Salida de Chile de acuerdo por inmigración

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El Presidente de la República ha resuelto que nuestro país no adhiera al Pacto Mundial para la Migración elaborado al amparo de la ONU, y que 150 países han ratificado recientemente en Marrakech. La decisión está precedida de una intensa polémica, impidiendo un debate sereno sobre los alcances de un acuerdo que, aunque valioso en los objetivos de fondo, supone un conjunto de obligaciones para los estados -de soberanía interna, pero también de cuantiosos recursos- que requiere de un cuidadoso análisis.

Interesadamente se ha intentado vincular las fundadas objeciones a este acuerdo con actitudes contrarias a los derechos humanos, sin advertir que son precisamente las legislaciones laxas o mal diseñadas las que resultan muy perjudiciales para la población migrante, un riesgo que en nuestro caso debe ser evitado, ya que los beneficios de una migración ordenada son invaluables, tanto desde el punto de vista económico como de la riqueza multicultural que supone.

El país está de hecho en plena definición de una nueva política migratoria, un proceso que ha tomado más tiempo del que hubiese sido razonable. Pero sin esta legislación marco, parece apresurado añadir nuevas responsabilidades fruto del pacto de Naciones Unidas, en especial cuando el alcance de varias de sus disposiciones son imprecisas, y conforme las doctrinas hoy vigentes en DDHH podrían crear obligaciones exigibles para los estados, pese a que el acuerdo formalmente no es vinculante.

No puede estar en discusión que quienes llegan a vivir a nuestro país deben ser respetados en sus derechos esenciales y por lo tanto acceder a los beneficios sociales básicos -salud, educación, protección de derechos laborales-, porque la inmigración en ningún caso puede justificar el menoscabo o el abuso. Pero la multiplicidad de derechos que establece este acuerdo en algunos casos pueden ir mucho más allá de lo que podrían aspirar los propios connacionales, y en la medida que los estados deban promover condiciones de empleabilidad, capacitación y regreso seguro a los países de origen -entre muchos otros aspectos del acuerdo-, sin mayor distingo entre migrantes legales o ilegales, puede producir el contrasentido de que haga irrelevante el cumplimiento de la ley migratoria.

El tratado contiene, además, disposiciones que potencialmente podrían comprometer la libertad de expresión, pues al promover “la penalización de prejuicios” y dejar sin fondos públicos a los medios de difusión que “promuevan sistemáticamente la intolerancia, la xenofobia, el racismo y otras formas de discriminación contra los migrantes”, podría terminar inhibiendo la sana crítica si no se precisa bien su alcance.

Pese a lo acertado de postergar por ahora el ingreso al pacto, el gobierno también debe asumir la responsabilidad por la forma ligera en que se llevó a cabo la discusión interna. Nuestro país concurrió de hecho con especial entusiasmo al acuerdo, sin hacer ver entonces los reparos que hoy afloran. Deja una impresión de descuido y falta de coordinación en nuestra política exterior al no haber incorporado las dimensiones presupuestarias y de seguridad interna -donde Hacienda e Interior tendrían que haber jugado también un rol activo-, lo que debe ser aleccionador para futuros acuerdos internacionales.

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