Renuncia del intendente de La Araucanía

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Luego de que la Democracia Cristiana (DC) anunciara que logró reunir las firmas necesarias para acusar constitucionalmente al intendente de La Araucanía, Luis Mayol, éste se vio forzado a presentar su renuncia el martes por la noche, acusando que fue víctima de “intereses mezquinos”. Esta situación causó evidente sorpresa, considerando que en la mañana de ese día el gobierno había brindado pleno respaldo al intendente, y el propio funcionario aseguraba que no iba a renunciar.

La salida de la autoridad debería ayudar a descomprimir en parte el crispado ambiente que se ha generado tras la muerte de un joven comunero mapuche en un operativo policial llevado a cabo en la localidad de Ercilla, y las posteriores revelaciones de que los carabineros que participaron en el operativo destruyeron evidencia eventualmente incriminatoria. En medio de una crisis como la que se ha generado, lo que cabría esperar es que las distintas fuerzas políticas actúen con responsabilidad y no contribuyan a amplificar una situación que de suyo ya resulta muy compleja, especialmente en una zona con un nutrido historial de violencia.

La amenaza de una acusación constitucional va justamente en la dirección que el país no requiere, porque implica el uso indebido de una herramienta que está reservada para casos de especial gravedad, ya sea cuando una autoridad deja de aplicar las leyes o hay un notable abandono de deberes. Las desafortunadas declaraciones del exintendente, en que se precipitó asegurando que el comunero abatido tenía antecedentes penales por receptación, es evidente que provocaron más confusión y exacerbaron los ánimos en la zona. Desde esa perspectiva, el respaldo que le brindó el gobierno no calibró el adverso efecto político que le generó esa decisión, lo que debe ser aleccionador.

Pero lo desafortunado de esta situación en modo alguno encaja en las causales que la carta fundamental establece para impulsar una acusación constitucional. Según explicaron representantes de la DC, las desacertadas vocerías lesionaron la honra del comunero fallecido, y en vez de apaciguar los ánimos, generaron más hechos de violencia. Estas imputaciones políticas, en que se ligan hechos de una manera artificial, difícilmente podrían encontrar un encuadre jurídico, apareciendo en cambio como una burda maniobra para forzar la salida de una autoridad y por esa vía anotarse un “punto político”.

Sorprende que incluso los sectores más moderados de la DC se hayan plegado a esta acusación, validando así que esta herramienta pueda ser utilizada para llevar a cabo este tipo de maniobras. Ha sido el caso del Frente Amplio, que desde que debutó como bancada parlamentaria en marzo, ha impulsado una serie de fallidas acusaciones en contra de ministros de Estado, así como de jueces de la Corte Suprema, las que pese a no prosperar han conseguido el efecto de tensionar indebidamente la institucionalidad.

La mejor contribución que en este momento pueden hacer las fuerzas políticas es permitir que el Ministerio Público desarrolle una investigación sin interferencias para esclarecer las responsabilidades de estos trágicos acontecimientos, y promover instancias de diálogo en la región.

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