“Apoderados, empodérense”

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Estimado radioyente,

De acuerdo al diccionario, se denomina “apoderado” a la persona que tiene la capacidad jurídica para actuar en nombre y por cuenta de otra.

El caso por excelencia son los padres de familia. Ellos tienen el poder y el deber de actuar en nombre de sus hijos menores de edad.

De ahí que la semana pasada, delante del prologando e indefinido paro de los profesores –ya van más de 5 semanas- la Ministra del ramo, llamó a los apoderados a “empoderarse”, pues la voz de ellos no se ha hecho oír en medio de la suspensión de clases que afecta a sus hijos y del riesgo que ellos corren de perder un año de estudios.

La queja de la Ministra parece justa. Si son los padres quienes tienen el derecho de actuar en nombre de sus hijos, corresponde a ellos tomar un papel decisivo frente al permanente chantaje que el Colegio de profesores está provocando por reivindicaciones que, al final de cuentas, no son más que mejoras de sueldo y pagos de bonos atrasados, a los que se suman distintas presiones de partidos políticos de izquierda.

Corresponde saber si realmente los apoderados se han despreocupado de la suerte de sus hijos, como parece sostener la Ministra, y si es por eso que su voz no se oye en medio del desorden que afecta a los estudiantes.

Para responder la cuestión es necesario considerar, en primer lugar, cual es el porcentaje de padres de familia que envían a sus hijos a colegios públicos, en comparación con aquellos que los envían a colegios subvencionados.

Según el último informe “La Educación en un golpe de vista”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Chile es el tercero del concierto internacional que cuenta con la menor oferta de educación estatal, sólo con un 37,5% del total.

“Esto se da por la característica que tiene el sistema chileno que permite una alta participación de los privados y porque las familias, también, han optado por los colegios privados versus los municipales, que es la oferta pública en Chile”, explicó Raúl Figueroa, director de la fundación Acción Educar y actual subsecretario del Ministerio de Educación.

Con relación a la calidad de la educación pública, cosa en la que naturalmente los padres se fijan con particular atención para matricular a sus hijos, “sólo el 30% de los estudiantes de colegios municipales que dio la PSU a fines de 2018 quedó seleccionado en las carreras universitarias a las que postularon. Las cifras contrastan con el 79% de los alumnos admitidos que salieron de establecimientos privados”.

De ahí que, según datos de la encuesta Casen, se observa que incluso en el sector de menores ingresos, el número de estudiantes que asiste a establecimientos municipales cayó de 443 mil en 2015 a un poco menos de 424 mil en 2017 (una diferencia de casi 20 mil alumnos). Expertos aseguran que hay un aumento en la preferencia por la educación particular pagada, que puede atribuirse a los efectos de la Ley de Inclusión, al ambiente de inestabilidad que ha tomado al sector público y a mejoras en la movilidad social de las familias.

O sea, cerca de 20.000 niños adicionales han sido matriculados por sus padres en colegios que no son públicos. Si suponemos que hay dos niños estudiando por familia, querría decir que diez mil familias tomaron una posición preventiva. Pusieron el “parche antes de la herida”.

¿Y qué decir del resto, o sea de las 200.000 familias que aún mantienen a sus hijos en los colegios públicos y cuya voz no se ha hecho oír?

Hace pocas semanas atrás la Asociación de Padres Fide (ANAPAF), la Confederación de Padres y Apoderados de colegios particulares subvencionados (CONFEPA) y el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), recolectaron más de 17 mil firmas pidiendo recuperar su derecho a elegir el colegio de sus hijos y se entrevistaron con la Ministra de Educación. En la oportunidad declararon que “Venimos a solicitar a la ministra de Educación que no cese en sus esfuerzos de presentar y promulgar Admisión Justa. Como padres de la educación pública, específicamente de los liceos emblemáticos, necesitamos que se produzca de forma inmediata la recuperación de la contemplación del mérito y del derecho preferente de los padres a educar sus hijos”.

Todo lo anterior muestra que los apoderados están, en cierta medida, empoderados.

¿Por qué decimos “en cierta medida”?

Porque, estas iniciativas de matricular a sus hijos fuera de la enseñanza municipalizada y de entregar una carta a la Ministra en apoyo de su gestión, que son actitudes reales y ponderables, no representan una reacción proporcionada al perjuicio que sus hijos están sufriendo con la permanente inestabilidad de clases, tanto por las huelgas de profesores cuanto por la violencia que se vive al interior de muchos de esos colegios.

Además hay otros hechos que demuestran una cierta quietud o tolerancia de los padres con la disminución de su rol de primeros educadores. Tomemos por ejemplo la polémica causada por las ordenanzas municipales y el proyecto de ley respecto a la autonomía creciente de los menores de edad.

Las ordenanzas que se impulsan desde varias municipalidades establecen un límite horario al libre tránsito de los niños en la vía pública. El proyecto de ley pretende introducir como regla constitucional la idea de que los niños incrementan poco a poco la capacidad de conducirse a sí mismos y que en consecuencia ellos tendrían una autonomía que los pondría lejos del alcance del poder patrio.

Ambas iniciativas son, bajo un aspecto, contradictorias entre sí, pues una va en la línea de limitar la libertad de los menores de edad y la otra de concederles más autonomía. Pero hay un punto en que ambas iniciativas coinciden. Es en desconocer el derecho prioritario de los padres en la educación y en la conducta de sus hijos menores de edad.

En la primera medida, o sea, regular los horarios de andar por la calle, ya no serían los padres quienes decidan sino el Alcalde correspondiente.

En la segunda, peor aún, se pretende acabar con el derecho constitucional de la patria potestad y conceder autonomía progresiva a los menores de edad.

¿Dónde está la protesta de los progenitores? ¿Cuáles son las marchas exigiendo que con mis hijos no te metas? ¿Qué declaraciones han formulado las asociaciones de padres de familia? ¿Han protestado delante de los parlamentarios que presentaron esta moción de reforma constitucional?

No las conocemos, y si no se han hecho oír es porque su volumen es tan bajo que no ha llegado al conocimiento público.

Un comentarista de medio periodístico destacó la semana pasada en su columna de opinión que llamaba también la atención “la carencia de iniciativas en las fundaciones y confesiones religiosas para articular a los padres en la defensa de sus hijos”.

La observación es pertinente. Siendo que el derecho prioritario de los padres a educar a sus hijos es un deber sagrado y defendido por el Magisterio de la Iglesia Católica como un principio no negociable, ella estaría en el deber de organizar a los padres de familias pertenecientes a la enorme red de colegios católicos a lo largo de todo el país para hacer oír la voz “empoderada de los apoderados”.

Nada de esto se ha realizado. Por eso es que decimos que sólo en “cierta medida” los padres están cumpliendo su misión.

Quedan en el aire otras preguntas: ¿cuáles son las causas de esa disminución de la preocupación de los padres? ¿Qué es lo que lleva a los padres a preocuparse efectivamente del futuro de sus hijos? ¿Qué relación tiene esta falta de volumen de la voz de los padres con el hecho de que cerca del 75% de los niños inscritos en Chile durante 2018 haya nacido fuera del matrimonio?

Son temas que dejamos para responder en un próximo programa.

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