Recursos públicos y objeción de conciencia

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El Tribunal Constitucional (TC) acogió a tramitación los recursos presentados por parlamentarios oficialistas, que buscan declarar la inconstitucionalidad de una disposición del Decreto Supremo N° 67 del Ministerio de Salud que aprueba el reglamento para ejercer la objeción de conciencia, en relación a la ley que despenaliza el aborto en tres causales. La norma en cuestión señala que las instituciones privadas de salud que hayan celebrado un convenio con el Ministerio de Salud, no podrán ser objetores de conciencia cuando “contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología que por su naturaleza comprendan atenciones de pabellón”.

Ha llamado la atención que detrás de este requerimiento se haya alineado todo el oficialismo -incluyendo a Evópoli-, lo que envía una señal maciza en cuanto a la defensa de los principios que se invocan, recurriendo incluso en contra de un reglamento dictado por el propio gobierno. Pero más allá de estas consideraciones políticas, sería acertado que el TC acogiera este requerimiento, porque abriría la posibilidad de corregir un reglamento que desconoce la autonomía de los cuerpos intermedios y entrega al Estado la capacidad de condicionar garantías constitucionales bajo el pretexto de que en el ámbito público no cabe invocar la objeción de conciencia institucional.

No obstante la importancia de que esta defensa de principios se invoque ante el TC -pues no es posible ignorar que en esta controversia hay cuestiones muy de fondo respecto del tipo de sociedad a la que aspira una fuerza auténticamente liberal-, hay una incongruencia en este caso al sostener que por el hecho de haber recursos públicos de por medio entonces rigen las mismas reglas que para el Estado. Resulta evidente que si una institución se niega a practicar abortos, el Estado no puede pagar por prestaciones no realizadas, y por lo tanto en los hechos no existirá esta aparente contradicción de tener que “financiar” creencias privadas con fondos públicos.

Siendo así, no hay razón para que el Ministerio de Salud se vea en la necesidad de desechar los actuales convenios que ha suscrito con entidades objetoras de conciencia, bastando que el nuevo reglamento permita que todo el resto de las prestaciones gineco-obstétricas se puedan mantener. Lo contrario implicaría que en la práctica el acceso a la salud de miles de personas -especialmente de sectores vulnerables- se podría ver gravemente afectada por meros caprichos ideológicos.

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