Aula segura, admisión justa, ley machuca.

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Estimado radioyente:

La batería de proyectos de ley, tales como Admisión justa, ley machuca y otros del género, ideados desde cómodos escritorios al borde del Pacífico, en el puerto de Valparaíso, muestran que a los parlamentarios no les falta tiempo para construir “castillos de cartas”.

Lo que les falta, y mucho, es sentido común y conocimiento de la materia sobre la cual pretenden legislar, obligando a todos a someterse a sus caprichos ideológicos.

Sí, lo que mueve a los creadores de proyectos, es la ideología de que la educación es una obligación prioritaria y monopólica del Estado, y que debe desaparecer del panorama todo lo demás: padres de familia, colegios, municipios, y demás los cuerpos intermedios entre el educando y el Estado.

Sólo así se puede explicar que, por ejemplo, como respuesta a la discusión legislativa del proyecto Admisión Justa, el Frente Amplio proponga que se fije una cuota obligatoria de 30% para matrículas gratuitas en colegios particulares pagados, a costa del propio establecimiento.

Lo anterior supone llevar a la quiebra a los colegios particulares pagados u obligarlos a contratar profesores malos y baratos, con lo cual el único resultado será el de perjudicar a los alumnos que allí estudian.

La misma ideología lleva a los dirigentes del gremio de profesores a oponerse al proyecto de MINEDUC de restaurar, en los liceos públicos de alta exigencia, la selección de alumnos mediante exámenes de ingreso, así como a la iniciativa del Gobierno de que los establecimientos puedan elegir al 100% de sus estudiantes, eliminando el actual sistema de selección aleatoria cuando hay más postulantes que puestos vacantes y que apenas permite un 30% de selección a los establecimientos especializados en áreas como arte o deportes, que suponen talentos especiales por parte de los candidatos.

Tales propuestas gubernamentales van en el sentido de poder atender las preferencias, tanto de los padres de familia, cuanto de los propios colegios e impedir que sea a través de la tómbola de la suerte, que para muchos más parece una ruleta rusa, el poder matricular a sus hijos.

Como este programa de Acción Familia que Ud. está oyendo se orienta por los principios de la doctrina católica en relación con los derechos de la familia, en especial los derechos de los progenitores, no está de más recordar algunas de sus constantes enseñanzas al respecto.

“La Iglesia (…) subraya el derecho de los padres de familia, primeros responsables de la educación de sus hijos, a elegir el tipo de educación que deseen para ellos, especialmente en las primeras edades de la vida; en este sentido, la Iglesia suscribe los textos y declaraciones que fundan el derecho de las personas a su educación y que formulan algunos de los caracteres esenciales de la misma, (…). Al mismo tiempo recuerda a los poderes públicos el deber correspondiente al derecho de los padres [es decir que]: «el Estado está obligado a conseguir que el tipo de educación que se imparte en los centros estatales respete los derechos de los alumnos y de los padres de familia, sobre todo en lo que se refiere al sentido de la vida humana y a los valores morales y religiosos»”.

Respecto al rol de los padres de familia, es esclarecedora la opinión de Eduardo Catalán, presidente de la Asociación Metropolitana de Padres, Madres y Apoderados (Amdepa). De acuerdo con él, no debería ser la Superintendencia del Ministerio de Educación sino los Centros de Padres los que actuaran como mediadores entre los apoderados y los establecimientos en temas relativos a las sanciones por faltas disciplinarias. Afirma el presidente de Amdepa: “Hoy los Centros de Apoderados son única y exclusivamente entes de negocio dentro de los centros educacionales. Se dedican a vender la corbata o la libreta, pero no a tocar temas profundos”. Para lograr un cambio en el rol de estas organizaciones, el sr. Catalán postula otorgarles una “nueva institucionalidad”.

Por otra parte, Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares (CONACEP), defiende el derecho de los colegios a imponer sanciones que sean acordes con sus proyectos educativos: “El año pasado no tuvimos problemas con la ley de inclusión, porque las familias adscriben a los proyectos educativos. No es igual que en los colegios municipales, porque los apoderados aquí están tan comprometidos como el colegio en que los niños cumplan con algunas normas”, explica.

En efecto, llama la atención que en la cartilla de derechos y deberes del estudiante, redactada por la superintendencia de educación, los derechos son presentados como la gran panacea de los estudiantes, mientras que sus “deberes” aparecen en segundo lugar y disminuidos en su presentación.

En lo que se refiere a los colegios, en la misma cartilla se establece que la Superintendencia “debe resguardar que en los establecimientos educacionales existan recursos humanos, materiales y de infraestructura adecuados para garantizar una educación de calidad”.

Sin embargo, algunos parlamentarios quieren imponer que el 30% sea matriculado con entera gratuidad, siendo que la ley de inclusión prohibió el aporte de los padres para poder mejorar las infraestructuras del colegio.

¿Cómo entender tales contradicciones sino sabiendo que ellas obedecen a la ideología estatista de que sólo el Estado el que tiene derechos de educar a los niños, a pesar de que la educación pública es de inferior calidad?

La misma ideología es permisiva en materia de disciplina. Por esta razón se han opuesto al proyecto de “Aula Segura” presentado por Mineduc, que otorgaba a los colegios recursos legales para la mantención del orden y disciplina interna y de este modo evitar hechos de desacato y violencia grave. Por ejemplo, un procedimiento simple e inmediato de expulsión y cancelación de matrícula en casos de “uso, posesión, tenencia y almacenaje de … material de uso bélico, [como] armas de fuego, municiones, explosivos, sustancias químicas usadas para la fabricación de explosivos, bastones eléctricos o electroshock, y artefactos incendiarios … como, por ejemplo, bombas Molotov”. Dicho procedimiento de expulsión sumaria también sería legal en caso de “agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos”.

No se podría pedir menos para tales delitos, tanto más cuanto dicho procedimiento de expulsión sería ejecutado “con pleno respeto al debido proceso y la posibilidad de reconsideración de la medida por parte del director”. Sin embargo, los mismos parlamentarios que ahora quieren obligar a los colegios a someterse a sus caprichos ideológicos, se opusieron tenazmente a su aprobación y consiguieron por lo menos imponer varias limitaciones a los derechos de los directores de los colegios.

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En definitiva, la palabra está con los padres de familia. Son ellos los que deben hacer valer sus derechos de principales responsables por la educación de sus hijos, y en cuanto tales, no permitir que estos legisladores, que no pasan de meros “opinólogos” en la materia, puedan usurpar un espacio que les corresponde a ellos en primer lugar.

Para ayudarlos en el ejercicio de su deber de formadores les proporcionamos dos principios de legislación que pueden invocar en todas las necesidades:

El primero es el artículo 12 inciso 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que reza: “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” –

El otro es el artículo 19 número 10 de la Constitución Política de la República de Chile, que dice: “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.”

Pero lo más importante de todo, es el deber que tienen los padres delante de Dios, de formar a sus hijos a la imagen y semejanza del Creador. Y para ello, los mismos padres deberán ser un buen espejo de esas virtudes.

Noble, pero difícil tarea. Sólo con la ayuda de la gracia, invocada por medio de la oración y de la vida interior, es que se puede cumplir tan elevado cometido.

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