Una propuesta sensata

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La educación sigue haciendo noticia. El gobierno ha propuesto la así llamada admisión escolar justa, que en casos calificados permitiría la aceptación en base al mérito. Es un proyecto que, por buenos motivos, goza de amplio respaldo ciudadano. Por su parte, la oposición ha impulsado una iniciativa que forzaría a los colegios particulares pagados a incluir un porcentaje de alumnos de estratos económico-sociales relativamente bajos. Se trata, entre otras cosas, de un tributo que afectaría muy significativamente la calidad de la educación de los establecimientos aludidos. Evópoli, desde una perspectiva liberal, ha propuesto en cambio que tal admisión sea voluntaria y subsidiada por el Estado, con lo que se evitan las consecuencias indeseadas del proyecto opositor.

No obstante, la propuesta educacional más reciente la hizo Felipe Kast y la realizó en materia de financiamiento -solidario, según sostiene- de la educación superior. En efecto, como lo ha difundido profusamente la prensa local, la gratuidad produjo -por el bajo nivel del pago fiscal compensatorio- un importante desfinanciamiento de un buen número de establecimientos educacionales y, si el problema persiste, no cabe la menor duda que los correspondientes ajustes afectarán severamente la calidad de la educación, de la investigación y de la extensión que realizan.

La educación tiene costos (de operación -la matrícula- y de oportunidad) y produce beneficios. Estos últimos los puede percibir la sociedad toda (en ese caso hablamos de la externalidad positiva de la educación) o directamente el educado (principalmente mediante mayores ingresos que los que habría recibido si no hubiese estudiado). En el caso de la educación pre-escolar y escolar, la externalidad constituye la mayor parte del beneficio, por lo que -como norma- se justifica que sea el Estado que la financie. Y así se hace en Chile.

En cambio, en el caso de la educación superior, la casi totalidad de los beneficios corresponden generalmente a los mayores ingresos de los educados. Por lo que, además de eficiente, es sobre todo justo que sean ellos -los beneficiados por la educación superior- los que la financien.

La propuesta de Felipe Kast -un impuesto del 10 por ciento sobre los ingresos de las personas que recibieron financiamiento estatal, con topes de 10 años y del monto de tal ayuda, respectivamente- está entonces orientada a permitir financiar indirectamente la gratuidad, sin que se deteriore la calidad de la educación superior y sin afectar significativamente los demás programas gubernamentales, especialmente aquellos de carácter social. Tal aporte no es más que justo, dado que los educados tienden a percibir ingresos (más bien) altos y sus estudios, si gratuitos, han sido financiados por impuestos en buena parte pagados por personas de ingresos (más bien) bajos.

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