Pensiones

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Rolf Lüders

Economista

En Chile las pensiones son relativamente bajas. En efecto, las encuestas sitúan al mejoramiento de las mismas en el primer lugar de las demandas sociales. El gobierno, consciente de lo anterior, le ha dado al tema la mayor prioridad. Hay sobre la mesa varias propuestas de reforma: una oficial, al menos dos de la oposición, y estos días se agregará otra más de Salvador Valdés, de Clapes UC.

El contexto en que hay que realizar la reforma es complejo. La magnitud en que habría que aumentar las pensiones para cumplir con las aspiraciones es alta y el cambio demográfico es brutal (en los próximos 30 años se duplicarían los adultos mayores, pero la población activa permanecería estancada). Tenemos un fisco con poco o nada de espacio para mayores gastos, dado que -considerando lo ya comprometido- probablemente tenga un déficit superior al cuatro por ciento del PIB anual. Y además poseemos una nefasta cultura de evasión de las cotizaciones para seguridad social.

Hay quienes propician financiar las mayores pensiones mediante una cotización del seis por ciento sobre los ingresos laborales, destinada a reparto. Esta propuesta no puede ser más regresiva. El problema no es si los responsables del pago de la cotización son las empresas o los trabajadores, o si el seis por ciento se establece de inmediato o paulatinamente, sino que se trata del equivalente de un impuesto al trabajo (lo que sucede en mucho menor grado con las cotizaciones que ingresan a nuestras cuentas de ahorro previsional). Y ese impuesto tiene un significativo impacto negativo sobre el empleo formal, compensado en gran parte por un aumento del empleo informal. Pero los empleos en este último mercado tienen remuneraciones mucho más bajas que aquellas en el mercado formal (algunos las estiman en hasta un 50 por ciento menores) y además su tasa de aumento es más baja. Para colmo, estos trabajadores informales no perciben en general los beneficios de la seguridad social.

Dado que existe una evidente demanda social por mejorar sustancialmente el nivel de las pensiones, probablemente convenga, primero, legislar un aumento de las tasas de ahorro en cuenta individual, que en parte podría ser administrada por un ente autónomo. Este mayor ahorro mejorará el monto de las pensiones a mediano y largo plazo, sin afectar mayormente el mercado laboral. Segundo, para minimizar el aumento de tasa, habría que ir ajustando -dado el incremento en las expectativas de vida- la edad en que se inicia el pago de las pensiones y hacer, simultáneamente, un serio esfuerzo para mejorar la fiscalización del pago de cotizaciones. Finalmente, para financiar el aumento de las pensiones en el corto plazo, dada la actual situación fiscal, se debiera estudiar un incremento en la base del impuesto global complementario.

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