Maniobras para estatizar la industria del litio

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La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley -que tuvo como origen una moción presentada por un diputado del Partido Comunista- que declara de “interés nacional” la “explotación, industrialización y comercialización del litio”, y también a SQM; asimismo, en el Senado se tramitan proyectos que buscan una reforma constitucional para declarar al litio como sustancia no susceptible de concesión y establecer la explotación directa del Estado. Varias otras mociones en relación con el litio figuran en la tabla legislativa, lo que anticipa una intensa discusión en el Congreso respecto del marco institucional de esta riqueza.

A nivel de expertos no parece haber consenso en cuanto a la relevancia que tendrá este mineral. Aun cuando probablemente resulta exagerado hablar del “nuevo petróleo”, los múltiples usos del litio sugieren que se trata de una industria rentable y con buenas perspectivas para el futuro. La intensa batalla jurídica que se libra por estos días respecto del ingreso de capitales chinos a la propiedad de SQM parece ser reflejo del apetito por participar del litio. Chile ostenta una posición privilegiada en este mercado, pues concentra casi la mitad de las reservas a nivel mundial; sin embargo, no es el primer productor, ya que ha sido desplazado por Australia.

No parece haber discrepancias en que el país debe orientarse a crear las condiciones para que se desarrolle una vibrante industria del litio, repitiendo la experiencia de lo que fue el desarrollo de la minería del cobre, que gracias a una legislación que favoreció la llegada de capitales extranjeros y dio estabilidad en las reglas, logró crear una industria de clase mundial. Inexplicablemente en el caso del litio se está optando por un camino opuesto, buscando una estatización total a través incluso de burdas normas expropiatorias que pasan por alto derechos de propiedad legítimamente establecidos. Esta forma de entender el rol productivo del Estado -hostil hacia la iniciativa privada- significa un grave retroceso respecto del exitoso modelo de desarrollo que hasta ahora ha seguido nuestro país.
Es preocupante que se insista en perseverar con la anquilosada visión de que el litio se trata de un recurso “estratégico” y que por lo tanto solo puede quedar en manos del Estado. Si bien es cierto que desde los años 70 la legislación chilena considera a dicho mineral como estratégico -de lo que deriva que se otorguen contratos especiales de explotación a privados, y no concesiones-, es impropio de nuestros tiempos seguir aferrado a ese trasnochado modelo -es absurdo suponer que un recurso que abunda en distintas partes del mundo deba ser objeto de este tipo de protecciones especiales-, y asumir ideológicamente que el Estado es garantía de mayor eficiencia.

Lo que al país le debe interesar es que estas riquezas se puedan explotar eficientemente, y ello solo podría ocurrir en la medida que exista un mercado abierto, con reglas estables y que favorezcan la entrada de diversos competidores. Las propuestas que hoy se tramitan en el Congreso atentan abiertamente en contra de este objetivo. Más allá de que hoy día no estén los votos suficientes para aprobar iniciativas de esta naturaleza, es lamentable que una parte de nuestra clase política siga aferrada a dañinas nociones estatitas.

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