Parlamentarismo de facto

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Gonzalo Cordero

Abogado

La historia constitucional de Chile está cruzada por la tensión entre dos órganos que se han disputado sistemáticamente mayores cuotas de poder: el Presidente de la República y el Congreso. La revolución de 1891 fue la expresión de estas dos instituciones enfrentadas militarmente y el punto más álgido de la crisis de 1973 fue el acuerdo de la Cámara de Diputados de agosto de aquel año. Nuestra historia que, como a todos los pueblos, nos marca un cierto carácter debiera llevarnos a ser especialmente cuidadosos en la relación entre estos poderes; aquí está el núcleo de la arquitectura institucional que se mantiene cíclicamente en disputa.

Uno de los efectos de la crisis en que estamos inmersos ha sido que la oposición ha empezado a usar su mayoría en el Congreso para invadir atribuciones del Ejecutivo, ignorando crecientemente las reglas constitucionales que nos rigen en esta materia. Se ha relativizado el respeto a las urgencias, reiteradamente se ha ignorado la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia legal y, especialmente, ha comenzado a usarse la acusación constitucional como una evaluación de la gestión de autoridades de exclusiva confianza presidencial.

En el contexto anterior a la crisis se rechazó la acusación contra la ministra Cubillos, pero el tenor de las imputaciones que se le formularon apuntaba claramente al mérito político de su agenda. Luego, ya desencadenado el estallido de violencia, se aprobó la acusación contra el exministro Chadwick, por su responsabilidad en casos de violación a los derechos humanos; no tengo duda alguna -basta escuchar los discursos de algunos senadores- que buena parte de quienes votaron a favor del libelo tienen convicción que Andrés Chadwick jamás ha violado la integridad y dignidad de nadie, ni siquiera por omisión, pero sancionar al más importante de los ministros rompió una barrera en la relación entre Presidente y Congreso.

Ahora se anuncia una acusación constitucional contra el intendente Guevara, basada en la llamada estrategia de “copamiento” de la Plaza Baquedano. La oposición tiene todo el derecho a tener un juicio negativo de la gestión del intendente, criticarlo públicamente e, incluso, demandar políticamente su salida. Pero el intendente es de exclusiva confianza del Presidente, no del Congreso. El viernes un grupo de delincuentes quemó la iglesia de Carabineros, ubicada a pocos cientos de metros de la Plaza Baquedano; acusar ahora al intendente por afectar el derecho de reunión en ese lugar es estirar la causal jurídica hasta lo inverosímil.

Aprender de la historia y volver al cauce institucional en la relación entre Presidente y Congreso no es pedir demasiado y es indispensable en estos tiempos de crisis.

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