Rechazo a la violencia: base del acuerdo nacional

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Andrés Allamand – 29 MAY 2020

El Presidente Piñera ha convocado a materializar acuerdos concretos en tres importantes materias: 1) la manera de enfrentar sanitariamente la pandemia; 2) la protección de los ingresos y fuentes de empleo de las familias chilenas durante la emergencia; y 3) la forma de abordar la necesaria reactivación económica poscoronavirus.

El planteamiento ha tenido una buena acogida en la opinión pública, que ha visto con buenos ojos una oportunidad de terminar la gravísima situación que vive el país, con la guerrilla politiquera, el oportunismo de corto vuelo y el afán de anotarse algunos puntos en las redes sociales.

Hay que partir por destacar que la convocatoria del Presidente de la República termina de una plumada con la absurda aspiración de algunos dirigentes políticos opositores que, de un lado, se mostraban partidarios de un acuerdo nacional y, de otro, exigían la exclusión del Jefe de Estado. La petición no tenía ni pies ni cabeza: ¿Qué efecto práctico puede tener un acuerdo nacional sin que participe el Ejecutivo?

De igual forma, el carácter acotado de la actual convocatoria echa también por tierra el propósito de quienes se han mostrado a favor de grandilocuentes “pactos sociales”, anticipando cual es el “piso mínimo” para tales entendimientos: la aceptación de todas sus propuestas programáticas, es decir, la rendición incondicional de sus adversarios.

Basta con revisar la prensa para constatar que, en materia tributaria, el “piso” es un alza generalizada de impuestos (cuando lo que el país va a necesitar para recuperarse es justo lo contrario). En materia de salud, la estatización total del sistema y en materia previsional, el retorno a un mecanismo de reparto, incluyendo un “manotazo” a los fondos previsionales de los trabajadores. Así algunos pretenden, a través de tales “pactos” -y bajo la solapada amenaza de un nuevo “estallido” social- alcanzar objetivos que nunca persiguieron cuando fueron gobierno y para los cuales nunca han logrado una mayoría electoral.

Ahora bien, los acuerdos para enfrentar la pandemia deben tener objetivos claros y focalizados: converger hacia una “única voz” en materia de normas sanitarias (terminando con discrepancias públicas que solo confunden a la ciudadanía y restan efectividad a las resoluciones que se adoptan), definir el monto de los recursos que el país debe destinar para asistir a las familias y proteger las fuentes de empleo (acabando con el “tira y afloja” sobre dicha cantidad y los instrumentos para materializar las ayudas) y convenir cuáles van a ser las herramientas idóneas para lograr la recuperación (incorporando desde ya a los agentes productivos, emprendedores y trabajadores que deberán impulsarla).

Al margen de lo anterior, hay tres condiciones básicas para que un acuerdo nacional sea viable: 1) el compromiso con lo acordado; 2) el rechazo genuino a la violencia, y 3) el respeto por las atribuciones presidenciales.

Hay que recordar que a los pocos días de firmado el Acuerdo del 15 de noviembre los partidos opositores votaron favorablemente una acusación constitucional para destituir al Presidente de la República, mantuvieron durante meses una actitud contemplativa frente a la violencia y presentaron innumerables proyectos de ley abiertamente inconstitucionales. Nada de eso puede repetirse.

Cualquier acuerdo no prosperará sin buena fe para cumplir lo acordado, sin un rechazo categórico a la violencia, sin un apoyo explícito a las acciones legítimas para resguardar el orden público y sin el respeto integral a las facultades presidenciales, sino terminará siendo letra muerta.

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