¿Por qué pescar la Ley de Pesca?

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La sociedad contemporánea enfrenta dos procesos especialmente complejos. En primer lugar, una desconfianza generalizada, que hace que las personas estén cada vez más escépticas en sus relaciones con otras personas, con las instituciones e, incluso, en sus vínculos de familia que se debilitan progresivamente. Por primera vez, desde su origen, las instituciones que fundan la democracia liberal representativa están bajo fuego cruzado. Marchas callejeras y movimientos sociales expresan un descontento con la forma en que las instituciones procesan las demandas y necesidades de las personas, y vemos cómo la emocionalidad le gana terreno a la racionalidad a riesgo de que visiones populistas, ideologizadas o interesadas se impongan sobre el bien común.

En segundo lugar y en respuesta a lo anterior, los gobiernos se muestran ansiosos en su intento por percibir tempranamente las demandas de la calle, antes que ellas se amplifiquen y den lugar a movimientos sociales. Se busca, muchas veces, aplacarlas haciendo concesiones que muestren a los políticos como personas atentas a las necesidades de sus gobernados. Políticos que “escuchan” a la gente.

Gobernar se ha vuelto así una tarea ardua y riesgosa. Las instituciones democráticas no pueden abdicar de su vocación, que no es otra que racionalizar y resolver de manera responsable las demandas colectivas priorizando el bien común. Atender sin más a los requerimientos de los distintos grupos, a los titulares de cierta prensa o a las redes sociales conduce inevitablemente a multiplicar las demandas y los focos de descontento, porque a corto andar lo que fue solución para unos agudiza los problemas de todos. El viejo precepto de que no se puede dar el gusto a todo el mundo todo el tiempo sigue plenamente vigente.

En este contexto, no queda otra alternativa que sostener las bases institucionales sobre las que descansa cualquier organización social: el Estado de Derecho, la certeza jurídica y la participación ciudadana a través de instituciones democráticas. La democracia solo es sostenible si se enmarca en el respeto irrestricto a los derechos individuales, lo que implica que la mayoría no puede traspasar las fronteras que le impone la dignidad de cada individuo, precisamente porque nació y existe para asegurar que esa dignidad nunca sea vulnerada por quien posee el poder. Absolutamente nada justifica que se tomen decisiones al margen de la ley o la Constitución.

Estas reflexiones, que parecen abstractas, aterrizan cada vez que se plantea un problema cuya solución fácil significa pasar por encima de los derechos de empresas y sus trabajadores, para satisfacer las demandas de grupos vociferantes o de agendas políticas individualistas.

Me temo que la discusión sobre la Ley de Pesca se enmarca en este contexto social y empieza a transitar por el camino fácil de atender las demandas de “la calle”. La racionalidad que impone respetar derechos que, en su esencia, son fundamentales se contrapone a la emocionalidad que llama a “hacer justicia”, negando a determinadas empresas esos derechos legítimamente adquiridos.

Evidentemente, el Estado puede asignar los recursos naturales de la manera que le parezca más justa y socialmente rentable, pero no puede hacerlo violando las reglas básicas que permiten la convivencia civilizada. El factor más importante que caracteriza a una sociedad civilizada y que la diferencia de una primitiva es la confianza, vale decir, cuando existe la expectativa fundada y compartida de que los otros se comportarán de una cierta manera. Gracias a esa confianza funcionan los mercados, existe paz social, la ley y los tribunales imperan.

Entre esas reglas están el derecho de propiedad y el poder defender los derechos mediante una tramitación justa y racional de las leyes, y el procedimiento ante jueces independientes e imparciales.

La expropiación forma parte de las reglas del juego, pero, para ser tal, requiere de una indemnización que compense el perjuicio patrimonial efectivamente causado. Las concesiones son derechos que otorga el Estado, en virtud de las cuales las personas hacen inversiones, porque confían que se respetarán las condiciones establecidas.

¿Por qué pescar la Ley de Pesca? Porque la frontera del respeto a los derechos legalmente adquiridos se cruza solo una vez y es sin retorno. Cuando ello ocurre -aunque sea con el fervor popular-, el germen de la desconfianza se instala y comienza a crecer. Dejarse llevar por la emocionalidad colectiva es apagar el fuego con bencina, el fuego en que puede terminar quemándose nuestra democracia y los derechos de todos. Incluso, de los mismos que hoy celebrarían esos atropellos.

Alfonso Swett O. 
Presidente Confederación de la Producción y del Comercio

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