es la libertad religiosa) solo se admita cuando no haya caminos alternativos menos lesivos para alcanzar el mismo fin. Y acá, por supuesto, que los hay.”

Para concluir nos parece oportuno dar dos ejemplos de santos que murieron en la defensa del secreto de la confesión sacramental.

San Mateo Correa Magallanes fue un mártir del sigilo sacramental, fusilado en México durante la Guerra Cristera por negarse a revelar confesiones de prisioneros rebeldes.

Nació en Tepechitlán (Zacatecas) el 22 de julio de 1866 y fue ordenado sacerdote en 1893. Se desempeñó como capellán en diversas haciendas y parroquias.

En 1927 fue arrestado por el ejército mexicano al mando del general Eulogio Ortiz.

Días más tarde, el general mandó al P. Correa a confesar a un grupo de personas que iban a ser fusiladas y después le exigió que le revelara las confesiones.

El sacerdote se negó y luego ordenaron su ejecución. Actualmente, se veneran sus restos en la Catedral de Durango.

Fue beatificado el 22 de noviembre de 1992 y canonizado por San Juan Pablo II el 21 de mayo del 2000.

Otra víctima del secreto de la confesión fue el P. Felipe Císcar Puig, un sacerdote valenciano, martirizado durante la persecución religiosa de la Guerra Civil Española (1936).

La Arquidiócesis de Valencia indicó que el P. Císcar fue conducido a la prisión de Denia (Valencia, España), donde un fraile franciscano llamado Andrés Ivars pidió confesarse a fines de agosto de 1936, porque intuía que iba a ser fusilado.

“Tras la confesión, intentaron arrancarle su contenido y ante su negativa a revelarlo, los milicianos le amenazaron con matarle”. Según la declaración de los testigos, el sacerdote respondió: “Haced lo que queráis pero yo no revelaré la confesión; antes morir que eso”,

“Al verle tan seguro, le llevaron a un simulacro de tribunal donde se le conminó para la revelación del sigilo”, y como continuó firme en su postura, afirmando que prefería morir, los milicianos le condenaron a muerte.

Subidos a un coche el 8 de septiembre de 1936, Felipe Císcar y Andrés Ivars fueron llevados a una comunidad valenciana donde fueron fusilados. Fallecieron a los 71 y 51 años de edad respectivamente.

Tanto Felipe Císcar como Andrés Ivars forman parte de la causa de canonización de los “Siervos de Dios Ricardo Pelufo Esteve y 43 compañeros y compañeras mártires”, en la que figuran un total de 36 religiosos franciscanos.

No tenemos dudas de que los sacerdotes chilenos estarán a la altura de esos modelos y se negarán a cumplir una ley que viola los derechos más sagrados del sacerdocio y de los fieles que van a confesarse. Como San Pedro dirán que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.

Muchas gracias por su audición y recuerde que puede seguirnos en esta SU emisora o en www.accionfamilia.org.

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