Presión sobre la salud privada

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La trágica situación de Venezuela es el punto final del camino del gobierno Bachelet si no hay un cambio radical de rumbos; o sea, deben tirar a la basura su programa de gobierno y consolidar una política que defienda los principios de la moral natural y cristiana. Y, en el terreno económico y social, reconducir al Estado a su papel subsidiario, dejando que la actividad privada y a libre iniciativa sean el motor propulsor de la actividad.

 

Con las reformas que el Gobierno quiere hacer al sistema de isapres es difícil que se pueda seguir hablando de aseguradoras privadas de salud…

El gobierno de la Nueva Mayoría comenzó a impulsar su programa con mucha decisión y vigor, centrado en lo que se llamaron las tres reformas mayores: la reforma educacional, la tributaria y una nueva Constitución. Sin embargo, aunque en las dos primeras encontró más resistencia de la esperada y la tercera no ha avanzado mayormente, el ánimo reformista parece haberse ido intensificando con el tiempo. Aunque no figuraban en el programa como tales, la reforma laboral y la reforma al sistema de salud privada van tomando la delantera en los cambios que el Gobierno está impulsando en estos meses.
En el caso de la reforma a la salud privada, hay indicios de que lo que se estaría buscando es terminar con el sistema de isapres como se ha entendido hasta ahora. La instalación de una mesa de trabajo entre las instituciones y las autoridades fracasó, puesto que para las autoridades se trataba solo de aclarar aspectos técnicos, sin negociar ningún aspecto de las propuestas. Se trataba de una mesa técnica, no de una mesa de diálogo. Para el Gobierno existen tres aspectos a cambiar: los precios serían fijados por el Estado, los aportes de cada persona tendrían que servir también para un fondo mancomunado de isapres y Fonasa, y no se permitiría la declaración de salud antes de firmar un contrato. Naturalmente, en estas condiciones es difícil que se pueda seguir hablando de aseguradoras privadas de salud.

Pero el fracaso de la mesa se debió también a la ausencia de las autoridades relevantes y a la falta de diálogo sobre temas de gran importancia, como son los planes colectivos de salud, la existencia de isapres cerradas y las cotizaciones de los trabajadores independientes. En ninguno de esos temas se pudo aclarar las intenciones del Gobierno, según lo afirman los directivos de las isapres. Por cierto se trata de asuntos que afectarán gravemente a muchas personas y a no pocos sindicatos que han obtenido contratos colectivos, todo lo cual habrá de traer un descontento que hará difícil que el proyecto, si llega a presentarse este mes como se ha anunciado, sea aprobado en el Congreso. No puede olvidarse que no será éste el primer intento por reparar la ley del año 2005 ni que los anteriores han quedado sin tramitar en el Parlamento.

Los problemas y dificultades de la nueva ley no terminan ahí, pues el Gobierno estaría proponiendo un control de precios a través de un comité de expertos que cada tres años podría permitir un aumento solo si la isapre demuestra que está en problemas financieros. A juicio de estas instituciones y de varios observadores, esta proposición sería inconstitucional, pues pretende controlar los precios en un mercado competitivo. Además, el hecho de poner término por ley a los contratos que fueron firmados en condiciones legales diferentes y por plazos prolongados también podría afectar derechos ya adquiridos por los pacientes y posiblemente tendría nuevas repercusiones en el ámbito judicial.

Es posible que aún falte más trabajo para perfeccionar los planes del Gobierno en esta materia, pero resulta paradójico que en momentos en que la Nueva Mayoría y el gabinete realizan fuertes autocríticas por su paso acelerado y su poco entusiasmo por buscar consensos, se continúen impulsando reformas que sólo tienden a crispar más el ambiente. Unos tres millones de chilenos se verían afectados y pueden esperar un largo período de incertidumbre respecto de sus contratos. Entretanto, permanece sin cambios la situación que afecta gravemente a unos 13 millones de personas que deben atenderse en el sistema público de salud, con poca infraestructura, bajo número de médicos especialistas y largas listas de espera, donde suelen quedar por períodos inaceptablemente prolongados.

http://www.elmercurio.com/blogs/2015/09/09/35072/Presion-sobre-la-salud-privada.aspx

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