Pan deme

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Álvaro Ortúzar – 11 MAY 2020

 

Una empresa tomó la decisión de pagar a sus accionistas utilidades mayores al “mínimo legal” del 30%. Ello causó una reacción del gobierno y del Parlamento. El primero reprochó moralmente el reparto de dividendos por sobre el mínimo, y además propuso una normativa legal que limita el ejercicio del derecho de propiedad sobre las utilidades restringiéndolo a un 30%. La Cámara de Diputados, en tanto, modificó la iniciativa prohibiendo esos pagos en forma absoluta. Las limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad son una facultad del Presidente de la República solo en tiempos de catástrofe. Pero la Cámara no ha “limitado” este derecho: lo ha “eliminado” para las sociedades anónimas.

La empresa criticada decidió echar pie atrás respecto de una decisión anterior como era acogerse a la Ley de Protección del Empleo. En buenas cuentas, esto terminó en que los dividendos se repartieron y los trabajadores no quedaron protegidos por la ley que, con fondos del Estado, mantenía sus empleos. El ministro de Hacienda ha prevenido que eliminar el pago de dividendos puede traer efectos contraproducentes, pues un camino disponible es el despido de empleados en lugar de la suspensión de sus contratos, que asegura un aporte fiscal de sueldos que, aunque decreciente, es significativo.

Esto es verdad. La conducta de una empresa que no actuó al margen de la ley sino que incurrió en un acto estimado imprudente, puede terminar afectando a todas las sociedades anónimas y a sus inversionistas. Y no solo eso, sino que también destruyendo uno de los pilares básicos del contrato de sociedad, cual es el de poner algo en común “con miras a repartirse los frutos que de ello provengan”. El proyecto es más desproporcionado que el acto que lo origina.

Peor aún, tiene visos de inconstitucionalidad. En efecto, se está afectando la igualdad ante la ley al eliminar pagos solo a un tipo de sociedades; luego, se está vulnerando la regla que prohíbe la discriminación arbitraria del Estado en materia económica. Finalmente, se afecta un derecho en su esencia al impedir recibir los frutos de una inversión sobre la que se tiene propiedad.

El repartirse una gruesa parte de las utilidades del año anterior puede oponerse al espíritu de la ley que creó la protección del empleo. Pero el proyecto que reacciona frente a esto provoca dos posibles efectos colaterales, como son el retiro de los accionistas, pues no tiene sentido pertenecer a una empresa que congela sus frutos; y además, se propicia el desincentivo para constituir este tipo de sociedades. Adicionalmente, habrá menos recaudaciones para el Fisco por la vía de impuestos a las rentas.

Las leyes apresuradas suelen ser perniciosas para el país. Esperamos que no prospere el proyecto, que no se despidan personas y que no se agraven los efectos de la pandemia a un temible “pan deme”.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/pan-deme/U4U7WMGPEBFRPPF3VOMNB653V4/

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