PSU: La derrota del pueblo

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La fallida Prueba de Selección Universitaria (PSU), donde más de 80 mil jóvenes no pudieron rendir las pruebas obligatorias y más de 200 mil vieron cancelada la prueba de historia, es también el anticipo del fracaso del proceso constituyente. Ésta era, usando el lenguaje PSU, como el “reconocimiento de salas” del Plebiscito de abril: una oportunidad para probar la madurez institucional del país y nuestra capacidad de controlar el orden público, luego de tres meses de desorden y caos en las calles.

Pero fue un desastre total. A las tomas de establecimientos y obstáculos a los estudiantes que se aproximaban a rendir la prueba, mediante barricadas y amedrentamientos, se sumaron las funas dentro de las escuelas y las agresiones en el interior de las salas. La violencia llegó al extremo de arrebatarle a los estudiantes las pruebas de las manos, para romperlas y lanzarlas al aire en señal de protesta. La guinda de la torta fue el robo y la filtración de la PSU de historia, que derivó en la suspensión masiva de esa prueba para todos los estudiantes.

La ACES celebró el resultado afirmando que el fracaso de la PSU era un “triunfo para el pueblo” y que el DEMRE y el CRUCH pudieron haber tomado otras medidas y no ser sobrepasados por “no escuchar al pueblo”. Curiosa interpretación de estos jóvenes revolucionarios, que se arrogan la representación del pueblo para justificar el grave daño que le han ocasionado a casi 300 mil estudiantes y a sus familias, sus ilusiones y los esfuerzos empeñados en este proceso.

Hablemos con la verdad: el boicot a la PSU no tiene nada que ver con la prueba en si misma ni con los mecanismos de selección universitaria. Es una barricada más que se pone en la calle para desestabilizar nuestra institucionalidad y debilitar al Gobierno; un acto cobarde más de esta primera línea de personas ideologizadas y sin control, que buscan llamar la atención mediante estos actos irracionales que solo dañan y no contribuyen ni a la paz ni al progreso del país.

Pero a diferencia de los bailes forzosos para poder pasar en la calle, de la evasión en el metro o de las barricadas físicas que se ponen para interrumpir el tránsito; la barricada académica a la PSU es un acto violento que daña especialmente a los más pobres y que aumenta significativamente la vulnerabilidad de familias que no tienen privilegios ni oportunidades. Es, a contrario de lo que ellos piensan, una derrota estrepitosa del pueblo.

Primero, porque no fueron los jóvenes de Lo Barnechea, Las Condes o Vitacura los afectados por las funas y suspensiones. Puente Alto, San Bernardo, Conchalí, La Pintana o La Florida fueron algunas de las comunas más afectadas y donde miles de jóvenes, de clase media o baja, no pudieron rendir las pruebas obligatorias y quedarían fuera del sistema de selección para poder entrar a la universidad este año. Segundo, porque a diferencia de los más privilegiados, que tienen alternativas, recursos y seguridades para demorar su entrada a la universidad o farrearse la enseñanza superior, hay miles de familias que lo han apostado todo para permitir que sus hijos puedan estudiar y que solo tienen esta única oportunidad para lograrlo.

La prueba de admisión podrá ser muy mala y segregadora, pero hasta hoy es el único mecanismo que permite que miles de jóvenes puedan entrar a la universidad, estudiar, formarse y adquirir algunas herramientas para desempeñarse en el mundo laboral. Al boicotearlo, lo único que lograron los vándalos fue profundizar esas desigualdades y dejar en vilo a una generación donde muchos de ellos no tendrán una nueva oportunidad para entrar a la universidad.

De la misma forma, quienes creen que el proceso constitucional puede sobrevivir a la violencia y caos que se promete retomar en marzo, e intensificarse hacia abril, están muy equivocados. Si proyectamos lo que pasó con las 700 sedes de la PSU a los miles de locales de votación donde se verificará el Plebiscito, el panorama no es muy alentador. Si luego agregamos el funcionamiento permanente de una convención constituyente, rindiendo examen diario sobre temas mucho más complejos, que afectan a millones de chilenos y expuesta a las presiones de distintos grupos de interés en este marco de violencia, el futuro es desolador.

No dejemos que los falsos profetas del pueblo impongan al resto sus visiones sobre lo que quiere o no quiere el pueblo. Ni la ACES representa a todos los estudiantes chilenos ni la izquierda a los millones de chilenos que quieren paz. En uno y otro caso, el resultado ha demostrado que es el pueblo el que más sufre con los actos de esos grupos de interés y, a pesar de los delirios revolucionarios, no son esos dirigentes los que pagarán la cuenta de la farra que nos estamos dando como país en materia educacional o constitucional.

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