Gratuidad, en su justa medida

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Cartas
Viernes 28 de junio de 2013

En el debate educacional desatado por Axel Kaiser, el presidente de la FECh contribuyó ayer con una carta en que expone sus puntos de vista sobre la materia. Estando de acuerdo con sus objetivos educacionales, discrepamos absolutamente -por motivos valóricos, conceptuales y técnicos- en los medios a utilizar para obtenerlos.

La carta señala que la educación debe ser tal que permita a todos los ciudadanos una efectiva “libertad de elegir”, que se dediquen recursos a potenciar su calidad, y que sea realmente formadora de ciudadanía, de modo que los hijos de un trabajador y los de un empresario puedan entenderse como iguales. ¿Alguien puede discrepar con esos objetivos? Nosotros, al menos, no. En términos muy generales, equivale a lo que conocemos como “igualar las oportunidades”, condición necesaria hacia la que hay que seguir propendiendo -nos parece- para legitimar el actual modelo. También concordamos en que el actual sistema dista de lograr esos objetivos y que adolece de defectos, algunos que se están corrigiendo y otros que aún deben ser corregidos. Hemos hecho un enorme progreso en materia de cobertura en las últimas décadas, pero sin duda estamos al debe en materia de segregación.

Es en los medios para lograr esos objetivos en que discrepamos. Para Fielbaum, la educación es un derecho social básico y considera que sus contrincantes lo definen como un bien de consumo. En realidad, no es ni lo uno ni lo otro. La educación es un bien de inversión, que genera retornos privados y sociales. Los beneficios privados los internaliza el educado, como sucede -al contrario de lo que sugiere Fielbaum- con la formación de la mayoría de los técnicos y profesionales. No se internalizan los beneficios sociales, como lo es, por ejemplo, la formación de ciudadanos.
De lo anterior se deriva la forma óptima de financiar la educación, que es en relación a los beneficios que reciben de ella la sociedad y el educado. Así, la educación prebásica, básica y media probablemente debiera ser gratuita; es decir, financiada íntegramente por el Estado y -ojo- en la medida en que ello sea rentable socialmente. En cambio, como norma, la educación técnica y universitaria debiera ser financiada por los educados, con acceso a crédito a tasas de interés razonables o becas para los más desposeídos.
La noción implícita en la carta de Fielbaum de que los impuestos -especialmente si son cobrados a los más pudientes- no son socialmente costosos, es una utopía sin base empírica alguna.

Pero nuestra mayor diferencia con Fielbaum se produce en relación con la forma en que se debe administrar el sistema educacional. La propuesta de un “Proyecto Nacional de Educación, hegemónicamente público en su composición”, todavía vaga y confusa, es coherente con una educación gratuita a todo nivel y tiene un fuerte sabor a la tristemente recordada ENU. Tal institucionalidad es, por supuesto, no sólo contraria a la que hemos tenido históricamente, sino que también contraria al respeto por la libertad individual y los demás principios que subyacen a nuestra economía social de mercado, que tanto progreso nos ha dado a todos últimamente.

                                                                                 Matko Koljatic   Rolf Lüders Sch.

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