Objeción de conciencia

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Señor Director:

El dictamen de Contraloría sobre objeción de conciencia institucional fue un acto de suma gravedad, en cuanto sostuvo principalmente que las entidades privadas que colaboran con el Estado en las prestaciones de salud deben ser tratadas conforme a las mismas reglas del aparato estatal. Esto representa una intromisión indebida en el campo político por parte de Contraloría. En vez de restringirse al control de la legalidad, hace suya una visión política muy perjudicial para la sociedad civil, desconociendo la libertad de asociación y reduciendo lo público a lo estatal.

Lo anterior debiese encontrar oposición en distintos sectores políticos e ideológicos. Así, para un liberal es inaceptable sostener que el ejercicio de funciones públicas por parte de una entidad privada la transforme en una extensión del aparato estatal. ¿Qué quedaría de la sociedad civil y de la autonomía de los cuerpos intermedios en ese escenario? ¿Cómo debiese reaccionar un liberal ante semejante extensión del Estado? Por su parte, para aquellos que actuamos políticamente desde la solidaridad y desde el fomento del rol público de los grupos sociales, la tesis de la Contraloría es inadmisible, pues supondría establecer que el desarrollo de funciones públicas solamente es posible desde el Estado. Eso no solo atenta contra la responsabilidad de las personas en la búsqueda de sus propios fines (dígase, solidaridad), sino además desconoce la vigencia y fuerza de la colaboración público-privada en varias funciones públicas, tales como la educación, la reinserción penal, la protección de la infancia, etcétera. ¿Será que el dictamen quiere terminar con el rol de las personas organizadas en esos espacios?

Entendemos que el reglamento anunciado por el Gobierno en estos asuntos no es más que un acto administrativo forzado por la tesis que criticamos. No obstante, es preciso advertir que el debate no está cerrado y que debemos emplear todos los medios posibles para revertir el contenido del dictamen. Quienes valoran las libertades básicas y el Estado de derecho no pueden quedar indemnes ante esta lamentable intromisión política de la Contraloría.

Diego Schalper, Miguel Mellado,
Camila Flores, Cristóbal Urruticoechea,
Catalina del Real, Harry Jürgensen

Diputados RN

 

Fuente:

http://www.elmercurio.com/blogs/2018/07/02/61426/Objecion-de-conciencia.aspx

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