La carpeta roja

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Gonzalo Cordero – 2 MAY 2020

Por Gonzalo Cordero, abogado

Hace poco vi un video notable. En éste, una profesora muestra a sus alumnos una carpeta verde y les previene que, cuando llegue el próximo estudiante, les preguntará por su color y deberán responderle que es roja; aparece un atrasado y ella pregunta a varios el color de la carpeta hasta llegar al que se acaba de incorporar, quien, ignorante del acuerdo previo, es incapaz de discrepar del resto respondiendo lo evidente, pues, aunque ve que la carpeta es verde, contesta lo mismo que los demás: roja.

Después del 18 de octubre nos ocurrió algo semejante a ese video, una avalancha de personas atribuyó lo ocurrido a nuestro modelo de desarrollo, aduciendo que éste habría concentrado la riqueza, aumentado la desigualdad y permitido graves abusos empresariales, hasta que la presión en esta caldera fue incontenible y se produjo un “estallido social”.

A partir de ahí, los que sostenemos que nada de eso es efectivo, que lo ocurrido tiene varias causas plausibles, pero en ningún caso aquella que se sustenta en la referida explicación común, quedamos reducidos a la condición de cuasi “negacionistas”, cuya porfía es irritante para el resto. Inútiles son las cifras que demuestran que, desde que existen estudios comparables, la desigualdad ha caído sistemáticamente, que nunca las condiciones materiales de vida han sido mejores que hoy y que jamás las personas han contado con más medios para denunciar y perseguir los abusos de cualquier tipo.

 

Incluso algunas autoridades de gobierno se someten al diagnóstico común y proclaman que la carpeta es roja; o sea, hablan del “estallido social” con la misma espontaneidad que se describe un hecho de la naturaleza. Pero si el diagnóstico común es efectivo, nos enfrentamos a una consecuencia crucial: la violencia tendría un principio de legitimidad, pues tras el concepto mismo de “estallido social” habría una suerte de causal de justificación ante la desesperación incontenible y los abusos de los que las personas serían víctimas.

Si las autoridades con el mandato constitucional de resguardar el orden público asumen el “estallido social”, con su significado socialmente aceptado, no se puede esperar que cumplan ese mandato con la misma fuerza con la que se reprime a la delincuencia. Y no se puede esperar, porque les están reconociendo a los vándalos que queman y destruyen un grado de legitimidad que se niega, por principio, al delincuente común. El encapuchado tendría una motivación justa.

La violencia está volviendo, si el gobierno y sus partidarios quieren enfrentarla con convicción no les queda más que disputar el diagnóstico, porque los conceptos tienen consecuencias. O simplemente nos sumamos todos a decir que la carpeta es roja y a desmantelar el modelo de desarrollo.

 

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