Maternidad subrogada de chilenos en Perú

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Los medios informaron hace unos días que un matrimonio chileno había sido detenido en Perú mientras intentaba regresar a Chile con dos niños recién nacidos. Ellos reconocieron que habían obtenido los mellizos a través de una técnica de reproducción asistida con gestación subrogada o vientre de alquiler, realizada en una exclusiva clínica de Lima, y en la que intervino una de sus enfermeras como madre gestante. El marido aportó sus gametos, ya que sometidos los niños a un test de ADN, se comprobó su paternidad. No hay claridad sobre si el óvulo perteneció a la gestante o a una donante anónima.

Los reportajes y las gestiones de la Cancillería hasta ahora se han centrado, como es comprensible, en la terrible experiencia de este matrimonio que se vio privado de libertad y separado de los niños, en un país extranjero cuya legislación desconocía. La acreditación de la paternidad del marido permitió que se les liberara y que pudieran reunirse con los niños, aunque sin poder salir del país, ya que la investigación por diversos delitos -trata de personas, falsificación de instrumento público, usurpación de estado civil- seguirá sustanciándose.

Es posible que la mayor responsabilidad sea de la clínica y del médico que la dirige, pero sería conveniente que se aclararan varios aspectos que permanecen oscuros: ¿cómo el matrimonio llegó a ese establecimiento?; ¿quién les aseguró que en Perú ese procedimiento era legal y autorizado?; ¿cómo firmaron el contrato de arriendo de útero con una funcionaria de la misma clínica?; ¿cuánto dinero gastaron para pagar a la clínica y a la gestante?; ¿cómo inscribieron los niños en el Registro Civil y les obtuvieron documentos de identidad? Son muchas las interrogantes que no se han dilucidado hasta ahora y que permiten preguntarse si no estaremos ante un caso más de tráfico de niños vía maternidad subrogada que se está extendiendo como una nueva plaga por diversas regiones del globo, y que ha venido a reemplazar lo que antaño fue la venta de niños con fines de adopción.

Esto es lo que revela un detallado informe de la relatora especial para la Venta y Explotación Sexual de Niños de la ONU, la holandesa Maud de Boer-Buquicchio, de enero de este año. En ese documento, la relatora sostiene que la ausencia de regulación internacional está fomentando la práctica de contratar a madres gestantes de Estados con economías precarias (Camboya, India, Nepal, Laos, Tailandia, Ucrania) para que den a luz a hijos de “aspirantes a padres” adinerados de países desarrollados (Alemania, Australia, España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos), de modo que esta realidad presenta en la actualidad dimensiones semejantes a los abusos y tráfico de menores que se veía con las adopciones ilegales, antes de que se convinieran tratados y regulaciones internacionales que lograron acabar con ellos.

Los problemas detectados por la relatora son serios y numerosos: explotación de las mujeres gestantes, normalmente pobres; contratos en los que estas asumen gravosas obligaciones como someterse a invasivos y continuos monitoreos médicos, residir en determinado lugar, trasladarse de un país a otro, abortar si el niño viene con malformaciones o cuando se produce un embarazo múltiple. A ello se unen las dificultades para determinar la filiación materna, ya que normalmente las leyes atribuyen la maternidad a la mujer que da a luz al niño, es decir, a la que lo ha gestado, más los problemas para que esa filiación sea reconocida por la legislación nacional de la pareja encargante. Por cierto, estas prácticas se realizan sin vigilancia de organismos públicos o de autoridades judiciales que velen por la idoneidad de los que aspiran a ser padres, como sí sucede con las adopciones internacionales.

El informe llama a impedir que la “industria de la gestación por sustitución” -en la que sin duda está la clínica limeña- imponga sus pretensiones de que se acepten sistemas que han sido rechazados por la comunidad internacional en materia de adopción, es decir, que el arriendo de úteros se rija por el mercado en función de la demanda de niños por parte de adultos pudientes que se aprovechan de la necesidad de recursos de mujeres en situación de vulnerabilidad. Se trata de evitar lo que es una venta de niños, expresamente prohibida por el art. 35 de la Convención de Derechos del Niño, aunque ahora realizada mediante técnicas de “maternidad subrogada”.

Por eso, y más allá de la natural simpatía que despierta el drama por el que están pasando estos compatriotas que, insistimos, lo más probable es que hayan sido engañados, sería útil que el Ministerio Público chileno investigara, en coordinación con los fiscales peruanos, si este es un caso aislado o si por el contrario es uno entre muchos que están siendo gestionados por redes o intermediarios que lucran organizando esta especie de “turismo reproductivo” latinoamericano.

La investigación debiera partir por esclarecer los nexos que la clínica peruana mantiene con agentes sanitarios chilenos, ya que se ha hecho público que quien derivó al matrimonio a dicha clínica para que se sometiera a este cuestionado procedimiento fue un reputado ginecólogo de un centro médico nacional.

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